Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
Una de las noticias destacadas de Argentina de los últimos días fue la sanción de la ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, un proyecto que tuve el honor de coordinar por pedido del presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, y que contó además con la colaboración de numerosos diputados y diputadas del bloque. La iniciativa se enmarca en una situación extraordinaria, de emergencia. Como lo señalan los distintos organismos internacionales, el actual contexto no tiene precedente en el capitalismo moderno. El gobierno argentino tuvo que hacer un gran esfuerzo para asistir a los trabajadores, a las empresas y a los sectores más vulnerables.
Esta situación se suma a la crisis prepandemia existente al momento de asunción del presidente Alberto Fernández en diciembre pasado. Una economía en plena recesión, con ingresos tributarios y de la seguridad social en declive por la caída en la actividad y por medidas tomadas por el gobierno anterior tendientes a reducir la carga impositiva de los sectores con mayor capacidad contributiva. Una tasa de desempleo que pasó del 5,9% al 9,8% entre 2015 y 2019 y un fuerte endeudamiento externo con acreedores privados y el FMI (con una estructura de pagos imposible de cumplir) combinado con importantes desregulaciones del mercado de capitales que llevaron a altos niveles de fuga de activos.
A todo ello, se sumaron los efectos de la pandemia que requirieron un enérgico esfuerzo estatal de contención. En efecto, el costo fiscal directo del paquete de ayuda por la pandemia llegó al 4,9% del PIB en Argentina (más un 2% de inyección de créditos). Un valor que está por encima del promedio de la región (4,1%) según lo expresó la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
En ese sentido, el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario proveerá a las arcas públicas una recaudación que estaría por encima de los 300.000 millones de pesos (3.700 millones de dólares), que además tendrá destinos específicos: adquisición de medicamentos y especialmente vacunas, apoyo a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanización de los barrios populares, programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural y financiamiento del plan Progresar (becas de estudio para jóvenes estudiantes).
Este aporte excepcional alcanzará a aquellas personas humanas cuyos patrimonios declarados sean superiores a los 200 millones de pesos (2,5 millones de dólares) según su valuación fiscal, que en muchos activos es considerablemente menor a la de mercado. Además se establecen distintas escalas que van del 2% de los bienes declarados al 3,5% para aquellos cuyos bienes superen los 3.000 millones de pesos (37 millones de dólares). El universo potencial de contribuyentes es cercano a las 12.000 personas, lo cual representa sólo el 0,02% de la población total de Argentina.
Como era esperable, las críticas no se apartaron de los carriles habituales, en sintonía con lo expresado por las asociaciones que nuclean a las empresas más concentradas. Entre otras cuestiones, se trató de argumentar que es un “impuesto a la inversión” y que afecta a las PyMEs. Vale repetirlo: es un aporte por única vez y recae en las personas humanas, no en las empresas. Según la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) el 42% de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados son activos y bienes dolarizados, y de ellos, el 92% está declarado en el exterior.
Pero más allá de las incomodidades que pudiera generar esta iniciativa en algunos sectores, el rechazo no sólo tiene que ver con lo económico, sino con el precedente que generaría en el proceso que apunta a lograr una sociedad con una distribución de ingresos más equitativa.
Las palabras expresadas por el Papa Francisco recientemente reflejan el espíritu en el que se enmarca el proyecto: “No hay justicia social que pueda cimentarse en la inequidad, que supone la concentración de la riqueza”. También sostuvo: “cuando resolviendo en el derecho, damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, ni la de terceros, sino que les devolvemos lo que es suyo. Hemos perdido muchas veces esta idea de devolver lo que les pertenece”. Y volvió a mencionar: “construyamos la nueva justicia social asumiendo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó siempre la función social de cualquiera de sus formas”.
El Aporte Solidario y Extraordinario implicará una mejora en el bienestar de gran parte de la ciudadanía, al tiempo que el reducido número de contribuyentes alcanzados no sufrirán una modificación de sus riquezas, sólo aportarán una mínima parte de ellas.
Por otro lado, cabe destacar que esta iniciativa se encuentra en concordancia con los objetivos del gobierno argentino actual. El ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó en una entrevista la semana pasada que la frase “sólo con crecimiento económico se bajará la pobreza es un eslogan. Nada asegura que el crecimiento sea compartido si no hay una acción fuerte del Estado. La distribución de los frutos del crecimiento tiene que ser equitativa”.
Escenario de recuperación
Los datos macroeconómicos disponibles indican que la actividad continúa en un sendero de recuperación, aunque con una reanimación heterogénea, dada la posibilidad de cada sector para funcionar con los protocolos sanitarios establecidos. El Estimador Mensual de la Actividad Económica publicado por el INDEC, el instituto de estadísticas oficial, registró la quinta suba mensual consecutiva en septiembre: 1,9%. No obstante, el nivel alcanzado aún se encuentra un 7% por debajo del registrado en febrero, último mes no afectado por la situación del Covid. En ese contexto, el agro y la industria muestran una recuperación significativa, mientras que los servicios aún mantienen fuertes descensos. Los datos privados del mes de octubre dan cuenta de una continuidad de la recuperación, aunque a un ritmo más moderado.
En vistas al año próximo, el Presupuesto 2021 sostiene que la política económica tiene como principal premisa la recuperación, que generará más trabajo con aumentos del salario real.
Se espera un crecimiento del 5,5% del PIB para 2021, que es un escenario de base dada la incertidumbre que sigue habiendo por la pandemia. Por otra parte, la inflación descendería moderadamente a niveles cercanos al 29% para 2021 (se estima que este año cerrará en 35%).
En cuanto a la estrategia de negociación con el FMI, el presidente Alberto Fernández sostuvo en el inicio de las negociaciones: “mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta mucho a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido”.
Cabe recordar que la gestión de gobierno de Mauricio Macri había solicitado un préstamo de 57.000 millones de dólares al organismo internacional, de los cuales fueron desembolsados 45.000 millones. Al ser consultado sobre las conocidas condicionalidades que el Fondo suele imponer a sus acreedores, el ministro Guzmán concluyó: “El Fondo podrá pedir lo que quiera, pero hoy no gobierna Juntos por el Cambio, gobierna el Frente de Todos. Y nosotros vamos a defender los intereses del pueblo argentino”. Una frase que resume con contundencia la defensa de la soberanía nacional y el programa de gobierno.
