Tiempo Argentino | escenario económico
Los proyectos de ley para evitar abusos con los precios y el documento de gremios y empresarios en respaldo al modelo.
Por Carlos Heller
En estos tiempos de combate a la inflación, resulta importante analizar con detenimiento sus causas, las que, como hemos definido en varias oportunidades en esta columna, obedecen a la puja distributiva y a la acumulación de ganancias excepcionales vía aumento de precios por parte, principalmente, de los grupos económicos concentrados. De allí que detectar las ganancias extraordinarias es un elemento indispensable para la contención de los aumentos de precios.
En esta visión, aparece una interesante nota en la revista Alzas y Bajas de enero pasado, que identifica "las 50 empresas más rentables" entre 2007 y 2011, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Un indicador principal es el retorno sobre el patrimonio neto, una medida de la tasa de ganancia, destacándose, en los primeros lugares del ranking, empresas con ratios altísimos, del 100%, 66%, 42% y varias con más del 24 por ciento. Esta investigación nos indica la fuerte rentabilidad de la que han gozado (y que siguen gozando) muchas grandes empresas, y, aunque es una medición parcial, determina claramente la tendencia.
Atento a la evolución de los precios, el jefe de Gabinete comentó en la semana que está en análisis la promoción de una "revisión legislativa" para frenar "el ejercicio de posiciones dominantes" de distintos actores económicos que "generan aumentos desmesurados" y afectan "el poder adquisitivo" de los consumidores. También criticó las maniobras "monopólicas u oligopólicas" que distorsionan las variables económicas con acciones de "carácter especulativo" y señaló a los "grupos poderosos de posición dominante que ponen el precio que se les antoja y perjudican la cadena de valor".
Entre los proyectos que abona la estrategia legislativa de mayor control sobre los precios se encuentra la iniciativa del senador Aníbal Fernández, para que el principio que existe en materia tributaria, de "pague y después reclame", se aplique también a las multas por incumplimiento de precios, de forma tal que estas posean un verdadero efecto disuasivo. En el mismo rumbo se inscribe el proyecto impulsado por el diputado Héctor Recalde, acompañado por varios diputados, para aumentar las multas a quienes incrementen injustificadamente los precios de manera que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos. El proyecto organiza la normativa para que el gobierno pueda disponer de expropiaciones de los bienes destinados a la satisfacción de las necesidades de la población, sin la obligación de que exista un estado de emergencia económica; ya que estas necesidades, como expresa el proyecto, deben garantizarse también en situaciones de normalidad.
Resulta relevante avanzar sobre distintas ideas que permitan establecer las diferencias entre una rentabilidad razonable y una ganancia excepcional, fruto de la posición dominante en el mercado y de la fijación de precios. También sería importante que se verificara, para determinar las actualizaciones de precios en los acuerdos, que determinados componentes de costos que son muy variables –como los pagos de servicios a terceros, consultorías, publicidad, por mencionar algunos– se mantengan dentro de los parámetros razonables para cada actividad, para evitar de esa forma parte de los "excesos" en algunos costos que terminan repercutiendo en los precios.
También podría inscribirse en el proceso de análisis de la cadena de valor la resolución de la AFIP para la registración sistemática de movimientos y existencias de granos no destinados a la siembra –cereales y oleaginosas– y legumbres secas –porotos, arvejas y lentejas–, sean propias o de terceros. En los fundamentos de la resolución Nº 3593 se explica que "la registración sistémica, implica que todo movimiento o traslado de granos, es precedido por existencias o ingresos previos del mismo grano y de la campaña correspondiente, respecto a cada planta de almacenaje". De esa forma se asocia la trazabilidad de los granos (de dónde vienen y a dónde van) con la información de su procedencia (si derivan de la cosecha, o de un silo) y su destino (si van al silo, al barco para exportarlos o como insumos a la industria). Las registraciones se realizan actualmente en forma manual, y a partir de la nueva norma se informatizarán, lo cual mejorará la captación de datos, tanto en lo que se refiere a los sistemas de comercialización utilizados por los operadores, como al manejo físico de los granos y el consiguiente reflejo tributario. Se trata de una nueva normativa que permite identificar más fácilmente los volúmenes de cosecha no exportada, que se han convertido en una notable herramienta especulativa, que como ya citáramos en nuestra columna anterior, alcanzan los 9 millones de toneladas, según el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
FIRME APOYO AL GOBIERNO. Durante la semana se presentó un documento denominado "El trabajo y la industria frente a los problemas actuales y el futuro de la economía nacional", firmado por los titulares de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la Cámara de la Industria del Juguete; la Cámara Argentina de la Construcción (CAMACO), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Fundación Protejer, y la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA), junto con los secretarios generales de la CGT y la UOM, de la UOCRA, de SMATA y de la Asociación Obrera Textil (AOT).
El documento plantea que "la convergencia de las políticas públicas con las decisiones privadas, la administración razonable de la puja distributiva atendiendo al aumento del empleo, la mejora de los salarios reales y la preservación del mercado interno han generado las condiciones necesarias para estimular la inversión e incrementar la oferta de bienes y servicios que abastezcan el desarrollo del consumo interno y atiendan la demanda de exportaciones."
"Hoy es el momento histórico para continuar apoyando a la industria, la actividad primaria y el empleo –comentan los firmantes– que tantas veces fueron postergados en la Argentina por la inestabilidad institucional, el sometimiento a la especulación financiera y la cultura rentística."
Los dirigentes también expresaron su "total contribución y voluntad para resolver las situaciones que puedan presentarse" y sostuvieron la "plena confianza en el potencial del país y su capacidad de desplegar el desarrollo sustentable con inclusión social".
Respecto de la especulación de estos últimos meses, la dirigencia advirtió que "los escenarios económicos donde puede generarse incertidumbre acerca de disponibilidad de divisas, expectativas de movimiento de precios o de fuga de capitales, es la meta buscada y deseada por aquellos cuya actividad no es la producción o la industria".
Los firmantes consideraron que "medidas que mejoran la competitividad del tipo de cambio para impulsar la generación de divisas, la actividad económica, reducir expectativas de precios, evitar la fuga de capitales, incentivar la inversión, aumentar la producción, el empleo, los salarios reales y niveles crecientes de productividad son las herramientas necesarias para resolver los problemas que puedan presentarse hoy".
La declaración tiene un importante peso por sí misma, y refleja un decisivo apoyo al gobierno nacional. Pero también este texto, que proviene de actores principales del sector productivo, sale al cruce de una suerte de elenco estable de economistas y políticos que cotidianamente bombardean a la opinión pública con ideas de "fin de ciclo", intentando crear expectativas negativas, por ejemplo, pronosticando alta inflación, especialmente en el momento que se empiezan a discutir las paritarias. Ese bombardeo continuo de ideas apocalípticas termina condicionando los actos de las personas y las empresas. De allí también el valor del documento, que sigue colectando firmas de representantes gremiales y empresariales, al que se suman las acciones del gobierno para limitar los precios e ir avanzando en estudios y nuevas regulaciones sobre las cadenas de valor.
