Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El Senado convirtió en ley el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, una iniciativa de la que participé activamente junto con otros miembros del bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos. El monto que se proyecta recaudar ronda el 1% del PIB y será de gran ayuda para incrementar los recursos del Estado aplicados a este objetivo. Su carácter de extraordinario radica en que nos encontramos frente a una emergencia inédita. Y es solidario porque hace foco en los grandes patrimonios, mayores a 200 millones de pesos, que en nada cambiarán su situación de vida, aunque sí ayudarán a que muchos argentinos y argentinas estén un poco mejor. Alcanza sólo al 0,02% de la población (es decir, no alcanza al 99,98% de la población): son unas 12 mil personas, que poseen casi el 50% de toda la riqueza declarada.
Los fondos percibidos impactarán directamente en las franjas más castigadas, ya que se destinarán a la compra de insumos, medicamentos y vacunas para atender los problemas sanitarios vinculados a la pandemia, al plan de becas estudiantiles PROGRESAR, a mejorar las condiciones de hábitat y de vida de los habitantes de barrios populares; también a las pyme mediante subsidios, y a las inversiones públicas que mejoren la producción de gas natural en el país.
La pandemia, con todos sus efectos económicos y sociales, ha multiplicado las necesidades y por eso es esencial dotar de mayores recursos al Estado. No hay lugar para achicar el gasto. Como un duro ejemplo, los últimos datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA, que corresponden al cuatrimestre julio-octubre de 2020, muestran que la pobreza por ingresos estaría alcanzando al 44,2% de la población, contra el 40,8% de un año atrás. El porcentaje es aún mayor en la franja que va de los 0 a los 17 años, en la que abarca al 64,1%. De hecho, si no se hubieran implementado mecanismos compensatorios como el IFE, los bonos extraordinarios a la AUH, la Tarjeta Alimentar, y los refuerzos en la entrega de viandas y bolsones de alimentos, la pobreza hubiera pasado, en vez de al 44,2%, al 53,1% de la población, y la indigencia hubiera pasado del 10,1% al 27,9%, casi triplicándose, siempre según la UCA. Un cálculo que ilustra el papel central -e irremplazable- que ha venido jugando el Estado, en un contexto de severas limitaciones presupuestarias y múltiples emergencias producto de las políticas previas, a todo lo cual se sumó el covid.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de afirmar que el covid habrá “dañado el tejido socioeconómico de los países de todo el mundo. Se prevé que la producción en 2022 se mantenga alrededor de un 5% por debajo de las niveles previos a la crisis en muchos países, lo que aumentará la posibilidad de que la pandemia haya causado costos permanentes y sustanciales”. Como siempre, los países pobres y en desarrollo, que tienen una amplia informalidad laboral (el segmento de trabajadores más castigado), peores sistemas de salud y una alta carga de la deuda, son los más afectados y los que a su vez saldrán más lentamente.
Si bien estas condiciones estructurales se vienen arrastrando desde hace décadas, la pandemia no hizo más que exacerbarlas, poniendo sobre la mesa la necesidad de retomar la construcción de sociedades más igualitarias y con economías enfocadas en el empleo de calidad y en la producción, no en la deuda y la especulación.
Respecto de lo tributario, la “Red de Justicia Impositiva” señaló que por vía de la evasión impositiva “los países de ingresos más bajos pierden el equivalente al 5,8% de sus ingresos fiscales cada año mientras que los países de ingresos más altos pierden el 2,5%”. La lucha contra la evasión, así como la construcción de esquemas tributarios más progresivos son algunas de las cuestiones fundamentales por abordar, incluyendo, por supuesto, a la Argentina.
Queda clara la situación de excepcionalidad generada por la pandemia, que en nuestro país resulta aún más grave, debido a la crisis heredada. Si bien con la pandemia aumentó la pobreza, el 40,8% de pobreza de hace un año, ya citado, dimensiona adecuadamente los resultados de la gestión de Mauricio Macri, que pidió ser evaluado por la evolución de esas cifras. También es evidente en esta etapa la ayuda del Estado que ha evitado que los índices de indigencia y pobreza fueran mucho más altos. En este contexto, el Aporte Solidario y Extraordinario, y sus destinos, cobran una importancia vital.
