Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Se anunció el programa Precios Justos este viernes, una medida que forma parte de una estrategia más amplia tendiente a reducir la inflación. El programa durará 120 días y abarcará a más de 1.700 productos esenciales (podrían llegar a 2.000) elaborados por 102 empresas, que representan el 86% del consumo masivo. El gobierno aclaró que se trata de un acuerdo voluntario entre el Estado y empresas proveedoras de bienes de consumo masivo, supermercados mayoristas y minoristas de todo el país. Entre noviembre y febrero habrá una canasta de bienes cuyos precios deberán mantenerse estables (podrán aumentar previamente un 4% respecto de los valores de octubre). Para el resto de los productos de las empresas que ingresan al programa se prevé un incremento mensual que no podrá superar el 4%.
El objetivo es seguir llevando garantía y certidumbre. Por eso el Estado otorgará facilidades y mayor previsibilidad para que las empresas que participen en el programa puedan importar insumos y bienes terminados que forman parte de la cadena de valor, y que la gente vaya al supermercado y también tenga previsibilidad en sus consumos diarios.
Por su parte, las/os consumidoras/es podrán descargar la aplicación del programa para conocer el precio de los productos y realizar denuncias en caso de incumplimientos. Un detalle no menor es que se estipula una serie de operativos de fiscalización por parte de la Secretaría de Comercio para corroborar el cumplimiento de los acuerdos nacionales, del que participarán las municipalidades. Se transferirá a la autoridad local correspondiente el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito. Es un avance concreto para reforzar acuerdos superadores de los “pactos de caballeros”, que no han demostrado ser eficaces.
Respecto de las penalidades, en el proyecto de Presupuesto 2023, que ya tiene media sanción en Diputados, se ha incorporado un fuerte incremento de las multas para los incumplimientos en materia de precios y de competencia, que llegan hasta los 250 millones de pesos, y que además se ajustarán según la evolución de la Canasta Básica.
Lo ideal sería poder analizar qué es lo que ocurre en cada eslabón, si hay apropiaciones indebidas, intermediaciones innecesarias y qué hay que corregir para resolver el problema: el productor se queja (con razón) de que recibe poco por lo que produce y el consumidor se queja (con razón) de que paga mucho por lo que compra. Algo está pasando en el medio.
Sin embargo, recordemos que en 2014 se sancionaron tres leyes para que el Estado pudiera intervenir en las cadenas de valor: Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (Ley 26.991); Observatorio de Precios (Ley 26.992); y Sistema de Resolución de Conflictos en Relaciones de Consumo (Ley 26.993). Luego de que dichas leyes fueran sancionadas por el Parlamento se presentaron amparos y la Justicia hizo lugar a ellos, por lo que nunca pudieron aplicarse.
Está claro que la suba de precios hoy es el gran problema por resolver. Con niveles de inflación como los actuales, las distintas políticas de ingresos que se llevan a cabo se terminan neutralizando. La inflación es un genuino reflejo de la puja distributiva y la gran responsable de que el conjunto de la sociedad no reciba los frutos de la recuperación que se viene registrando.
En materia manufacturera, el Índice de Producción Industrial (IPI), más allá de una muy ligera caída mensual desestacionalizada de septiembre (-0,2%), continúa entre los niveles más altos del año, mientras que el tercer trimestre ha sido el mayor nivel de toda la serie (disponible desde enero de 2016). También se observa una evolución positiva en el empleo registrado, ya que el total de trabajadores/as creció en agosto un 0,24% y como sucede desde noviembre de 2021, la serie continúa marcando récords mes a mes en el total de empleos formales. En el caso particular de los asalariados privados, los puestos alcanzan su mayor nivel en 47 meses (desde septiembre de 2018).
En cuanto a las políticas y los esfuerzos que el Estado viene realizando, el Ejecutivo convocó para el próximo martes a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para analizar nuevos aumentos en los próximos meses. No obstante, uno de los aspectos más problemáticos se da en el segmento de quienes trabajan en la informalidad y que no están al amparo de las actualizaciones que se realizan por los canales formales. Según los últimos datos del Indec, las remuneraciones reales de los/as asalariados/as no registrados cayeron un 6,4% interanual en el acumulado enero-septiembre.
En diciembre se efectivizará un aumento del 15,62% para todas las jubilaciones y pensiones, según la fórmula de movilidad previsional, que se aplicará a un universo de más de 7 millones de personas. A su vez, se confirmó un refuerzo de 10.000 pesos durante diciembre, enero y febrero para quienes reciban la mínima. En el caso de recibir hasta dos haberes mínimos, el monto será de 7.000 pesos. Estos refuerzos abarcan al 84% del total de jubilados. María Fernanda Raverta, directora de la ANSES, señaló que, con las medidas mencionadas, “los jubilados que cobran la mínima han superado a la inflación, hemos aumentado las jubilaciones en un 107%” (Télam, 11/11/22).
Por su parte, el ministro de Economía afirmó que con los bonos a los jubilados se busca “construir un puente” para que, “mientras trabajamos las variables macroeconómicas para intentar bajar la inflación, podamos seguir un sendero de recuperación del ingreso”. Estos son los objetivos que se plantean en el Presupuesto y que apuntan a una baja gradual, no a una estrategia de shock como la que plantean abiertamente los principales referentes de JXC.
Dichos voceros nos están diciendo todos los días que se terminó el tiempo del gradualismo, que van a hacer en 100 horas lo que antes intentaron hacer en los primeros 100 días; que van a ir por las reformas previsional y laboral, y que hay que privatizar las empresas del sector público. Estas frases no pueden pasar desapercibidas. Son la referencia de la amenaza que se cierne sobre nuestro país. Estoy convencido de que el problema no es entre quienes conformamos el FdT, sino con el modelo de país que expresa la principal fuerza opositora, ya sea en su vertiente de halcones o de palomas. Hay que tener presente que lo que se va a discutir el año que viene no pasa esencialmente por un tema de candidaturas, sino por cómo haremos para no volver a padecer una aventura neoliberal, que sería “recargada” y tendría incalculables costos para la inmensa mayoría de las argentinas y los argentinos. Es mi posición y en eso concentro gran parte de mis esfuerzos.
