Tiempo Argentino | escenario económico
La postura de la presidenta debe ser entendida como una causa nacional en defensa de nuestro derecho soberano.
Por Carlos Heller
Apenas se conoció la decisión del juez del Segundo Circuito de Nueva York, Thomas Griesa, mencionamos que constituía un "fallo de colonias" por su avance sobre los derechos soberanos de nuestro país, sobre los derechos del 92,4% de los bonistas que entraron al canje, y por el riesgo que genera para las reestructuraciones futuras de cualquier país.
Es un fallo injusto e irresponsable, una patente de corso para los fondos buitre del mundo. La sentencia significa "la convalidación de un modelo de negocios a escala global" pues "se está consolidando una forma de dominación global financiera... para que este modelo siga prosperando basado en el hambre y la desocupación de millones", tal cual lo consignó el lunes la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional.
Ante la decisión de la Corte Suprema de los EE UU, hay que considerar el amplio apoyo que recibimos de Francia, México, Brasil, parlamentarios británicos y premios Nobel. Entre otras tantas adhesiones, cabe mencionar la emitida en días recientes en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra del G-77 más China (asociación que se amplió a los actuales 133 países en desarrollo), en cuya declaración se consigna que los fondos buitre "plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo, como para los países desarrollados". El texto enfatiza "la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional".
Ante la situación derivada del fallo, corresponde mencionar las palabras de Néstor Kirchner cuando negoció el primer canje de deuda en 2005 con la premisa "permítannos crecer, para después pagar, porque los muertos no pagan". Hoy nuestro país está en una situación mucho mejor que en aquel entonces, pero el actual fallo intenta proyectar sombras de default sobre la deuda argentina.
Frente a este panorama, resultan acertadas las decisiones de la presidenta; como lo expresó en su discurso del Día de la Bandera: "Que nadie se equivoque, nosotros, como lo dije el día lunes, queremos cumplir con el 100% de los acreedores, con el 92,4 que accedió a ingresar al canje de 2005 y 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron; sólo pedimos que nos generen condiciones de negociación justa y de acuerdo con la Constitución Argentina, las leyes nacionales y los acuerdos que firmamos como país." Cabe enfatizar que el pago de la deuda a los bonistas ingresados al canje se dio en un entorno de crecimiento con inclusión social, objetivo que debe mantenerse en las decisiones que se tomen de aquí en más con respecto a la deuda.
El ministro Axel Kicillof aseguró que el gobierno nacional no está dispuesto a "hacer cualquier cosa, a arreglar bajo cualquier condición", sino que mantendrá "los principios que guiaron la reestructuración", para luego aclarar que "esa reestructuración que ahora está en juego es uno de los pilares centrales del crecimiento que ha tenido el país estos años". Posteriormente, por un comunicado del Ministerio de Economía, se expresó que "el levantamiento del 'stay' por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa".
ENDEUDADORES SERIALES. Ciertos sectores no dejaron pasar la oportunidad para emitir sentencia, reforzando su habitual prédica conservadora. El Cronista (18/06/14) critica el default "al que nos arrojó Adolfo Rodríguez Saá en el final tétrico de 2001, ovacionado por 300 legisladores que eligieron la borrachera de la euforia a la responsabilidad de enfrentar las dificultades". Nada dice que en ese entonces la deuda había crecido tanto que era impagable, máxime cuando los títulos del megacanje devengaban altísimas tasas de interés en dólares. Precisamente, la Argentina pudo salir de ese "final tétrico" gracias a la renegociación de la deuda en 2005 y a la cancelación de la deuda con el FMI en marzo de 2006. De la misma forma, un editorial del Financial Times (FT), publicado por El Cronista (18/06/14), indica que como resultado de las políticas económicas, "a 13 años de su default por U$S 100 mil millones, Argentina es mucho más pobre de lo que debería".
En el mismo editorial, el FT indica que "arreglar es apenas aceptable" dado que al pagarle a los hedge funds (nótese que no refiere a "fondos buitre", una categoría que es aceptada internacionalmente) Argentina queda expuesta a otros reclamos por U$S 15 mil millones, más la posibilidad de que los bonistas que ingresaron al canje reclamen una indemnización. El FT indica además que "algunos argumentos legales a favor de los hedge funds conducen a una situación en que su victoria podría llevar a que otros holdouts bloqueen fácilmente otras futuras reestructuraciones soberanas".
Un columnista de La Nación (18/06/14) se pregunta: "¿Por qué alguien que cobra en Nueva York aceptaría hacerlo en Buenos Aires, donde no sólo hay cepo sino también prohibición de girar divisas?" Hay varias razones para aceptar. Para empezar, una de base es que si se realiza el canje resulta lógico establecer una cláusula para que los acreedores puedan girar sus divisas al exterior sin limitación alguna. Otro argumento importante es que el juez Thomas Griesa les impuso a los bonistas de la deuda argentina reestructurada un cepo más fuerte: los derechos de los fondos buitre Aurelius y NML (el 0,45%) están primero que los suyos (el 92,4%), y ello les genera una fuerte incertidumbre acerca de qué sucedería con los potenciales reclamos del resto de los holdouts por U$S 15 mil millones. Además, desde 2003 se han pagado puntualmente todos los vencimientos de la deuda bajo legislación local.
LOS DESAFÍOS DE LA UNIDAD. Nos enfrentamos a decisiones complejas. El establishment financiero internacional no perdona el exitoso canje de deuda con una importante quita, de 2005 y 2010, mientras que las calificadoras internacionales empezaron a bajar la nota de Argentina antes de conocer la estrategia que aplicará el país. También debe tenerse en cuenta que con la decisión de la Corte Suprema de EE UU se ha activado el pedido de los fondos buitre para acceder a la información de los posibles activos embargables que posee nuestro país.
Luego de la reunión informativa en el Congreso, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, comentó que los distintos bloques legislativos han coincidido en repudiar la actitud de los fondos buitre, como también el fallo de la Corte de Estados Unidos, que "es lesivo contra la soberanía". Sería conveniente que estas declaraciones se traduzcan en acciones concretas de acompañamiento en el Congreso en el caso de eventuales proyectos del gobierno para solucionar el tema de los buitres. Son preocupantes en este sentido algunas declaraciones de conocidos políticos y analistas que proponen pagar al contado si hiciera falta, lo cual resultaría ineficaz, pero indica además la clara orientación conservadora de sus posturas. Esta situación debe enfrentarse con el conjunto de la dirigencia política y social de Argentina, unida para cerrarles el paso a los fondos buitre que pretenden atropellar nuestra soberanía e impedir que los responsables de la crisis –de la deuda y de la economía– de los años neoliberales tengan éxito con la pretendida instalación de sus recetas.
En un desprecio total hacia la soberanía del país, Griesa dice que la Argentina "se ríe" de las sentencias, lo cual constituye una clara valoración ideológica de nuestras decisiones autónomas. El fallo de este juez significa volver a poner a la Argentina en una situación parecida a la que estaba cuando cayó en default. Y haría que todo el esfuerzo hecho en todos estos años se esterilice de una manera importante con la consecuencia que eso tendría para la calidad de vida de los argentinos. Por lo tanto, creo que se debe cerrar filas alrededor de esta postura, entenderla como una causa nacional, de defensa de nuestro derecho soberano, y fortalecer la capacidad negociadora de nuestros representantes, que va en esa dirección, para seguir sosteniendo los logros de este proyecto iniciado en 2003, de desarrollo con equidad e igualación de derechos.
