Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El BCRA mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria (75% TNA) pues sostiene que “la aceleración mensual en el ritmo de aumento del IPC se explicó casi en su totalidad por aumentos en las categorías Estacionales (fundamentalmente verduras y turismo) y Regulados (especialmente transporte, gas y comunicación), mientras que la inflación núcleo, que refleja el comportamiento más tendencial del nivel general de precios, se ubicó en un nivel similar al de diciembre (5,4%, +0,1 p.p.)”.
Resulta interesante analizar la composición del IPC. El componente estacional de este índice fue el que mayor alza mensual registró: 7,9%, influido por las fuertes variaciones en los valores de las verduras, una tendencia presente desde mediados del año pasado. Si tomamos los últimos seis meses, incluyendo enero de este año, los precios estacionales subieron un 56%, mientras que el IPC general lo hizo en un 41%. Si bien estos productos tienen una baja ponderación en el índice, su precio se traslada a otras categorías y termina teniendo incidencia en el índice general.
Por su parte, los precios regulados mostraron un crecimiento del 7,1% en enero, fruto de la aplicación de la segmentación tarifaria en los servicios públicos residenciales, tendencia que se observa desde octubre de 2022.
Resulta destacable que todos los argumentos ortodoxos que son señalados como generadores de inflación no son los motores de la inflación que cerró 2022 en un 94,8%. Las paritarias se fijan por la inflación prevista y se actualizan si el IPC supera los valores acordados. El dólar oficial creció a un ritmo del 70% interanual, el dólar ilegal aumentó el 65%, y la emisión monetaria fue del orden del 41%.
¿Dónde está el motor inflacionario, entonces? Si bien puntualmente los efectos de la sequía se hacen sentir en varios precios, la respuesta debe buscarse en la puja distributiva (los intentos de obtener mayores ganancias por parte de los grandes conglomerados empresarios) y la generación de expectativas negativas y de claro objeto desestabilizador por parte de ciertos sectores y de los medios concentrados. Lo lógico, además de mantener los equilibrios macroeconómicos, es actuar sobre estos temas.
Hacia febrero, estaría pesando el aumento de la carne, el que podría ser morigerado por el reciente “Programa Integral de Impulso a la Producción y el Consumo de Carne”: además de proponer una baja inicial en el precio en supermercados en un 35% promedio, posteriormente los cortes elegidos tendrán un aumento del 3,2% mensual hasta el 30 de junio.
Los acuerdos de precios que se llevaron a cabo en los últimos meses buscan moderar los efectos inflacionarios y, tal como lo expresaron varios funcionarios del Gobierno, se pretende recorrer un sendero con políticas que gradualmente vayan reduciendo la inflación.
La otra arista en la que trabaja el Gobierno para cuidar el poder adquisitivo de la ciudadanía es la actualización de los ingresos. Tal es el caso de los 3 bonos mensuales otorgados a los beneficiarios de haberes jubilatorios mínimos, que se suman a la actualización por la fórmula de movilidad previsional a partir de marzo. De esta forma, a partir de dicho mes, el haber mínimo tendrá un incremento nominal del 23% al compararlo con el trimestre anterior. Cabe subrayar que, si se hubiese mantenido la fórmula de movilidad que se utilizó durante la gestión de Mauricio Macri, los jubilados/as hubiesen percibido $58.000 menos que lo obtenido durante todo 2022 (casi el mismo valor de una jubilación mínima que en diciembre ascendía a $60.000). Con esta orientación, a partir de marzo, y como medida de carácter permanente, se iguala el tope de ingresos para percibir las Asignaciones Familiares con el piso del Impuesto a las Ganancias: el nuevo tope de ingresos para percibir asignaciones pasará de $158.000 a $404.000. De este modo, se incluyen al sistema de las Asignaciones Familiares a 900.000 nuevos niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de más de 600.000 trabajadoras y trabajadores registrados.
Sin perjuicio de todo lo que falta por hacer, la Argentina necesita no retroceder y evitar volver a las políticas de ajuste (con significativa caída del poder de compra de salarios y jubilaciones), endeudamiento y fuga, es decir, un enfriamiento de la economía con altísimo costo social. Situaciones de las que ya fuimos testigos y que perjudicaron a la mayoría de la sociedad. El reciente documento del FdT “Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar” es un importante avance desde lo político en este sentido.
