Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El equipo del FMI emitió una declaración tras las reuniones que mantuvo en Venecia entre el 8 y el 12 de julio con las autoridades argentinas, en el marco del G20. Allí se da una pauta del verdadero sendero en el que se desarrollan las negociaciones.
El comunicado señala que “las discusiones se centraron en políticas para fortalecer la recuperación, la estabilidad económica y la creación de empleo (…). Se avanzó en la identificación de opciones de políticas para desarrollar el mercado de capitales doméstico, movilizar la recaudación fiscal y fortalecer la resiliencia externa de Argentina”. En particular, se habla de que el objetivo es “apoyar a la Argentina a abordar de manera duradera sus desafíos económicos y de balanza de pagos”. Y ciertamente el FMI, como producto del irresponsable endeudamiento aprobado, tiene un papel importante por desempeñar para que el país pueda aliviar de forma sostenible el problema de la restricción externa.
Un dato que no hay que minimizar es que Argentina parte de una situación de Cuenta de Mercancías y Servicios (exportaciones menos importaciones) superavitaria, producto de los altos precios de las materias primas y de los mayores volúmenes demandados por el mundo. Si a este saldo le sumamos el efecto del pago de intereses, arribamos a la Cuenta Corriente. En este aspecto cabe remarcar que nuestro país redujo significativamente los pagos por intereses al exterior. Las propias proyecciones del FMI para 2021 muestran que Argentina será el país latinoamericano con mayor excedente de Cuenta Corriente (unos 2,3 puntos del PIB) y que le siguen México y Ecuador (1,8 puntos). Mientras que otros países, como Brasil, Colombia o Perú, cerrarían el año en terreno deficitario. Esto significa, entre otras cuestiones, que la debilidad de la balanza de pagos en muchos casos tiene que ver con el condicionante de la deuda.
Lo explicó hace unos días el ministro de Economía, Martín Guzmán, al decir que el FMI es un organismo que fue creado para resolver desequilibrios de la balanza de pagos, aunque ahora “la presencia del FMI en la Argentina es la causa del principal problema de la balanza de pagos”. Por eso, sostiene Guzmán, “lo que debe hacerse es reestructurarse esa relación con el FMI vía un programa que permita refinanciar la deuda que tomó Juntos por el Cambio”. Ya se dio un gran paso en 2020 a partir de la negociación con los bonistas privados en moneda extranjera y ahora hay que regularizar la otra gran hipoteca financiera que dejó el gobierno de Macri.
Existen distintas opciones que se están manejando y la discusión trata de ir más allá, para ir sorteando el tope de 10 años de un eventual acuerdo de facilidades extendidas, que por cierto es un fuerte condicionante. En verdad, que el FMI sostenga que sus estatutos no permiten más plazo, colisiona con el incumplimiento de los mismos por el exceso del crédito sobre la cuota que tiene el país (1.001%), y por el destino que se le dio al crédito, avalando la fuga de capitales, lo cual no impidió los nuevos desembolsos hasta completar la cifra que se debe hoy. Además, hay consenso en el seno del G20 en cuanto a la necesidad de modificar el tema de los sobrecargos, lo que a nuestro país le generaría un ahorro de entre 1.000 y 1.300 millones de dólares por año. También se plantea un largo período de gracia para empezar a amortizar los pagos.
Respecto de los 650.000 millones de dólares en DEG (Derechos Especiales de Giro) que el FMI emitiría en agosto, se propuso crear un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que se constituiría con aportes de los países más grandes, que percibirán la mayor cantidad de derechos de giro. Argentina y México tratan de que dichos recursos no sólo lleguen a los países pobres, sino también a las economías de ingreso medio con problemas de deuda.
Nuestras autoridades tienen la firme convicción de transformar en sostenible una deuda que es impagable en las condiciones actuales, sin que conlleve más sacrificios para la gente. Es preciso lograr que se vuelquen todos los recursos posibles al crecimiento, al desarrollo, a las obras de infraestructura, a fortalecer el sistema de salud, el educativo, a mejorar la situación de los jubilados y las jubiladas, de los trabajadores y las trabajadoras. A que la mayor actividad económica a su vez genere mayores ingresos fiscales, que permitan atender las obligaciones que surjan luego de un período de gracia prolongado. Nada de esto es sencillo. Lo que es seguro: no es por la vía del ajuste.
