Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
Las negociaciones de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional están trabadas en un punto: el gobierno nacional no está dispuesto a hacer el ajuste que le pide el organismo multilateral de crédito. La Argentina quiere un acuerdo, pero no el que la obligaría a la aplicación de las recetas económicas tradicionales del Fondo. Éstas ya se pusieron en práctica muchas veces, siempre con pésimos resultados.
¿Qué quiere decir ajuste fiscal? Recortar lo que el Estado invierte en Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, Obras Públicas, Medio Ambiente, entre otras áreas. Es decir, en todo lo que tiene que ver con el bienestar de la ciudadanía.
El FMI lo ha expresado claramente: “las economías emergentes deben prepararse para el endurecimiento de la política de la Reserva Federal (…) Ante las condiciones de financiamiento más restrictivas, los mercados emergentes deben adaptar su respuesta en función de sus circunstancias y vulnerabilidades (…) En cualquier caso, parte de la respuesta debe consistir en dejar que las monedas se deprecien y en elevar las tasas de interés de referencia. Si surgen condiciones desordenadas en los mercados cambiarios, los bancos centrales que cuenten con suficientes reservas pueden intervenir, siempre que tal intervención no suplante el debido ajuste macroeconómico”.
Es el manual histórico de las políticas regresivas.
En ese escenario, en el plano internacional el gobierno nacional despliega una serie de acciones. Por ejemplo, trata de influir en distintos países, entre ellos Estados Unidos, quien fue clave para la autorización del crédito que el FMI le concedió a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Un préstamo de esas características, por fuera de lo estipulado en los estatutos del Fondo, no pudo ser aprobado sin la intervención activa de los Estados Unidos, que por su participación accionaria tiene poder de veto sobre las decisiones que se toman en ese organismo multilateral.
La posición del gobierno argentino tiene apoyos diversos. Legisladores norteamericanos demócratas, entre otros, le demandan a la Reserva Federal que escuche los planteos de los países endeudados. En paralelo, un equipo de abogados del Centro de Investigación Social dependiente de la London School of Economics presentó un análisis jurídico en el que describe las condiciones absolutamente irregulares en las que se le dio el crédito a nuestro país. En síntesis: si el FMI hubiera actuado de acuerdo a su estatuto, la Argentina no tendría el actual endeudamiento.
En los últimos días apareció un informe de OXFAM, la organización internacional que, entre otros temas, estudia la fuga de capitales hacia las guaridas fiscales. El mismo sostiene:
Desde el inicio de la pandemia ha surgido un nuevo milmillonario en el mundo cada 26 horas.
Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas en este periodo mientras que, se estima, más de 160 millones de personas cayeron en la pobreza.
Solo con las ganancias que Jeff Bezos ha amasado desde que comenzó la pandemia se podría vacunar a toda la población mundial.
Las riquezas de una pequeña elite de 2755 milmillonarios han crecido más desde los inicios de la pandemia que en los últimos 14 años.
Los gobiernos de todo el mundo pierden más de 200 mil millones de dólares anuales a causa de la evasión y elusión fiscal de las empresas.
En ese marco, el planteo del gobierno nacional es muy sencillo: en lugar de ajuste, propone aplicar políticas de progresividad impositiva y de distribución del ingreso como las que recomiendan hasta los organismos multilaterales. No está promoviendo políticas extrañas: son iniciativas expansivas similares a las que muchos países centrales llevan adelante. La Argentina afirma: “nosotros queremos acordar, nosotros queremos pagar, pero para eso primero tenemos que crecer para tener más recursos”. En definitiva, el país impulsa un modelo de crecimiento con la gente adentro.
