Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Estamos ante una situación mundial en la cual la urgencia constituye el eje rector de la mayoría de los gobiernos. Las consecuencias sociales y económicas del Covid-19 no se hacen esperar. El aislamiento social, preventivo y obligatorio, así como resulta ser una herramienta muy eficaz para controlar la propagación del virus, requiere estar acompañado de una fuerte intervención estratégica de los Estados. Una intervención estrechamente vinculada a la capacidad que tengan los gobiernos de redistribuir ingresos hacia los sectores más castigados por la reducción de la actividad económica.
El gobierno argentino, a pesar de la difícil situación fiscal en la que se encontraba nuestro país antes de la pandemia, viene aplicando una batería de medidas focalizadas en los sectores más vulnerables, tanto en las personas humanas como en las PyMEs. Según datos que publicaron varios medios la semana pasada y que acreditan como fuente al Ministerio de Economía, el gobierno nacional destinará entre abril y junio un importante paquete de asistencia económica. Este paquete está conformado por el gasto fiscal de emergencia destinado a darle una ayuda económica a los hogares de menos recursos, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y otras transferencias, más una inyección de facilidades financieras, tanto para las empresas como para los monotributistas. El monto total ascendería a los $ 1,7 billones, es decir, el 5,6% del PIB.
Para tener una mejor dimensión del esfuerzo fiscal que estas medidas implican, el documento citado por varios matutinos señala que “en el contexto de la emergencia sanitaria el accionar del Estado se traduce en la implementación de un paquete económico contracíclico de características y dimensiones excepcionales, en función de la situación recesiva por la que venía atravesando nuestro país antes de la pandemia”. A lo que se agrega que “la emergencia sanitaria tiene un doble efecto negativo en nuestro país”. Sucede que por la vía externa se contrajo la demanda de productos exportables tanto en cantidades como en precios, y por la vía interna se produce menor actividad por la parálisis que generó el aislamiento.
El paquete de medidas implementadas se encuentra, en términos generales, a la altura del de naciones como Alemania o el Reino Unido y es superior al de Brasil, Corea, Italia, España y Francia, entre otros países. Por eso no hay que perder de vista que se trata de un gran esfuerzo.
No obstante, si bien las circunstancias requieren que la atención mundial se centre en el grave escenario que genera el Covid-19, también son buenos momentos para reflexionar. La conocida frase “no dejes que el árbol te impida ver el bosque” resulta pertinente para analizar algunos problemas de fondo, en Argentina y en el mundo, cuya modificación permitiría afrontar mejor tanto ésta como otras pandemias.
Una de las cuestiones más controvertidas tiene que ver con los recursos del Estado. Sin la alternativa del endeudamiento (luego de cuatro años en los que aquí se usó y abusó de esa herramienta), la única vía para incrementar los ingresos fiscales es la impositiva. Una de las herramientas para financiar parte de las importantes erogaciones que está efectuando el gobierno argentino en la actual coyuntura, es el proyecto para gravar a los grandes patrimonios e ingresos como medida excepcional y por única vez.
En un futuro, cuando se haya superado la emergencia por el Covid-19, sería importante pensar en una reforma tributaria que le otorgue menos peso a gravámenes que no descansan directamente en las capacidades contributivas, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros, que de hecho son regresivos. Sería importante otorgarles más participación a los impuestos basados en los patrimonios y ganancias de los contribuyentes. De esta forma, se lograría una mayor progresividad en la estructura impositiva y se tendería a una situación de mayor equidad en la cual los que más tienen sean los que más paguen. En términos proporcionales, hoy en día tributan más los estratos de menores ingresos, a través de impuestos como el IVA, que los sectores más acomodados.
Pero ahí no se termina la inequidad. Muchos de aquellos que poseen la mayor parte de la riqueza, además de beneficiarse de un sistema tributario regresivo, utilizan ciertos mecanismos que les permiten evadir sus obligaciones impositivas. Según señala el especialista en evasión fiscal Nicholas Shaxson en una nota periodística, “la evasión fiscal de las empresas les cuesta a los gobiernos del mundo entre 500 y 600 mil millones de dólares por año, mientras que la evasión de los individuos es de aproximadamente 200 mil millones”. Lo acontecido el mes pasado cuando se dio a conocer la existencia de varias cuentas de argentinos en el exterior sin declarar, dato proporcionado por la OCDE, deja bien en claro que la Argentina no está exenta de estos mecanismos que perjudican directa o indirectamente a toda la sociedad.
Otra cuestión a considerar es la especulación existente con los valores del dólar ilegal o de las alternativas bursátiles que existen para dolarizar las inversiones, sea el dólar bolsa (MEP) o el “contado con liqui” (CCL). En un país que siempre ha lidiado con la escasez de divisas, las medidas de regulación del mercado de cambio son esenciales. Ya vimos lo que sucedió en los años del macrismo con la total liberación de las operaciones cambiarias.
La regulación cambiaria es un tema dinámico, que se debe adecuar a las distintas situaciones que se presentan. Es así que, con relación a la especulación con los valores del MEP y el CCL, el Banco Central acaba de establecer, entre otras cuestiones, que para acceder al mercado para la adquisición de divisas, las empresas tendrán que presentar una declaración jurada de que ese día y en los 30 días corridos anteriores no han efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior, y comprometerse a no efectuarlas en los 30 días siguientes. La regulación del BCRA también se extiende a las empresas que accedan a líneas de créditos con tasas subsidiadas. Una de las ideas que surcan esta regulación, a mi entender, es fortalecer la solidaridad, y evitar que aquellos que reciben beneficios por créditos subsidiados utilicen mecanismos indirectos para terminar especulando con los valores del dólar. Un enfoque muy adecuado.
Siguiendo con los desafíos a futuro, la regulación del sistema financiero también resulta crucial. Su función primordial, cubrir las necesidades de interés general canalizando los ahorros de los inversores hacia la financiación de aquellos que la requieren para poder producir y consumir, y a un costo razonable, debe estar garantizada.
El servicio financiero debe satisfacer también las necesidades de las comunidades. Se requiere una Ley de Servicios Financieros enfocada desde los intereses de los usuarios, en especial las personas humanas y las PyMEs, y que conciba a la actividad financiera como un servicio de interés público. El objetivo debe ser aumentar la eficiencia social de la actividad financiera y su servicio a la comunidad.
Volviendo al comienzo de esta nota, es cierto que hay urgencias que no pueden esperar en este adverso contexto que nos toca vivir. Sería interesante, no obstante, aprovechar lo que deja este padecimiento para proyectar un futuro mejor. Un futuro mejor para poder enfrentar tiempos de emergencia, pero también para los tiempos más normales. La solidaridad y el rol activo del Estado son dos ingredientes que no pueden faltar.
