25/03/2012 Tiempo Argentino - Nota - Editorial
Carlos Heller Diputado Nacional - Frente Nuevo Encuentro
Hay que tener en cuenta para nuestros países los riesgos derivados de la crisis internacional, que analiza el informe del BID. Pero la Argentina posee un importante esquema monetario y fiscal con una alta capacidad para morigerar los riesgos globales.
En un acto que encabezó la presidenta de la Nación en Casa Rosada el pasado 14 de marzo, se rubricaron diferentes convenios entre el Ministerio de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco de Desarrollo de China, destinados al otorgamiento de préstamos para financiar el desarrollo productivo de nuestro país.
Tres de los convenios fueron firmados con el BID, por un total de 718 millones de dólares en programas de agricultura, mejoramiento de barrios e infraestructura para la provincia de Río Negro.
Sin embargo, muchos medios se centraron en las supuestas críticas del BID a la economía argentina, que pueden resumirse en el título de una nota de La Nación del 19 de marzo: “Velada crítica del BID a la política cambiaria argentina” y se basa en que según el matutino “el régimen cambiario argentino resulta inclasificable para los economistas del BID”.
Sucede que en la reciente Asamblea Anual del BID, llevada a cabo en Montevideo, el organismo presentó un estudio denominado “El mundo de los senderos que se bifurcan”, título inspirado en el famoso cuento de Jorge Luis Borges y que trata sobre la exposición de América Latina y el Caribe a los riesgos económicos globales. En el capítulo relativo a la política monetaria, se divide a los países de la región en tres grupos: regímenes de inflación objetivo, regímenes que fijan el tipo de cambio y regímenes intermedios.
Dice el estudio que “el espíritu del análisis es analizar (sic) estos grupos de países, describir sus experiencias y extraer lecciones comunes. La Argentina y Venezuela no están incluidos dado que no encajan adecuadamente en ninguna de estas tres categorías”. Imposible encontrar aquí una crítica, ni siquiera velada, dado que es un hecho objetivo, una decisión metodológica: la Argentina posee un tipo de cambio flotante administrado, no enfocado a metas de inflación, sino destinado a mantener la competitividad de la economía, en contraste con la apreciación de sus monedas que, en mayor o menor medida, ha sido común a los tres grupos de países analizados, según detalla el estudio.
La flotación administrada del tipo de cambio en Argentina es un régimen intermedio, pero no se restringe a bandas estrechas como lo exige metodológicamente el estudio. La característica del régimen cambiario argentino evidencia una capacidad de maniobra que no tiene ninguno de los tres grupos de países estudiados, y allí puede buscarse la exclusión. Otra peculiaridad son los restringidos flujos externos de capitales especulativos hacia la Argentina.
Y esta condición de “inclasificable”, en realidad, puede entenderse como la posesión de una importante herramienta de atenuación del impacto de la crisis internacional sobre el país, y de defensa de la producción local, en especial la industrial.
Capacidad de maniobra a la que se suma el plano fiscal, porque hay un dato relevante que no se ha difundido de este estudio del BID, y es que la Argentina es uno de los exclusivos cuatro países que, aun en el escenario “pesimista” es “clasificado” por el BID como “amplio” al definir el margen fiscal contracíclico que posee; lo acompañan Belice, Bolivia y Nicaragua.
Resulta interesante analizar las condiciones que el BID califica como un escenario optimista: considera un crecimiento del 3,6% para la región, lo cual indica cierta desaceleración, teniendo en cuenta que en el último año se verificó una tasa del 4,3 por ciento. En este escenario, Europa evita caer en una crisis financiera pero no puede alejarse de una recesión tenue; China desacelera levemente su nivel de crecimiento, pero no lo suficiente como para afectar fuertemente los patrones de comercio y los precios de las materias primas; mientras que los Estados Unidos continúa expandiéndose a tasas moderadas. Partiendo de este complicado escenario como el mejor posible, sin duda se preanuncia un año que generará riesgos para los países de América Latina. Esto determina que hay que tener en cuenta muy seriamente los riesgos para nuestros países derivados de la crisis internacional, que analiza detalladamente el informe del BID, aunque puede decirse que la Argentina se caracteriza por poseer un importante esquema monetario y fiscal con una alta capacidad para morigerar los riesgos globales.
¿CAPITALIZAR O INVERTIR? El análisis de la cuestión energética no puede prescindir de la tensión existente entre las empresas concesionarias, que buscan maximizar el beneficio y la distribución de dividendos, con los intereses de la política económica del gobierno, en especial ante el estancamiento de la producción de petróleo y gas, y las limitaciones futuras por la reducción de las reservas hidrocarburíferas, debida a la escasa o nula inversión en exploración para descubrir nuevos yacimientos.
Es esa puja entre ganancias privadas y necesidad de inversión pública la que se expuso en la reunión de accionistas de YPF de esta semana. El directorio decidió repartir en forma de acciones las ganancias de 2011 y las remanentes de 2010, por cerca de 5800 millones de pesos. Algo muy diferente a la intención del gobierno, de aplicar las ganancias a la creación de un Fondo para explotación y desarrollo de petróleo y gas.
La empresa comunicó que “la elevada capitalización que se propone es una muestra rotunda del firme compromiso de los accionistas hacia la sociedad y sus actividades...” Pero esa elevada capitalización aumenta el valor de la empresa, poniendo una valla más alta a una eventual estrategia del gobierno de adquisición de sus acciones. En estos días, las agencias calificadoras le bajaron la nota a YPF, y surge como una pregunta si los funcionarios españoles reclamarán a estas empresas por los perjuicios que ocasiona su decisión, con el mismo fervor que lo están haciendo ante el gobierno argentino.
Hay una diferencia que puede parecer muy sutil entre destinar las ganancias a un plan de inversiones o capitalizar a la compañía, puesto que en general el capital tiene como contrapartida la inversión.
Pero el capital puede utilizarse para inversiones productivas o financieras, hay una amplia gama de utilización del capital.
Desde lo productivo, se puede invertir en el refinamiento del crudo y la venta y distribución de sus derivados y del gas, o en la exploración para la detección de nuevos yacimientos que derivarán en un aumento de las reservas y una posterior mayor producción de petróleo y gas. Si se analiza el exiguo interés por la inversión en exploración demostrado por la compañía durante estos años, la diferencia no es tan sutil.
Y aquí la diferencia pasa a ser significativa, primero, porque al capitalizar las ganancias, la decisión de inversión queda en manos de la empresa, y puede estar totalmente desvinculada de las urgentes necesidades de incrementar las reservas, una cuestión en la que Repsol YPF aparece como deudora en gran cantidad de contratos.
Muy distinto sería acordar con el gobierno nacional un plan de inversiones según las necesidades del modelo productivo elegido por el voto popular. No olvidemos que el principal lema de campaña de Cristina Kirchner fue “profundizar el modelo”.
La discusión sigue siendo la misma, y es dónde se centra la decisión sobre el modelo extractivo, si en las concesionarias privadas o en los distintos estamentos del Estado. Queda claro para nosotros que para profundizar el modelo, el incremento de la participación estatal en la configuración del entramado productivo de los hidrocarburos resulta esencial.
