Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El mismo día que el gobierno cumplía su primer mes en funciones, se hizo público un nuevo acuerdo con el FMI. El presidente Javier Milei afirmó al respecto que se trató de la negociación “más rápida en la historia con el organismo”, una afirmación que recuerda a la frase de Mauricio Macri de 2021: “Si ganábamos la elección (de 2019), arreglábamos con el FMI en cinco minutos”. El acuerdo, con otras pautas, retoma el cronograma de pagos y desembolsos conseguido por la gestión anterior, cuando el gobierno se vio obligado a enfrentar la deuda impagable generada por el gobierno de Macri.
Los 4.700 millones de dólares del desembolso acordado ingresarían próximamente, y se descuenta la aprobación del Directorio del FMI. El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que “no es plata nueva”, es lo pendiente del último tramo de diciembre, más un adelanto para hacer frente al pago de abril próximo. El posicionamiento del Fondo es un guiño al nuevo gobierno, con el cual comparte la misma visión.
En el comunicado del FMI se habla de incumplimiento de metas y se critica al gobierno saliente, después de haberle aprobado todas las revisiones y de haber señalado en aquellas oportunidades la incidencia de la sequía, que en este informe no aparece mencionada. A lo sumo, se le augura al gobierno de Milei un mejor desempeño, en parte por “ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola”.
Según el FMI, el gobierno anterior “descarriló” el programa, y en este marco señala, entre otras cosas, que “la inflación mensual se aceleró al 12,8% en noviembre”. Pero, ¿acaso la situación actual está más encaminada, tras el dato de inflación de diciembre del 25,5% mensual, el más alto en décadas? También sostiene que la eliminación de los controles de precios heredados y la corrección del desajuste cambiario (con una devaluación de más del 100%) que están en marcha “tendrán un impacto inflacionario y profundizarán la contracción de la actividad”, todo un reconocimiento del efecto de las actuales políticas, y un intento de naturalización del ajuste que se está llevando a cabo.
Las promesas de Milei implican transitar por un desierto durante décadas para llegar al destino prometido. Hace unas semanas dijo que dos tercios de las mejoras recién se iban a ver dentro de 15 años, y tras acordar con el FMI volvió a decir que seríamos “una potencia en 35 años”. El propio Fondo comparte esta retórica del sufrimiento presente en pos de un goce futuro: “el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar”, aunque sostiene que “las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis”, una frase que podría ponerse en duda, dado el devenir actual de la producción y los aumentos de precios. Hace recordar a la famosa frase de Carlos Menem “estamos mal pero vamos bien”.
En vez de criterios racionales, pareciera que el FMI recurre al pensamiento mágico: “A medida que se implementen políticas y se reconstruya la credibilidad, debería afianzarse un proceso gradual de desinflación” y “una eventual recuperación de la producción, la demanda y los salarios reales”. El uso del potencial revela las dudas del propio organismo acerca de la viabilidad del programa. No obstante, la portavoz del FMI, Julie Kozack, fue realista en señalar que “esperan que las autoridades continúen construyendo apoyo político para avanzar en los aspectos principales de esta ley”, refiriéndose específicamente a las cuestiones fiscales. Una señal de alerta para el Gobierno argentino.
Más allá del FMI, también preocupa el respeto de las instituciones de la democracia, en particular del Parlamento, que es visto casi como un estorbo para los planes de los libertarios. El ministro de Economía señaló que “en la medida en que la ley (ómnibus) no pase, las medidas van a ser más duras, y los argentinos van a sufrirlas más”.
El apuro por tratar el proyecto de ley y el DNU, de una profundidad no vista desde la vuelta a la democracia, y que pretenden cambiar de cuajo la estructura legal, política, económica, social y cultural de nuestro país, no tiene que ver con la urgencia de evitar una supuesta crisis heredada, sino con acelerar las reformas, antes de que el Gobierno empiece a perder la legitimidad que consiguió en el balotaje.
