Contraeditorial | Opinión
Por Carlos Heller
La flexibilización laboral estuvo presente en ese verdadero espacio de lobby que fue el Tercer Encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en los primeros días de septiembre. Junto a lo más granado del gran empresariado argentino estuvieron numerosos funcionarios del actual gobierno.
La lista de los apellidos que conforman las 10 vicepresidencias de AEA lo dicen todo: Pagani (Arcor), Rocca (Techint), Magnetto (Clarín), Pescarmona (Impsa), Ratazzi (Fiat) y los titulares de las empresas o grupos homónimos: Bagó, Miguens, Roggio, Cartellone y Coto.
“Lo mejor que tenemos son nuestros empresarios”, comentó el ministro de Producción, Francisco Cabrera, una frase que puede resumir la empatía de los funcionarios con los planes del establishment.
En la actividad llovieron las “sugerencias” de los empresarios sobre cómo encarar la gestión posterior a las elecciones de medio término. Por ejemplo, continuar con el impulso a la inversión en obra pública, pero con mayor protagonismo de las empresas privadas, para lo cual sería útil el recientemente reglamentado Régimen de Participación Público Privada. Como es habitual, también figuró la reducción de impuestos a las empresas.
El punto que deseo profundizar es el relativo a la flexibilización laboral. Se afirmó que sería conveniente avanzar en este aspecto, aunque no por la vía de una reforma a discutir en el Congreso, sino mediante “acuerdos” sectoriales con los sindicatos. No es una postura nueva. En un reportaje de La Nación (12.03.17), el presidente de AEA, Jaime Campos sostuvo: “me parece que es muy importante mantener un diálogo muy fuerte con el sindicalismo, hay que buscar formas para mantener el empleo entre todos”. En tanto aclaró: “un ejemplo es el acuerdo que se hizo con los petroleros para la explotación de Vaca Muerta”.
Si bien el principal “cambio” que AEA destaca a partir de la gestión de este gobierno es el respeto a la institucionalidad, la opción de evitar la discusión en el Congreso no parece ir en la línea de la tan mentada República. Podría definirse como una estrategia para avanzar rápidamente en el corto plazo con el recorte de varias de las conquistas históricas logradas por los trabajadores. Sin embargo, resultará difícil que la parte esencial de las medidas que propone AEA pueda evitar el Congreso, puesto que las mismas están formalizadas en leyes y en la propia letra de la Constitución Nacional.
Resultados de la flexibilización
El caso de España resulta paradigmático para analizar los efectos de avanzar hacia una matriz de contratos laborales más flexibles.
El diario El País de España acaba de expresar: “el Gobierno de Rajoy afrontó la crisis con una reforma laboral que deprimió los salarios (su participación en el PIB ha caído en torno al 15% en los últimos cinco años) y aumentó la precariedad laboral. Lo más significativo de esta devaluación salarial es que ha afectado de forma mucho más intensa a los salarios más bajos y en aquellos mercados o sectores con menor retribución”.
“La temporalidad de los contratos laborales es de las más elevadas de las economías avanzadas”. Continúa El País: “una cuarta parte de los contratos que se firman en España dura menos de siete días. De todos los contratos firmados en agosto (de este año), apenas el 7,5% eran indefinidos. Los contratos de una semana, de un día incluso, son demasiados frecuentes”. Incluso en sectores de la enseñanza se multiplican también esas bajas de contratos de profesores en junio o julio (receso veraniego) para dar de alta al inicio del curso siguiente. Para el diario español se trata de “una práctica ahora mucho más flexible, que incita a comportamientos empresariales poco ejemplares y, en todo caso, poco acordes con el respeto a los derechos básicos de los trabajadores”.
Si bien las citas resultan extensas, conforman un documento revelador por sí mismo. Tiene además una importancia especial, debido a los múltiples vínculos –políticos e ideológicos— que existen entre el gobierno de Mariano Rajoy y el de Mauricio Macri.
En Latinoamérica, México ilustra claramente el impacto de estas políticas. Un 40% de la población cobra entre uno y dos salarios mínimos, lo cual no garantiza una existencia digna: el salario mínimo es de 111 dólares mensuales. De hecho, 4 de cada 10 personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Estos son los resultados estructurales que se impusieron a partir de la firma del NAFTA (1994).
Ahora el acuerdo está en renegociación, pero con la misma lógica de siempre. Sobre la cuestión laboral, la mira está puesta en México, que cuenta con una mano de obra mucho más barata que termina atrayendo a las multinacionales dedicadas al ensamblaje. Parece una rareza que sus socios (Canadá y Estados Unidos) le pidan a México que suba sus salarios para que esos dos países estén en condiciones de competir. También es paradójico que México, ante estas presiones, sostenga que no quiere resignar (más) soberanía para aplicar su política laboral, a pesar que tiene uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina.
Sucede que el proteccionismo de Trump desenmascara aún más el típico doble estándar de las potencias, que principalmente desde la crisis de 2007 se han calzado el traje del librecambio para colocarnos sus productos, pero luego, al momento de abrir sus fronteras, siguen siendo los más férreos proteccionistas. Pero no es algo nuevo. Veamos por ejemplo, que Estados Unidos era, ya antes de Trump, el país con mayor número de medidas de protección comercial. Y el Reino Unido, España, Alemania y Francia han implementado más medidas de protección que China. Estas posturas indican una clara defensa de su mercado interno, y un intento de exportarnos parte del ajuste por la vía comercial, entre otros canales.
Vuelvo al caso de España. Otra nota publicada en El País revela que “la recuperación económica se inició hace cinco años pero las cicatrices de la crisis aún son muy visibles. El ritmo de la mejoría ha sido desigual. Ha sido mucho más veloz para las rentas altas. El número de supermillonarios, con un patrimonio superior a 30 millones de euros, ha crecido un 23,9% desde finales de 2012”. Es decir, que aunque haya algo de crecimiento, la flexibilización laboral y las políticas neoliberales terminan empeorando las condiciones laborales y llevando a una mayor concentración de los ingresos.
Flexibilización laboral para que lleguen inversiones
También se sostiene que es necesaria la flexibilización laboral para que lleguen las Inversiones Externas Directas (IED).
Concentrándonos en Latinoamérica, la CEPAL plantea que la región se encuentra en una “difícil coyuntura”. Señala que “las entradas de IED disminuyeron un 7,9% en 2016, a 167.043 millones de dólares, cifra que representa una caída acumulada del 17,0% con respecto al nivel máximo de 2011. La caída de los precios de las materias primas continúa afectando a las inversiones que buscan recursos naturales (que siguen predominando en los países especializados en agricultura, minería y turismo), el lento crecimiento de la actividad económica en varias economías ha frenado la llegada de capitales en búsqueda de mercados, y el escenario global de sofisticación tecnológica y expansión de la economía digital tiende a una concentración de las inversiones transnacionales en las economías desarrolladas”.
Es una buena referencia para pensar en el tipo y calidad de la IED, y no sólo en si hay o no lluvia de fondos del exterior. Porque la calidad es en última instancia lo que determina el tipo de empleo que se generará y los salarios que se pagarán. Por eso, cuando se hable de ser más competitivos en el plano laboral, lo que se hace es competir entre países similares para ver quién paga menos y atrae más capitales de baja calidad. Esta es la agenda que tiene para ofrecer el neoliberalismo.
Una agenda que apunta a incrementar la ganancia del capital más concentrado, mientras que en paralelo configura estructuralmente a la economía y la sociedad. El objetivo es claro: que cada vez sea más difícil volver atrás.
