Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
En una entrevista con Clarín (14.03.19), el ministro Nicolás Dujovne sostuvo: “mantenemos nuestra visión de que en 2019 se está desacelerando marcadamente (la inflación) respecto al 2018”. La frase fue dicha el mismo día que el Indec dio a conocer el aumento del 3,8% del IPC Nacional de febrero, con un acumulado en el bimestre del 6,8% y un estimado para el primer trimestre que llegaría al 10%. El mes pasado fue el Presidente quien habló de la baja de la inflación antes de conocerse el elevado dato de enero. En resumen, una desaceleración que resulta invisible.
Una nueva dosis de posverdad, por llamarla de alguna forma. El ministro de Hacienda también comentó que “hay que ver la película”. Desconozco qué film es el que los funcionarios están viendo, porque en la película que yo observo desde que comenzó este gobierno, Mauricio Macri y sus funcionarios vienen diciendo que la inflación va a bajar, pero hasta ahora el resultado es el contrario.
Lo preocupante es que entre los rubros que más aumentan están los alimentos (5,7% en febrero y un 9,3% para el bimestre) y las tarifas de los servicios públicos, datos que nos señalan cómo impacta la inflación en los grupos de menores ingresos, y también en el bolsillo de la mayoría de los trabajadores, que aún no han recibido los aumentos por las paritarias y que ya vienen de una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
Este resultado inflacionario indica, en términos generales, que los precios de las tarifas y los bienes desregulados, como los combustibles líquidos, se trasladan en una gran proporción al resto de los precios, ya que incrementan significativamente los costos de producción de bienes y servicios. Ante esta realidad, la política monetaria o el efecto de la recesión es poco lo que pueden hacer.
Las estrategias del gobierno para evitar una mayor caída de los ingresos reales de la población son limitadas. Ya hablamos en esta columna del “adelantamiento” del ajuste del salario mínimo vital y móvil, y cómo los nuevos valores siguen siendo más que insuficientes.
En días recientes se conoció el decreto del incremento del 46% en la AUH anunciado por Macri en la apertura de sesiones del Congreso. La norma indica claramente que ese aumento contiene la movilidad prevista por Ley, “y las que resulten acumuladas durante el Ejercicio del año 2019”. Es decir, otro “adelantamiento” que significa que no habrá más aumentos durante este año. Teniendo en cuenta la inflación esperada por el REM del BCRA, el poder de compra de la AUH en diciembre próximo estaría por debajo del que se obtuvo en el primer trimestre de 2018.
Otra de las medidas, se dice consensuadas con las distintas fuerzas que integran Cambiemos, es el “postergamiento”, para el próximo verano, del cobro del 20% de las tarifas por el consumo de gas del invierno. Esta es una medida ilusoria (y bastante módica), ya que igualmente se terminará pagando la totalidad. La intención es que las tarifas del gas no afecten las elecciones. Además, el Estado se hace cargo de los intereses a costa de incrementar el gasto público, para que las empresas energéticas, que reciben tarifas ajustadas ya sea por el tipo de cambio o por los precios mayoristas, no pierdan su elevada rentabilidad.
Marcelo Bonelli comenta en Clarín (15.03.19) que “un informe de Jorge Todesca (director del Indec) para conocimiento de la Casa Rosada afirma: la desocupación podría aumentar 1,5 punto y llegaría al 10,5%”. Realmente preocupante, y lleva a pensar dónde ven muchos funcionarios del gobierno que se llegó al piso de la recesión. En verdad, brotes verdes invisibles.
El dólar está bajando. ¿A qué costo?
Preocupado por el aumento del dólar en la primera quincena de marzo, el gobierno ha desarrollado una amplia estrategia para contenerlo. Por supuesto, luego de obtener el apoyo del FMI.
Dujovne acordó en Nueva York que podrá utilizar hasta U$S 9.600 millones del crédito del Fondo para vender en el mercado argentino. El ministro sostuvo que el objeto de estas intervenciones es “hacernos de pesos, no hacer política cambiaria”.
Es un comentario poco comprensible. Por un lado, el gobierno estima que el año terminará con cero déficit fiscal primario, por lo cual los ingresos cubrirían los gastos y además el Tesoro viene colocando títulos en pesos. No queda claro por qué se necesita tal cantidad de pesos, provenientes de los dólares del FMI.
El ministro reconoce que con esas licitaciones habrá “una influencia sobre el mercado cambiario, pero el objetivo de esta operación no es alterar el tipo de cambio”. Además, las licitaciones de los dólares serán de hasta un máximo de U$S 60 millones por día hasta fin de año. Entonces, si el Tesoro tiene que hacer pagos en pesos para afrontar sus gastos, ¿por qué anticipa un esquema rígido de venta de dólares de forma diaria como si fuera una regla de política cambiaria?
La insistencia en intentar desconocer el contenido cambiario de estas operaciones tiene que ver con que el FMI sigue manteniendo su política de libre flotación cambiaria, y lo autorizado al gobierno argentino vulneraría esta postura. Por eso, y ya cómodos con la posverdad, han optado por disfrazar esta operación como “no cambiaria”. Cabe mencionar que el acuerdo original con el FMI no incluía esta opción de venta, con lo cual la autorización obtenida por el gobierno indica claramente un fuerte apoyo político del organismo.
La idea es sortear la mayor demanda de dólares que surja debido a la incertidumbre que siempre ronda cualquier acto eleccionario. Como ha sucedido en otras oportunidades, la principal magnitud de estas compras proviene de los flujos especulativos que son altamente volátiles, y a ellos está dirigida esta estrategia de venta de dólares por parte del Tesoro. Se sostiene así una ventanilla abierta para la fuga de capitales. Como ha sucedido en todos los esquemas de liberalización financiera y comercial. La deuda pública crece, y los dólares obtenidos con la misma terminan fugándose: el peor de los usos de la deuda externa.
La otra pata de la estrategia es el mayor endurecimiento de la política monetaria. El BCRA ha decidido que congelará hasta fin de año el nivel de Base Monetaria de febrero, que es más bajo que el de diciembre de 2018. Más aún, no habrá un ajuste por estacionalidad en junio, mes en el cual hay una mayor demanda de efectivo debido al aguinaldo y las vacaciones. Es previsible, entonces, que en junio se produzca un aumento de las tasas de interés de la economía, dado que gran parte de la demanda de pesos no podría ser cumplida. Recién en diciembre de 2019 se reconocería un aumento por las mismas razones estacionales.
En resumen, la producción sigue recibiendo la mayoría de los costos de la contienda antiinflacionaria, con tasas de interés altísimas que impiden financiarse a la mayoría de las empresas.
En este escenario, el presidente Macri acaba de sostener que “en la medida que se despeje la «duda política» hacia el futuro, la economía argentina va a tomar más impulso y vamos a volver a tener acceso al financiamiento para las pymes, que las personas puedan sacar un crédito hipotecario a 20 o 30 años y todo eso que tuvimos durante los seis o siete trimestres que crecimos”. Otra sobredosis de posverdad, que lo único que intenta es instalar “sólo nosotros podemos brindarles un futuro mejor”, a pesar de los incontables sufrimientos y la elevada inflación con aguda recesión, entre otros padecimientos, que han causado durante estos años de gobierno y seguirán causando de continuar las mismas políticas.
