Ambito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Se dice insistentemente que desde el Gobierno están entusiasmados con el aumento mensual del 0,7% del EMAE en diciembre (desestacionalizado). Probablemente, este dato haya llevado a diversos funcionarios a sostener que noviembre del 2018 es el piso de la recesión. En otras declaraciones, Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, sostuvo que se llegaría al piso en diciembre o enero.
Es sólo un dato puntual. Siguiendo con la comparación mensual, el EMAE creció en julio el 1,0% y en agosto el 0,9%, mucho más que en diciembre. Queda claro que este comportamiento no derivó en una mejora de la situación económica: todo lo contrario.
Pero más allá de los datos, ¿cuáles son las tendencias económicas que podrían generar un aumento de la producción? No las hay. En algún caso concreto, como el agropecuario, se obtendrán cifras positivas al compararlo con los efectos de la sequía de la cosecha pasada. También en aquel sector que tenga un aumento de producción por causas específicas, y teniendo en cuenta que se parte de niveles bajísimos, podría encontrarse algún otro incremento. Pero a nivel general, resulta muy poco probable.
El fuerte ajuste del gasto público que tendrá que darse en 2019 para llegar al compromiso de déficit fiscal primario cero ya de por sí estará comprimiendo la actividad económica. El escape a la aguda reducción en el gasto de capital en obras públicas, que el Gobierno centraba en los contratos de propiedad público privada, se está esfumando.
La dureza monetaria, tanto desde la reducción de los saldos de la base monetaria en niveles mayores a lo programado, como las altas tasas de interés, generan grandes complicaciones al financiamiento productivo.
La incidencia de los distintos factores de la política económica de Cambiemos pueden observarse en un hecho que sirve como ejemplo: el cierre de Metalpar, la mayor fabricante de carrocerías del país con los 600 despidos que acarrea.
La falta de demanda fue el principal argumento esgrimido por la empresa para su cierre, además de un incumplimiento de un plan de recuperación lanzado en octubre de 2017 conjuntamente con la Dirección Nacional de Relaciones Laborales. Las razones de este traspié: la imposibilidad de las empresas transportistas de renovar sus unidades ya amortizadas.
Informes del sector indican que existen cerca de 4.000 unidades en circulación con una antigüedad mayor a 10 años. El Gobierno podría haber obligado a estas empresas a renovarlas, pero no es el estilo de esta gestión que privilegia las decisiones del “mercado”. Tal estrategia tampoco hubiera sido efectiva, por las dificultades en obtener financiamiento a tasas compatibles con la rentabilidad de las transportistas. Otra política podría haber sido subsidiar a los compradores de las carrocerías, pero tales acciones, además de no ser bien vistas por el Gobierno, irían en contra de la obtención del déficit primario cero.
Otro de los temas que influyó significativamente en este desenlace es la relación comercial con Brasil en la cuestión automotriz: durante años hubo un intercambio compensado, que evitaba que las importaciones de automotores y sus partes desde Brasil superaran significativamente a las exportaciones de la industria argentina a dicho destino a través de un coeficiente llamado flex. Pero hace tiempo que este Gobierno permitió un “libre comercio” y dilató la compensación de ese flex hacia el futuro: mientras tanto, las liberadas importaciones fueron arruinando a las empresas de producción local.
En definitiva, la “normalidad” de la economía macrista (popularizada por varios funcionarios) resulta de una combinación de ajuste del gasto y de una fuerte restricción monetaria para controlar las fluctuaciones del tipo de cambio. Las cuestiones productivas dependen del resultado de este enfoque: tales secuelas no pueden ser otras que el deterioro de la producción local, en especial la manufacturera. Es por eso que se requiere un profundo cambio de modelo económico, que sólo se puede lograr con un cambio de Gobierno en las próximas elecciones.
