Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Hay coincidencia. El primero de los diez puntos que el gobierno propone discutir con la oposición plantea: “Lograr y mantener el equilibrio fiscal, tanto en la Nación como en las provincias”. Es lo mismo sobre lo que ha insistido en estos días Alejandro Werner, responsable del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, quien lidera la nueva misión del organismo internacional en la Argentina. El tema de fondo continúa siendo el Fondo.
Más en general, el acuerdo en torno a los diez puntos que propone el gobierno no es otra cosa que la ratificación de las políticas que el mismo gobierno refrendó con el FMI. La convocatoria es un llamado a apoyar el programa de Cambiemos. Ella sucede en un escenario en el que los “mercados” demandan certezas de continuidad: cualquiera que gane las elecciones en octubre debería comprometerse a mantener las políticas actuales. Más aún: lo central es que el programa continúe y se profundice. Por eso, si a ese objetivo no lo puede asegurar Mauricio Macri, entonces, hay que buscar otra figura que lo garantice. Para ellos, el candidato es el proyecto. El propio Presidente dijo, este último viernes en la inauguración del viaducto del Ferrocarril Mitre, que “por más dudas que haya, el camino es por acá”.
En ese camino único que ofrece el gobierno, lo que viene son las reformas previsional y laboral, un mayor recorte de los gastos para compensar los menores ingresos que genera la caída de la actividad económica, la garantía por ley de la llamada “independencia” del Banco Central, la continuidad del pago de la deuda tal como está pactada, entre otros aspectos.
Es decir: los diez puntos del acuerdo son los distintos tramos de ese camino único. Repasemos, uno por uno, esos puntos que el gobierno muestra como la síntesis de una amplia confluencia de la “política racional”.
El primero de ellos: mantener el equilibrio fiscal, es decir, profundizar el ajuste. Dos, sostener un Banco Central “independiente”. De nuevo, la eterna discusión sobre si el Banco Central debe funcionar en el marco de las políticas públicas que el gobierno lleva adelante o debe ser independiente de éste último y, por lo tanto, dependiente de los mercados y del Fondo Monetario Internacional. Tres, mayor integración al mundo, el eslogan número uno del actual oficialismo, que podría leerse como mayor subordinación a las políticas del Fondo y a los países centrales. Cuatro, seguridad jurídica, respeto de la ley, de los contratos y de los derechos adquiridos, intentando blindar los contratos y negocios concretados durante su gestión. Cinco, nuevas leyes laborales y creación de empleo a través de una legislación moderna, claramente una propuesta de flexibilización del mundo del trabajo. Seis, reducción de la carga impositiva nacional, provincial y municipal, en principio difícil de compatibilizar con el primer punto del equilibrio fiscal. Siete, avanzar con la reforma previsional, es decir, recortando aún más los derechos de los adultos mayores. Ocho, consolidar un sistema federal, con reglas claras que permitan el desarrollo de las provincias. Nueve, estadísticas transparentes. Diez, garantizar el cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. También aquí hay coincidencia: el vocero del FMI, Gerry Rice, dijo en estos días que la Argentina “está en el buen camino” y que “no se está discutiendo la posibilidad de cambiar el calendario de pagos”.
Pero hay un problema: las elecciones. Allí están obligados a legitimar la continuidad de este camino. Entonces, si Macri no da garantías de triunfo, la candidata podría ser María Eugenia Vidal. Pero también pueden convocar a un gran acuerdo nacional buscando sumar a los opositores “racionales” en una única propuesta electoral. De ese modo, todos juntos, darían mayores certezas de continuidad de las actuales políticas y aislarían lo que en las encuestas aparece como la nueva mayoría ciudadana. Lo que ellos llaman el componente “irracional” de la sociedad argentina.
En este contexto, el gobierno argentino enfrenta una fuerte debilidad. Pero, al mismo tiempo, cuenta con el decidido apoyo del gobierno de los Estados Unidos y, en particular,del presidente Donald Trump, quien apuesta a que las políticas de Cambiemos permanezcan luego de las elecciones.
Paralelamente, en la presentación de su libro “Sinceramente”, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso otro acuerdo distinto al que impulsa el gobierno. Lo llamó “un contrato social de ciudadanía responsable” al que convocó a participar a todos los argentinos y las argentinas. En esa misma línea, afirmó: “Nos hacen falta empresarios que piensen en el desarrollo del país”. Y vinculó su propuesta de contrato social con el Pacto Social implementado por Perón y su entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard, en junio de 1973. Este último, cofundador de la Confederación General Económica (CGE), impulsó desde el gobierno el mencionado acuerdo como un instrumento central de su política económica.
El Pacto Social se proponía promover la producción y, para ello, aumentó significativamente los salarios; luego, congeló los precios de los bienes y servicios y de los salarios por dos años; además, protegía la producción local de la competencia extranjera, instrumentaba facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales, restringía las remesas de utilidades al exterior y otorgaba líneas de créditos de hasta diez años en condiciones ampliamente favorables, entre muchas otras medidas para ampliar el mercado interno y desarrollar la industria. Y, si bien no son equiparables ambos momentos históricos, la mención a ese Pacto Social indica la reivindicación de un conjunto de políticas absolutamente opuestas a las propuestas por el gobierno actual.
Se trata de modelos de acuerdos que están en las antípodas. El impulsado por Cambiemos busca favorecer a los sectores concentrados de la economía y a la especulación financiera. El esbozado el jueves por la ex Presidenta, propone el desarrollo del país sostenido en el mercado interno, la creación de empleo de calidad y la protección de la producción nacional.
En lugar de un acuerdo donde la mayoría se esfuerza y sólo una minoría se beneficia, se propone un contrato social donde el esfuerzo y los beneficios sean compartidos y equilibrados.
Son dos acuerdos opuestos. Son dos Argentinas distintas.
