Tiempo Argentino | Opinión
Por Juan Carlos Junio
La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar”, la famosa frase de Mauricio Macri de 2014, si bien es un suceso como ejemplo de sofisma político, no debe dar lugar a conclusiones apresuradas.
La actual gestión no constituye fracaso alguno si se la pondera a la luz de los objetivos de fondo, que se corresponden con los intereses económicos y la ideología que representa como expresión directa del establishment foráneo y local. Esto es: revertir las conquistas sociales y culturales de la década previa y preparar el terreno para la continuidad de la extracción en escala de rentas y de riquezas. Este proyecto es proclamado por Macri como “la vuelta a la normalidad”. Claro que la idea no es original, ya que su verdadero fabricante es el FMI, quien trata de expandirla en toda nuestra región.
En este contexto, una a una se siguen derrumbando las posverdades de Cambiemos. En la semana se conoció que la inflación de 2018 alcanzó al 47,6% (el dato más elevado desde 1991, cuando había sido de 84%). Comparada con la que proyectaban las autoridades a principios de año, la pifia adquiere una dimensión extravagante, ya que la inflación triplicó el 15% de la recordada conferencia de prensa montada para el Día de los Inocentes (28/12/17).
Los alimentos y bebidas fueron los que más subieron en todo el año, un 51,2%, por encima del nivel general. En el Gran Buenos Aires el pan y los cereales aumentaron el 65% en un año, casi veinte puntos por encima de la inflación promedio. El transporte público, vital para movilizarse, creció incluso más (69,5%). Estos aumentos golpean de lleno a las familias de ingresos medios y bajos, que destinan la mayor parte de sus presupuestos a estos rubros básicos.
Las razones de estos impactos hay que buscarlas en la esfera de la política económica. En el caso de los alimentos, los precios reflejan el efecto de la devaluación de todo el 2018 (105%), cuando el tipo de cambio pasó de 18,95 pesos por dólar a 38,83 pesos. En este contexto la harina, por ejemplo, trasladó la totalidad del efecto cambiario, y un poco más, ya que subió un 172%, reflejando también la suba del precio internacional del trigo y otros costos.
Las responsabilidades son evidentes. Entre ellas, la liberalización por completo del mercado de cambios y la flotación irrestricta. La situación se agrava con la eliminación de regulaciones y programas destinados a proteger el mercado interno, lo que deja aún más expuestos a los sectores populares.
En cuanto a los denominados precios “regulados”, entre ellos el transporte, pero también la energía y la salud, la suba deviene de la estrategia tarifaria adoptada desde el inicio de la gestión. Si algo ha caracterizado al gobierno es su firmeza por mantener la línea que le garantiza elevadas rentabilidades a las empresas prestadoras de servicios públicos.
En el caso de la salud, los precios también crecieron por arriba del promedio (50%), motorizados por el alza de los medicamentos y de la medicina prepaga.
Todo indica que la política tarifaria seguirá impulsando la inflación en este comienzo de año. En CABA, con el incremento del subte del pasado martes (1 peso), y los aumentos de otros 2 pesos en marzo y abril, respectivamente, el pasaje terminará situándose en 21 pesos. Un aumento del 180% en un año. Se desnuda la falsa propaganda del atraso tarifario del kirchnerismo como mascarón de proa para arremeter contra los usuarios del transporte público. Si seguimos aquello de “por sus frutos los conoceréis”, veremos que las que ganan siempre son las grandes empresas.
En cuanto a las tarifas eléctricas, en febrero el precio mayorista de la energía a nivel nacional registrará una suba del 26%, más un 5% en mayo y otro 5% en agosto, lo que implicará un aumento acumulado del 39% con relación al valor actual. Otro golpe para el usuario.
En gas la política es similar, pero se deben sumar las prebendas. En la resolución 12 del Enargas se establece que los usuarios finales deberán pagar un costo financiero por el tiempo transcurrido entre el momento del suministro del servicio y el pago, que suele ser a los 60 días. Con esta medida el gobierno vuelve a cargar contra los hogares, tras el fallido intento de meses atrás de que éstos se hicieran cargo de las diferencias cambiarias que la devaluación les ocasionó a las distribuidoras. En ese momento el rechazo de la sociedad fue muy fuerte, por lo que el gobierno determinó que sea el Estado quien absorba el costo, protegiendo la ganancia de las prestadoras privadas. Una vez más se verifica que los grandes grupos no admiten perder un solo centavo. Por el contrario, especulan y presionan para potenciar sus ganancias.
Queda de manifiesto nuevamente que la inflación no es un designio de la naturaleza. La suba de precios es una clara demostración del poder que poseen los formadores de precios en la denominada puja distributiva. Las políticas públicas son las encargadas de preparar el terreno y proteger las altas rentas de las corporaciones formadoras, quienes, por su poder, tienen la potestad de marcar los precios, y son también sus beneficiarias directas.
Los velos se terminan de correr y se van refutando viejas creencias. Una de ellas es que la inflación es un fenómeno monetario. Si ello fuera así, los precios no seguirían aumentando tras el burdo congelamiento de la emisión por parte del Banco Central, una medida casi sin precedentes. Tampoco la causa es el déficit fiscal, ya que se ha venido reduciendo a pasos acelerados.
Otro componente que suele mencionarse como gran culpable es el salarial, aunque aquí tampoco aplica. El crecimiento del salario nominal hasta octubre de 2018, último dato disponible, fue del 26,2% interanual para el total de la economía, muy por debajo de la evolución de precios del Indec. De esta forma la caída interanual del salario real llegó en ese mes al 13,5%. Lo mismo pasa con las jubilaciones mínimas y la AUH (+28,3%), que han ido por debajo de los precios.
En suma, la inflación es un notorio mecanismo de transferencia de ingresos entre sectores de la población. De trabajadores y de pymes a grandes empresas. Los últimos datos del Indec así lo indican, según surge de la cuenta de Generación del Ingreso del tercer trimestre: la participación de los trabajadores en el ingreso total de la economía se redujo en un año 5 puntos porcentuales, pasando del 50,6% al 45,9%. Como siempre, la caída del poder adquisitivo no afectó a todos por igual. Algunas empresas, fundamentalmente las de servicios públicos, salieron ganando. Los trabajadores perdieron por doble vía: por salarios que se ajustaron por debajo de los ingresos empresariales, y por un menor nivel de empleo (12 mil puestos de trabajo menos, hasta el tercer trimestre, según los números oficiales).
La tendencia indica que el deterioro en términos de la apropiación de las rentas seguirá profundizándose. Sea por mayor avance de la inflación o por la evolución que tendrá el desempleo. No podrá ser de otra manera mientras el programa del gobierno y del FMI siga golpeando las bases del mercado interno.
La política económica no debe medirse en términos de las capacidades de sus ejecutantes, tal como sostiene el Presidente Macri, sino de la eficacia para dar con los objetivos de fondo –no declarados— que desean alcanzar. Y en esto el gobierno muestra una postura inquebrantable en su objetivo de beneficiar a los sectores más concentrados.
Como decíamos al inicio, el macrismo va cumpliendo con su modelo político-económico. Por eso, nuestro objetivo en este año electoral es derrotar en las urnas al proyecto político conservador que encarna la alianza Cambiemos.
