Nuestras Voces | Opinión
Por Carlos Heller
Promediando la mitad del tercer año de gobierno, se ha generalizado la opinión de que la economía argentina está atravesando momentos “difíciles”, para usar una expresión del Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Tal percepción suele centrarse en la inestabilidad cambiaria. La inflación, si bien creciente, ya no es novedad. Las inquietudes las genera el movimiento de la divisa norteamericana.
Desde una posición ortodoxa el diagnóstico es la falta de credibilidad, hipótesis que fuera profusamente utilizada para juzgar al gobierno anterior. Sin embargo, a un año y medio de concluir su mandato, el gobierno actual no ha logrado revertir esa carencia, a partir de la fallida “lluvia de inversiones”. Es más, desde las posiciones políticas más diversas se habla de una economía amenazada. ¿Se debe a impericia, mala fortuna, error de diagnóstico o es consecuencia del modelo hecho y derecho?
Podría decirse que es producto de todas esas variables, pero ‒sobre todo— hay mucho de lo último. La impericia está, por ejemplo, en casos de cierta desprolijidad, idas y venidas con anuncios (como el del impuesto al turismo) o cambios de las condiciones de una licitación sobre la marcha “por consejo de los interesados”, según declaró el propio gobierno. Como mala fortuna podría señalarse la sequía que derrumbó la producción agropecuaria un 30%. El error de diagnóstico está por ejemplo en pensar que el mundo “se abre” cuando en realidad el mundo “se cierra”, como muestra el creciente proteccionismo en la OMC. Pero, como veremos, estas cuestiones no son decisivas por sí mismas para llevar a la economía argentina a esta encrucijada. La causa determinante de nuestro presente es la política económica que configura el modelo neoliberal.
La elección fue abrir la economía, subir las tasas de interés, desregular los precios, endeudarse con el exterior. Una serie de medidas que tarde o temprano llevarían a la economía argentina a esta situación. Fue más temprano que tarde, seguramente por la confluencia de factores. Pero el recorrido de la desregulación comercial y financiera, y el repliegue del Estado de la administración de precios sensibles como los servicios públicos, lleva inexorablemente a un estrangulamiento del balance de pagos y a un incremento de la desigualdad y los niveles de pobreza.
El acuerdo con el FMI no significa un cambio de rumbo. No es un viraje del gobierno hacia otras salidas. En todo caso es una cuestión de velocidades, como ha definido el ministro Rogelio Frigerio: “el gradualismo será menos gradual”. Es otra cara del ajuste, que empezó en diciembre de 2015 cuando el dólar pasó de $ 9 a $ 14, cuando se quitaron retenciones a los productos agropecuarios que elevaron los precios para el consumidor local, cuando comenzaron a quitarse los subsidios a los servicios públicos, sin el menor reparo en las pymes, los clubes de barrio ni los electrodependientes.
El núcleo de la política económica que se consagró en el acuerdo con el FMI ya se venía realizando. Por ejemplo, la amenaza de la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que figura en el memorándum con el FMI ya aparecía en la “Ley Ómnibus” cuando se presentó el Blanqueo y la llamada Reparación Histórica a los Jubilados. Ahora el Gobierno lo que ha logrado es contar con un ejecutor de esa política e intenta empoderarse con el FMI para torcer la voluntad de las provincias.
En este marco está en marcha el gran operativo “Presupuesto 2019” para lo cual planean recortar $ 300 mil millones (confirmado por Dujovne); pasar de un déficit fiscal de 2,7% del PBI a 1,3%, y llegar al año 2020 con déficit fiscal cero. Todos los esfuerzos están puestos en esa dirección. El Gobierno presiona al Congreso, pues de no aprobarse el ajuste planteado en el proyecto de Presupuesto 2019, va a ajustar repitiendo el Presupuesto 2018, con cifras que no recogen el 30% de inflación que esperan los analistas para este año.
Los aumentos de precios están operando como el principal mecanismo de licuación del gasto y de los salarios: se intenta frenar el proceso inflacionario vía recesión. Por eso tienen lugar la devaluación para limitar importaciones, la contracción monetaria, la suba de los encajes bancarios, y las tasas de interés elevadas.
Fue la propia política del gobierno la que lo ha llevado a esta situación. Los exportadores fueron beneficiados al no tener que liquidar las divisas, pero los importadores tienen que conseguir esos dólares para pagar las importaciones que han sido liberadas. A mayo, el déficit comercial acumulado en un año fue de U$S 11 mil millones. Si el precio de la divisa lo pone el mercado, en esta situación de déficit crónico en el balance de pagos el dólar sube. Es absurdo que la administración de un activo tan escaso, que genera un problema crónico y atraviesa a toda la economía nacional, quede en manos del mercado. Para completar, el presidente Macri ha vuelto a declarar que la política de reducción de las retenciones no se toca, aunque su objetivo principal es reducir el déficit fiscal (y a pesar de que esa modificación ha sido solicitada por el FMI, lo cual da una idea clara de quiénes son los beneficiados por la gestión del actual gobierno).
Con la crisis en ciernes, ésta y otras contradicciones quedan más expuestas. Durante más de dos años se ha venido aplicando una política muy agresiva de quita de subsidios a los servicios públicos, siendo particularmente sensibles aquellos vinculados a la luz y el gas. En esta materia, el ministro de Energía, Javier Iguacel, aseguró que continuará la quita de subsidios, y reconoció que si bien los consumidores ya pagan la tarifa plena de los segmentos de transporte y distribución (tarifa plena al día de hoy, puesto que se ajusta por precios mayoristas), aun queda mucho por avanzar en el segmento de generación, debido a que la electricidad se nutre de combustibles importados. El hecho externo fortuito no contemplado de la suba del petróleo –por mala fortuna o error de diagnóstico— no tendría el impacto que hoy tiene si el gobierno no hubiera liberalizado los combustibles y el dólar.
Este tipo de políticas que el Gobierno presenta como meritorias son las que terminan detonando más adelante y para las cuales luego se buscan explicaciones ad hoc en hechos fortuitos, como la referencia del presidente Macri acerca de que “estamos pasando una tormenta”. En realidad, son consecuencias de un programa de gobierno que ya se ha mostrado perjudicial para la Nación.
