21/01/2012 Revista Debate - Nota
POR CARLOS HELLER
En el año del cooperativismo, asoman oportunidades para continuar avanzando en la dirección impuesta desde 2003.
El año 2012 tiene para nosotros, los cooperativistas, un significado especial pues ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas.
Renombrados analistas afirman que estamos en un tiempo histórico de transición, en el cual se perfilan perspectivas de cambios profundos y globales. Parecería que se avecina un horizonte con colores del fin de una época.
La crisis del sistema capitalista se presenta como profunda, estructural y si bien no de hegemonía en el capítulo de las ideas y la cultura, sí de sustentabilidad. Nuevas puertas se le abren a la humanidad y, en general, están signadas por valores diferentes y contrapuestos al lucro y al individualismo. Una era de cambios de época y un período de transición que nos toca vivir.
En todo caso, tenemos claro que ese tránsito no será un proceso lineal, mecánico, ni exento de las resistencias de los sectores poderosos que han sido artífices de los diferentes modelos basados en la explotación humana, en la expoliación de la naturaleza y en la industria de las guerras. En América Latina, tenemos evidencias acerca de la coexistencia compleja de gobiernos que prosiguen con políticas neoliberales inauguradas por las dictaduras militares, y otros que se plantean rupturas sustantivas con los andamiajes del neoliberalismo prevalentes durante el último cuarto del siglo XX.
Todas estas consideraciones las estamos propiciando desde una visión que percibe un camino plagado de promesas y también de amenazas. Defendemos la unidad de Nuestra América, desde la comprensión de que constituye la tarea principal del actual momento histórico. Impulsamos, a pesar de todos los riesgos y contradicciones palpables, un proyecto de Patria Grande en el cual, por un largo período, convivirán proyectos francamente divergentes y aun antagónicos. La constitución de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) es un claro ejemplo en este sentido. Se dio un gobierno bajo la forma de triunvirato y su primera composición la integran Sebastián Piñera, de Chile; Raúl Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela. Esta fotografía revela la magnitud de la apuesta a la unidad pero también sus complejidades.
Leemos los desafíos en esta clave latinoamericana, y desde esta perspectiva nos introducimos en los debates sobre el camino que en la Argentina asumió nuestro Pueblo y el gobierno legitimado por una avalancha de votos en octubre de 2011.
Saldo más que favorable Los análisis acerca de lo conquistado en estos ocho años son abundantes y permiten comprender el acompañamiento masivo en la construcción de un proyecto político que la Presidenta ha definido como nacional, popular y democrático. Quienes se han opuesto hasta la exasperación han sido los factores de poder tradicionales, como la Sociedad Rural Argentina, el conglomerado de medios oligopólicos y el consabido espectro de los otrora factores de poder. Esos mismos que apoyaron y legitimaron la dictadura militar y que no ahorran tintas para definir como un peligro para la democracia, “su” democracia más precisamente, el hecho de que la Presidenta haya sido reelecta con un 54 por ciento de los votos.
Los partidos políticos que integraron el “grupo A” no han hecho otro papel que el de partenaires secundarios de la saga patética de un obstruccionismo sistemático frente a la iniciativa gubernamental. El gobier- no de Néstor Kirchner primero y luego el de Cristina Fernández han plasmado realizaciones impensables apenas diez o doce años atrás en materia de derechos humanos, integración regional, derechos sociales, avances culturales, democratizaciones diversas de la riqueza, de la palabra, de la cultura.
En su discurso inaugural la Presidenta habló de “sintonía fina”, una metáfora clara acerca de lo logrado y lo pendiente. Hay muchas políticas que fueron acertadas y que sólo deben seguir su curso. Tal es, por caso, la política exterior en su incansable lucha por la unidad latinoamericana.
Otras asumieron un rumbo correcto y ameritan una profundización creciente, como el conjunto de políticas sociales asociadas a la defensa de los sectores más vulnerables.
Un tercer tipo de políticas sólo han resuelto parcialmente sus campos específicos de incumbencia y requieren redefiniciones sustantivas, como ocurre con las políticas de educación o salud. Es cierto que el Estado Nacional asumió fuertemente acciones reparadoras.
Por caso, la asignación universal por hijo o la entrega de computadoras son factores que contribuyen a la democratización del acceso a la escuela. Pero también es cierto que no hay un verdadero sistema educativo nacional y que está pendiente la discusión de un modelo pedagógico que sea plenamente compatible con el orden social que se está construyendo.
Sostener que la calidad educativa es la elevación de los resultados en matemática o lengua de una prueba estandarizada es algo que puede decir y defender un funcionario con pensamiento neoliberal y tecnocrático.
Educar es formar para la soberanía cognitiva, para el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad -el pensar, el decir, el hacer, el sentir-, para el trabajo liberador o para una ciudadanía en una democracia protagónica y participativa. Sólo en la formación de hombres y mujeres libres para la construcción de un proyecto colectivo adquiere sentido aprender matemáticas o lengua, herramientas basadas en el conocimiento que nos permite comprender y actuar.
Un cuarto tipo de políticas, minoritarias pero significativas, son aquéllas que requieren una total reformulación, en consonancia con los principios transformadores de este proyecto. El caso de la política de explotación minera, que habilita un extractivismo perjudicial para nuestras riquezas, con un costo inadmisible en términos de deterioro ecológico, merece un proceso de debate y decisiones que procure alinear esta actividad económica bajo un patrón sustentable y basado en principios de justicia social y de independencia económica.
En suma, puede decirse que el camino trazado va en la dirección correcta y en ese camino resulta auspicioso impulsar la “sintonía fina” que supone ratificaciones, profundizaciones, revisiones y reformulaciones según el caso de que se trate. En estos años, el Estado y el Gobierno nacional no han arado en el mar, han generado un impulso popular que tiene que encontrar un cauce organizativo para refundar un modo de construcción de la política pública profundamente democrático.
Por ahí vamos, hay antecedentes y hay que seguir explorando esos caminos.
Caminos y disputas Queda claro que el gobierno no actúa en un vacío histórico, y tiene contendientes ajenos -y también propios-, que intentarán obstaculizar el sentido emancipador del proyecto en construcción. La Ciudad de Buenos Aires y su gobierno es la expresión más acabada del proyecto restaurador neoliberal y autoritario que dominó este país a partir de 1976 y con particular energía entre 1989 y 2003.
Un dato paradigmático en este 2012, que como dijimos es el Año Internacional de las Cooperativas, es el veto de Mauricio Macri en relación a la defensa de las fábricas recuperadas que se organizan en general de acuerdo a la forma de cooperativas. Por tanto, en el año de las cooperativas el jefe de gobierno ataca directamente una norma protectora de estas empresas solidarias que había votado el propio bloque oficialista PRO. Una verdadera señal del carácter de clase de este gobierno.
Ahora bien, este hecho deja evidencias de que la derecha neoliberal, que fue derrotada en 2003, no está ni muerta ni se ha rendido, da la batalla por reinstalar un modelo de injusticia profundo que sumió a nuestra región y a nuestro país en un infierno del que vamos saliendo con un gigantesco esfuerzo colectivo.
Así como la derrota de 2009 impulsó a nuestra Presidenta a asumir decisiones profundamente transformadoras con una gran audacia, tal vez éste sea el momento -legitimado ya este proyecto en las urnas- de apuntalar el apoyo conquistado impulsando la profundización de la democracia.
De la misma manera que ocurrió con la Ley de Medios, tal vez el Parlamento pueda desplegar un nuevo modo de legislar, articulando a las organizaciones sociales y sus demandas con la labor legislativa. Nuestro lugar de lucha principal es el de la construcción de un orden jurídico consistente con los ideales de libertad, igualdad y justicia a la que nos convocó nuestra Presidenta.
En ese espíritu, hemos presentado -producto de una larga lucha del movimiento cooperativo de crédito- el proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, acompañado de un millón de firmas de entidades y personas comprometidas con la construcción de una democracia protagónica y participativa.
Tanto la superación de la nefasta Ley de Entidades Financieras, como también la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, tienen la oportunidad de ser sustanciadas con la sanción de una legislación que concibe al sistema financiero como un servicio público e introduce la noción de derechos en materia de atención bancaria sin intolerables exclusiones ni inadmisibles exclusivismos. Un modo, ciertamente eficaz, de dar nuevos pasos en la consumación de una sintonía fina que las mayorías populares acompañarán con alegría y decisión.
