Tiempo Argentino | Editorial
Para los grupos empresarios y los medios de comunicación hegemónicos es inaceptable la injerencia del Estado en la propiedad privada y en los negocios de las empresas.
Por Juan Carlos Junio
El Poder Ejecutivo presentó tres proyectos con el fin de actualizar la legislación vigente para proteger a la ciudadanía de los abusos que se generan en las esferas de la producción y del consumo. La iniciativa ha sido fuertemente cuestionada por los grandes grupos empresarios y los medios de comunicación hegemónicos, desde una perspectiva ideológica tradicional de las grandes corporaciones: para ellos es inaceptable la injerencia del Estado en la propiedad privada y en los negocios de las empresas.
La serie de proyectos contempla la creación de nuevas instancias para la resolución de conflictos que perjudican a usuarios y consumidores, así como también la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Sin embargo, el punto nodal de la discusión gira en torno a la modificación propuesta para la Ley de Abastecimiento. La norma, vigente desde 1974, generó siempre cuestionamientos legales. Con el actual proyecto, desde el gobierno se plantea un doble objetivo: dejar atrás las objeciones a la vieja ley y actualizar algunos conceptos importantes, poniéndolos a tono con la realidad actual.
En los fundamentos se fijan claramente sus puntos esenciales: "Evitar abusos y proteger el bienestar general de la población garantizándole sus necesidades básicas o esenciales", una máxima que en principio nadie se atrevería a discutir. Sin embargo, la corporación empresaria nucleada en el G-6 realizó un rechazo descalificador, a todas luces desmesurado, que apunta a repeler abiertamente cualquier intento de regulación estatal y muy particularmente cuando se trata de esclarecer el funcionamiento de las cadenas de valor, a partir de lo cual se transparentan los costos verdaderos y las tasas de ganancias que en muchos casos son un atropello al ciudadano.
Es tal el repudio integral al espíritu y la letra de la ley, que soslaya incluso la incorporación de algunos cambios que moderan el texto anterior, como la supresión de las disposiciones sobre expropiación, intervención de empresas o las penas de prisión.
Desde las corporaciones, la reacción y los argumentos fueron desproporcionados y en algunos casos, verdaderas zonceras conceptuales. Una que aparece en el documento del G-6, señala que "la experiencia internacional demuestra fehacientemente que las economías funcionan y se desarrollan satisfactoriamente en los países en que el Estado no interviene en forma arbitraria y, por el contrario, en aquellos pocos donde prevaleció el intervencionismo discrecional se profundizó el desabastecimiento de bienes y servicios". La cita no deja de ser sugestiva por varios motivos, entre ellos, porque uno de los ejes al que se apunta en el proyecto es evitar posibles desabastecimientos de bienes y servicios que afectarían la vida de las personas. Otra muletilla de las patronales es que el proyecto es "extremista". Lo cierto es que está lejos de ser revolucionario, en el sentido habitual del término, como pretenden presentarlo, ya que el espíritu de este tipo de leyes es de larga tradición en los países desarrollados. Francia, por ejemplo, tiene normas que le otorgan al Estado la potestad de fijar márgenes de ganancia en la cadena de valor. Y en materia de defensa de la competencia, entre los casos más resonantes del año 2013, la Corte General de la Unión Europea impuso una multa de 1060 millones de euros a la empresa de microprocesadores Intel, acusada de violar las leyes y abusar de su posición dominante. Estados Unidos ha sido, desde el New Deal, liderado por Franklin D. Roosevelt, un país con una importante legislación antimonopólica. En este punto es interesante recordar el valioso aporte de John W. Cooke en el Parlamento, a partir de su gran iniciativa de leyes antimonopólicas. Señalaba Cooke: "De Gaulle dijo que no se podía seguir tolerando a los trust", y agregaba de su propia cosecha que "Roosevelt es el estadista moderno que más efectiva campaña ha llevado contra las grandes concentraciones monopólicas". No parece creíble que se fundamente que estas leyes tengan resonancias revolucionarias. Es sólo un burdo intento de descalificación que habla muy mal de quienes usan este artilugio desde una visión ideológica primitiva.
El debate en cuestión constituye una oportunidad interesante para analizar el posicionamiento y los intereses que predominan en la oposición política, que ya anunció su rechazo con el argumento de que el Ejecutivo busca "institucionalizar la persecución de empresarios y productores que piensan diferente del gobierno", como afirmó Gerardo Morales (UCR). Lo propio sostuvo la senadora Gabriela Michetti (PRO), quien reiteró que la creación de los dos nuevos ámbitos previstos en las dos leyes de defensa del consumidor "son aumentos del gasto público". La afirmación expresa su matriz neoliberal, ya fracasada en la práctica económica y social en nuestro país y en todo el mundo.
Todo indica que resulta imprescindible contar con un nuevo cuerpo de regulación en materia de producción y consumo para dotar al Estado de las herramientas que preserven a los sectores más vulnerables de la población. Este punto cobra más fuerza aún en un marco de elevada concentración y extranjerización como el que existe en la estructura económica local, donde cerca del 80% del aceite que se consume lo producen dos empresas: Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. El 78% del segmento de los lácteos es manejado por La Serenísima y Sancor, mientras que en los enlatados, como tomates y arvejas, la posición dominante la ejerce Arcor, con el 70 por ciento.
En la última década, desde el Estado se dieron pasos fundamentales para la defensa de los sectores más vulnerables y las grandes mayorías sociales, algunos de ellos impensados poco tiempo atrás. Recientemente se generaron nuevas iniciativas como Precios Cuidados, el Régimen Informativo de Precios y ahora la creación de un Fuero del Consumidor y un Observatorio de Precios. Esta batería de medidas posibilitará que el Estado pondere los costos empresarios para impedir los ya tradicionales abusos en los precios que luego pagan los ciudadanos. Resulta lógica la resistencia de sectores monopólicos que buscan conservar el statu quo, sus privilegios y ganancias. Una vez más, estas iniciativas demuestran la notable potencia que subyace en la política como instrumento para seguir ampliando los límites de lo posible y continuar en la senda de las transformaciones económicas y sociales.
Nuevamente, vale la pena recurrir a Mariano Moreno: "El monopolio es un atentado contra la libertad humana."
