BAE | Opinión
Por Carlos Heller
El Gobierno quiere eliminar la exención de dicho impuesto que tiene el sector
Dentro del paquete fiscal presentado por el Gobierno, se pretende eliminar la exención del Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales que presten servicios financieros o de seguros.
Esta puede ser la punta de lanza para extender este gravamen a la totalidad de las cooperativas.
A despecho de todas las declaraciones de organismos internacionales, en las cuales se destaca la importancia de las cooperativas como un instrumento positivo en los procesos de producción y distribución, se intenta con el paquete fiscal igualar a las cooperativas con las empresas lucrativas, una cuestión que resulta inaceptable desde el propio sentido común.
Pero la diferencia de las cooperativas respecto a las empresas lucrativas está firmemente establecida en las propias leyes de nuestro país. Y una de las grandes diferencias es la inexistencia de ganancias en las entidades cooperativas.
De acuerdo a la vigente Ley de Cooperativas 20.337, estas entidades no persiguen ni pueden perseguir propósitos de lucro, ya que la normativa manda retornar a sus asociados los importes percibidos en exceso de su costo, y en proporción a los servicios utilizados y nunca respecto al capital aportado. Incluso las reservas que constituyen su capital, jamás retornan a los asociados, ni aún en el supuesto de liquidación de la entidad, pues deben ser transferidos a los organismos públicos de fiscalización y promoción cooperativa.
En la ley actual, las cooperativas son sujetos del impuesto a las ganancias y a su vez son objeto de una exención, esta última que pretende eliminarse con las nuevas normas tributarias. Por lo expuesto, las cooperativas ni siquiera deberían estar sujetas al gravamen sobre ganancias, algo que no generan. Al pretender gravar a las cooperativas con el impuesto a las ganancias, se deja de lado la doctrina, la historia, la tradición. Una cuestión que -además del impacto económico que puede tener sobre esas entidades- significa un grave retroceso desde el punto de vista del reconocimiento del rol de las entidades cooperativas y de las mutuales.
La ONU fue concluyente al elegir el lema del año internacional de las cooperativas 2012: “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”. Entre los objetivos de esta declaración, la ONU se propuso “crear mayor conciencia del público sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, así como “alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución y el crecimiento de las cooperativas”. En el mismo sentido se pronunció la OIT en 2002 y otras tantas entidades internacionales.
El actual gobierno argentino parece ir en contra de estos reconocimientos internacionales. Por ejemplo, los legisladores oficialistas no dieron quórum en la reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales para tratar el proyecto de Carlos Castagneto que declara la emergencia económica para las empresas recuperadas. Tampoco se acercaron los legisladores que responden a Cambiemos para escuchar a las entidades del sector cooperativo y mutual que se hicieron presentes en el Congreso para expresar preocupación por el propuesto gravamen a las supuestas ganancias de esas entidades.
Cada vez resulta más evidente la falta de interés del gobierno actual por fomentar las empresas de la economía social, que podrían incrementar la equidad y solidaridad de la economía.
