Un aumento en el involucramiento del Estado en la actividad económica, para acotar los vicios e impactos negativos que ocasiona el libre mercado
POR CARLOS HELLER *
Hace un año exactamente que publiqué en esta revista un artículo sobre la inflación, y la discusión tiene total vigencia, dado que es un fenómeno que persiste, como también persiste su origen. Sin embargo, puede citarse un cambio importante desde aquel entonces, y es que desde el gobierno se ha comenzado a hablar de la inflación y sus causas, reconociendo su origen en la puja distributiva, cuestión esencial para poder diseñar medidas que encaren este problema.
Comentábamos en la nota citada, que el origen de la inflación es estructural, fruto de la puja distributiva, que es bastante desigual, puesto que los precios siempre le terminan ganando a los salarios, salvo en períodos recientes en los cuales algunos sectores de trabajadores tuvieron un incremento en su poder de compra, cita que mantiene total vigencia hoy.
También que la capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculada con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos.
Sosteníamos en aquella oportunidad que el centro hay que ponerlo en los costos de las empresas, del cual los salarios son una parte menor en términos macro (esta relación siempre depende del rubro) y, fundamentalmente, en las ganancias de las mismas. Si no se pone un límite a la generación de ganancias, sea con controles de precios a través de los costos de las compañías o por medio de sistemas impositivos altamente progresivos que desalienten la generación de márgenes de rentabilidad excepcionales, será muy difícil encarar una verdadera distribución del ingreso.
Expresé en una entrevista reciente que los actores que aparecen más preocupados por la inflación son, precisamente, los formadores de precios, intentando poner la cuestión en otro lado, en la emisión monetaria, o en la necesidad de enfriar la economía, para desviarla de su responsabilidad en los aumentos de los precios.
Es interesante resaltar la opinión del Gobierno sobre estos temas, a partir del discurso de la presidenta Kirchner en la presentación de los Acuerdos para el Desarrollo de Mercados Concentradores Regionales. Dijo que se “debería terminar con la costumbre yo digo consuetudinaria de algunos sectores de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía precios y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión”, aunque luego resaltó que existen sectores que deciden invertir para resolver el tema de la demanda, y claramente establece la necesidad de “...la intervención en políticas activas por parte del Estado para, precisamente, resguardar estas cosas”.
Se plantea un Estado activo, regulando mercados y las cadenas de producción y distribución, un enfoque con el cual concuerdo plenamente, y que coincide con las demandas históricas que hemos sostenido desde el movimiento cooperativo de crédito.
Inflación y alimentos El fenómeno de la suba de precios está motorizado por una de las características positivas del modelo, que es el mayor poder de compra de la población, a partir de una política de redistribución de ingresos que se produce, muy paulatinamente, a partir de las remuneraciones de los asalariados, que crecieron en 2010 un 26 por ciento, con una dispar evolución, el 29 por ciento para los trabajadores registrados y un 23 por ciento para los no registrados.
La distribución también se realiza a través de las jubilaciones y pensiones, que con la última suba del 17,33 por ciento, a partir de marzo de 2011, se llega a un incremento acumulado del 78 por ciento desde que se inició la aplicación de la movilidad jubilatoria (desde marzo de 2009), aumentando significativamente en términos reales, de tal forma que la jubilación mínima ya alcanza al 66 por ciento del salario mínimo y vital. Otra de las importantes herramientas distributivas ha sido la asignación universal por hijo, prestación cuyos valores urge actualizar.
En los inicios del 2010, el motor de la suba de precios fue la carne, que recuperó su valor en términos relativos respecto de otros productos; este incremento mejoró la rentabilidad de los productores de carne, aunque disminuyó el consumo de la población comparado con años anteriores. En los inicios de ese año, un fenómeno mucho más extendido, originado en los mercados internacionales, está impactando en los precios internos, y es el aumento de los precios internacionales de los alimentos, fenómeno que además está generando tensiones sociales en varios países.
Según un reciente informe de la FAO, el índice que se elabora para los precios de los alimentos aumentó por séptimo mes consecutivo, evidenciando un crecimiento en enero del 2011 del 3,4 por ciento respecto del mes anterior. El índice muestra los valores más altos (tanto en términos reales como nominales) desde que comenzó la medición en 1990. En el caso de los cereales, el índice está un 11 por ciento por debajo del máximo de abril de 2008 (valor excepcional), pero es el precio más alto desde julio de ese año.
De allí que cobra cada vez más fuerza la necesidad de una normativa similar a la resolución 125 con las modificaciones con las cuales llegó al Senado de la Nación y fue rechazada.
Según la FAO, aquellos países con buenas cosechas pueden mantener bajos los precios domésticos de los alimentos comparados con los internacionales. Nuestro país tiene esa posibilidad, y las retenciones móviles son una eficaz herramienta para desprender los precios internos de los internacionales, instrumento que puede completarse con eficientes compensaciones a los productores que lo requieran, por su ubicación en zonas alejadas, por sus menores rindes o por su pequeña escala.
Estas medidas deben complementarse con un mayor protagonismo del Estado, para garantizar no sólo el abastecimiento interno, sino morigerar los precios al consumidor, y romper con las maniobras oligopólicas y monopsónicas que incrementan las ganancias de los productores y comercializadores más grandes a costa de los más pequeños.
Si bien en este aspecto se ha avanzado, se requieren medidas que profundicen y mejoren la intervención estatal, lo cual necesariamente llevará a la creación de juntas reguladoras u otros organismos similares que intervengan en todo el proceso de producción y comercialización para la mayoría de los productos agrícolas.
Como venimos expresando reiteradamente, la solución pasa por la profundización del involucramiento del Estado en la actividad económica para acotar los vicios e impactos negativos que el libre mercado ocasiona. Desde el discurso oficial, se ha avanzado en el planteamiento correcto de los temas, aunque falta ir implementando las medidas que convaliden ese discurso, entre ellas dotar de credibilidad al Indec.
Estas medidas necesariamente requerirán de un fuerte apoyo político y popular para ser implementadas, para que vayan en el camino apropiado para lograr un desarrollo con mejor distribución del ingreso.
El aludido discurso de la presidenta Kirchner va en ese sentido, pues menciona que estamos ante “la época de la puja distributiva, donde realmente se pone en juego qué modelo de sociedad queremos y cómo vamos a seguir creciendo, si lo hacemos en serio vía aumento de la oferta con inversión, con mayor producción, con mayor valor agregado, con innovación tecnológica (...) o volvemos a la vieja receta de los argentinos (el ajuste) donde terminamos matando a la gallina de los huevos de oro”.
En esta época, a mi entender, además de la intervención del Estado en las distintas áreas, resulta indispensable ir avanzando hacia un acuerdo o pacto social, de forma de encauzar las demandas de los distintos sectores de la sociedad. Sobre el tema, las palabras de la Presidenta son motivadoras, ya que, por un lado, propone “... charlar con los compañeros trabajadores en cuanto a lo que es la puja distributiva, porque cuando ésta se desmadra tenemos la historia clarita: los que tienen más siempre siguen teniendo más y los que pagan las consecuencias son los trabajadores”.
Y alerta a las empresas que “si realmente la puja distributiva vía demanda salarial es una cuestión que se agrava, discutamos entonces sobre la rentabilidad de ganancias, si no se quiere discutir sobre rentabilidad de ganancias discutamos entonces cómo se forman los precios”.
Esta postura va en el mismo sentido de las propuestas que vengo haciendo, tanto sobre la necesidad de encarar el proceso de formación de precios, a través del estudio de los costos y principalmente la ganancia empresaria, con instrumentos fiscales que pongan una cota a la tasa de rentabilidad, como en la intervención del Estado en las cadenas de producción y comercialización, la creación de juntas reguladoras, y la elaboración de medidas específicas para las pymes, que les permitan competir con los grandes conglomerados empresarios, entre otras.
En definitiva, avanzar en la profundización del modelo, que es la única forma de ir mejorando la evolución de la economía y la sociedad hacia un desarrollo con equidad distributiva, temas que deben estar presentes en este año de elecciones.
* Diputado Nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.
