Tiempo Argentino | escenario económico
El aumento de la AUH y las asignaciones familiares, y la ampliación del Pro.Cre.Ar. La inflación y los Precios Cuidados.
Por Carlos Heller
La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará a partir de junio un 40%, decisión que también abarcará a las asignaciones familiares que cobran los trabajadores formales de las escalas más bajas, las asignaciones para las embarazadas y por hijo con discapacidad, viéndose beneficiados con esta medida cerca de ocho millones de chicas y chicos.
El monto involucrado es de unos $ 15 mil millones y representa una fuerte inyección de recursos que se destinarán al consumo. Significa un interesante impacto positivo en el PBI, que contribuirá a dinamizar una actividad económica amesetada, según muestran los datos del primer trimestre.
El gobierno también busca reforzar el sector de la construcción, y en esta línea anunció la ampliación del plan Pro.Cre.Ar, apuntando a incorporar unas 100 mil viviendas durante este año, que se adicionarán a las más de 110 mil unidades que se encuentran en proceso de construcción o adjudicación, y que conforman, según señaló la presidenta Cristina Fernández, "el plan de viviendas más importante de nuestra historia".
La actualización de las asignaciones constituye una muestra contundente de la firme voluntad del Ejecutivo de mantener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población. La medida se suma a otro conjunto de políticas de ingresos que van en la misma dirección, como es el caso del Plan Progresar, implementado en enero, que está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que realicen estudios o actividades de capacitación profesional.
En lo que respecta a la AUH, se trata de la quinta actualización desde su implementación, en el año 2009. A grandes rasgos, los distintos aumentos han permitido mantener el poder adquisitivo de los beneficios, no obstante lo cual sería deseable otorgarles una periodicidad más frecuente, que podría ser similar a la que se utiliza para actualizar las jubilaciones y pensiones, y que le daría al instrumento un carácter mayor de perdurabilidad, algo que prefieren evitar ciertos sectores que persiguen la existencia de un Estado mínimo.
Cabe citar, por ejemplo, la edición del jueves 15 de El Cronista, donde se hace mención a la existencia de "crédito dirigido", que según los cálculos presentados constituye el 21,4% del total de préstamos al sector privado, y que se compone de los recursos del FONDEAR, del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, del Pro.Cre.Ar, y de la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP). En el cierre de dicha nota se expresa que "a nivel institucional los programas generan dudas: la falta de transparencia sobre los destinatarios, la discrecionalidad de los funcionarios que autorizan los proyectos, etc."; esta es una muestra clara de las posturas promercado, que intentan desvalorizar las políticas públicas como las mencionadas, incluso distorsionando la realidad, puesto que los créditos del mayor programa mencionado, la LCIP, son otorgados por los bancos públicos y privados de acuerdo con sus propias elecciones.
Las acciones que ha venido tomando este gobierno no hacen más que refutar a quienes sostienen, interesadamente, que este ha decidido abrazar el recetario de la ortodoxia, como consecuencia de la devaluación de enero y la consiguiente suba de la tasa de interés. Ortodoxia hubiera sido dejar que la cotización del dólar fuera impuesta por el mercado en los 12 pesos –el valor especulativo del dólar ilegal a comienzos de año–, y no haber tomado medidas compensatorias, como los programas de "crédito dirigido" (por ejemplo, la LCIP con una tasa anual del 17,5%), el Progresar o los incrementos en la AUH.
A su vez, el mantenimiento de las paritarias abiertas y libres constituye otra de las herramientas de corte totalmente antiortodoxo, como también lo es el importante proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que todo apunta a que se convierta en ley muy pronto. Porque además de rebajar los aportes patronales para las micro y las pymes sin disminuir los derechos de los trabajadores, tiene una fuerte impronta sancionatoria al crear el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y otorga al Ministerio de Trabajo de la Nación la aplicación del sistema integral de inspección del trabajo y la seguridad social (articulando con las administraciones provinciales y del GCBA), además de la creación de una Unidad de Fiscalización del Trabajo Irregular que se crea en el ámbito de ese ministerio. Creo que se está avanzando significativamente en la reducción del trabajo no registrado, y eso se está haciendo con mayores regulaciones estatales.
PRECIOS CUIDADOS. Tampoco se puede hablar de ortodoxia cuando el gobierno mantiene una intensa disputa con el sector empresario para tratar de darle mejor cauce al tema de la inflación a través del programa de Precios Cuidados, que se mete de lleno con el proceso de formación de precios, y con el "sacrosanto" concepto de ganancia empresaria.
Esta semana se conoció que la inflación minorista de abril alcanzó un valor del 1,8%, en franca desaceleración respecto de meses previos, y es particularmente interesante el dato del rubro Alimentos y Bebidas, que registró un crecimiento del 1,1%, sustancialmente por debajo del promedio. El menor ritmo de aumento seguramente pueda explicarse en parte por el traspaso a precios de la devaluación de enero, que se acotó al primer trimestre, pero de manera principal por el buen funcionamiento del programa de Precios Cuidados.
De hecho, se dio a conocer que dicho programa alcanzó un cumplimiento del 73%, dato que indica que también hubo incumplimientos, y por eso las diversas multas que se impusieron a los supermercados, que alcanzan a este momento a los $ 31 millones.
Puede mencionarse que el programa no se agota en los 300 productos, sino que sirve de referencia para el resto de las marcas no alcanzadas y los productos similares, para que, como sostuvo el ministro Axel Kicillof, "los consumidores puedan comparar y reclamen estos precios" (los Cuidados).
La reticencia de las grandes empresas a que se conozca su estructura de costos, y de allí su rentabilidad, quedó a la vista esta semana al conocerse que sólo el 36% de ellas remitieron los datos solicitados por el Régimen Informativo de Precios, de las 1770 que debían presentarlos. En tanto, a varias de las 640 empresas que enviaron los datos se "les reclamó que mejoren la calidad de la información". Muy por el contrario, según precisó el secretario de Comercio Augusto Costa, las empresas que están adheridas a los Precios Cuidados mostraron un cumplimiento cercano al 80 por ciento.
Por lo demás, y a sabiendas de que el mítico mecanismo de autorregulación de los mercados se desmorona por completo, más cuando se ingresa en el terreno complejo de la formación de precios, resulta absolutamente necesario seguir profundizando este tipo de mecanismos heterodoxos, que de no existir llevarían a una mayor inflación, ya que los grandes empresarios tratarían de trasladar toda mejora del poder adquisitivo a precios. Este punto fue tratado por Cristina en ocasión del anuncio sobre las asignaciones, al mostrar con claridad cómo es la dinámica del proceso de determinación de precios, ya que, según explicó, en "la distribución del ingreso es en el único lugar que no funciona la ley de gravedad. Se hablaba de derrame, pero no cayó dinero hacia abajo. En cambio, mejorando la distribución del ingreso de los de abajo, termina subiendo el beneficio."
Esta definición, por sí misma revalida el rechazo del gobierno a las lógicas ortodoxas, que tampoco se corroboran en los hechos por las políticas contracíclicas aplicadas, de fuerte corte redistribucionista.
La ortodoxia no se deriva de medidas puntuales (depreciación de la moneda, suba de la tasa de interés) sino de un contexto en el cual estos y otros mecanismos, como el ajuste del gasto y la reducción de los impuestos a las clases más altas, definen un sistema que sirva para garantizar la intangibilidad de los privilegios empresarios a costa de las clases de menores ingresos, anulando la reasignación de las rentas y de los recursos de la sociedad por parte del Estado. Ese enfoque ortodoxo es totalmente opuesto al que se ha venido aplicando en nuestro país desde 2003.
