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Cuando Argentina declaró el default de su deuda externa en diciembre de 2001, muchos economistas dijeron que para nuestro país se iniciaba una bíblica travesía en el desierto rumbo a una nueva década perdida. La historia que sigue es bien conocida: luego de la asunción de Néstor Kirchner en 2003, se dio un crecimiento económico con pocos antecedentes históricos, junto a una mejora en la distribución del ingreso y la ampliación de numerosos derechos, lo que constituyó la bien denominada “década ganada” del kirchnerismo.
Por Juan Carlos Junio
El ejemplo argentino fue y sigue siendo una piedra en el zapato para el poder financiero mundial: demuestra que la deuda externa no tiene una función de ayuda para los países que la necesiten, por el contrario se constituye en un mecanismo de dependencia y de traba al desarrollo económico autónomo. Asimismo, la reestructuración y la gran punción practicada significaron para el poder financiero internacional una fuerte pérdida. En efecto, esa reestructuración repartió costos de manera más equitativa entre los prestatarios y los prestamistas, tal es así que el Premio Nobel Joseph Stiglitz en su libro “Cómo hacer que funcione la globalización” (2006) la puso como ejemplo para pedir cambios en el sistema financiero internacional.
No se nos puede escapar que el “paradigma argentino” está siendo tomado como ejemplo por todos los partidos críticos de las políticas llevadas adelante por la Unión Europea para salvar al Euro, al precio de ajustes muy similares a los implementados en nuestro país durante los años noventa. Sólo hace falta recorrer los principales diarios de Francia, España o Italia para ver la manera en que fustigan al gobierno de Cristina Fernández, replicando las mentiras de la corporación mediática local, para darnos una idea del alcance que está teniendo la experiencia argentina en la lucha contra el poder financiero global.
Es en ese contexto que hay que entender la importancia de la pelea jurídica contra los fondos buitre que quedaron fuera del canje de la deuda en 2005 y 2010. Estos buitres tienen como operatoria comprar las deudas públicas en dificultad o directamente en default con el objetivo de cobrarlas mediante una acción jurídica. En el caso argentino, si bien estos solo representan el 7% del total de los acreedores de la deuda reestructurada, ponen en dificultad todo el proceso. En efecto, una interpretación jurídica extrema -pero posible- de lo ocurrido hasta ahora podría poner en duda otras reestructuraciones en el futuro. Por lo tanto, de empeorar la recesión económica en Europa, se cerraría el “camino argentino” de resolución de crisis de la deuda para países como Grecia, España, Italia, o cualquiera que esté en dificultades financieras.
Resulta evidente que los fondos buitre actúan como sucursales ocultas del sistema financiero formal, escondidos en una trama de redes globales donde los “paraísos fiscales” constituyen el decorado central. Desde esa óptica, el camino del desendeudamiento argentino fue más dificultoso que el de Brasil, por ejemplo, que no tuvo que enfrentar un default y creció con entrada de capitales extranjeros. Paradójicamente, la mayor fragilidad externa de nuestro país implicó para Argentina un proceso político más radical que el brasileño.
Los argumentos utilizados por los buitres en los tribunales de Estados Unidos son tan extremos que ponen en duda incluso algunas formas de soberanía con tal de ejecutar la sentencia del juez Griesa, como por ejemplo cobrar los activos de la Argentina en el exterior. En una perspectiva histórica de largo alcance, habría que interpretar el juicio actual como un episodio más de la larga pelea entre el sistema financiero internacional y los Estados-Naciones, entre el poder económico y la democracia. Lo ocurrido con la Fragata Libertad es un episodio de fuerte tono simbólico. Es de esperar que la ilegitimidad del reclamo de los fondos buitre tenga su justo rechazo legal, tal como ocurrió hace más de un siglo con la Doctrina Drago, cuando el entonces Ministro de Relaciones Exteriores argentino se opuso a que una deuda impaga por el Estado venezolano diera lugar a la intervención armada y menos aún a la ocupación material del suelo por parte de las potencias europeas acreedoras.
