Sr. Heller.- Señora presidenta: estamos considerando un tema que a mi juicio es sumamente sensible. Aunque ya se ha expresado, creo que resulta interesante insistir en la comparación con las situaciones preexistentes y los escenarios que tenemos que analizar hoy.
En la época en que la mano invisible del mercado fijaba las reglas –no hace tanto, porque fue a comienzos del siglo XXI- el 21,5 por ciento de la población argentina estaba desempleada, casi el 50 por ciento de los trabajadores no realizaban aportes, el 53 por ciento de los habitantes de nuestro país se encontraba por debajo de la línea de pobreza, etcétera.
Creo que dentro del conjunto de las políticas que se llevaron a cabo a partir de 2003 podemos ubicar en un lugar destacado la correspondiente a la implementación del Plan de Inclusión Previsional del año 2005, efectuado a través de la ley 25.994 y del decreto 1.454, que permitió que 2.701.933 adultos mayores –prefiero esta denominación en lugar de la de ancianos que ha utilizado algún señor diputado preopinante y que me parece poco feliz- pudieran ejercer sus derechos a la seguridad social financiando el monto previsional adeudado hasta en sesenta cuotas, descontadas mensualmente de sus haberes jubilatorios y luego del pago de la primera cuota.
Esta reforma permitió elevar en pocos años la tasa de cobertura previsional en un 30 por ciento. Dicha tasa, que en 2002 era del 63,6 por ciento, en 2013 pasó a ser del 93,8 por ciento. Se trató efectivamente de un cambio más que significativo.
La cobertura previsional de los adultos mayores que, como dijimos hoy, ya está en el 93,8 por ciento, es una de las marcas más altas de inclusión a nivel mundial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional nos ha remitido este proyecto que estamos analizando para ampliar los beneficios de la inclusión previsional a fin de que la cobertura para los adultos mayores sea prácticamente universal.
Solo un gobierno verdaderamente preocupado por la situación social y la inclusión toma este tipo de iniciativas que no solo están inspiradas en cuestiones de equidad sino que se adoptan con el profundo convencimiento de que estas políticas tienen además un impacto altamente positivo para toda la economía al dinamizar la demanda y por lo tanto la producción y el empleo.
No se trata de un dato menor en momentos en los que en el mundo entero vemos a diario anuncios de políticas de ajuste que van exactamente en la dirección contraria de iniciativas como ésta.
Existen claros signos mundiales de desaceleración económica, y las recetas clásicas de aquellos que creen en el mercado siempre pasan por los mismos lugares: ajuste del gasto, disminución del empleo público, privatizaciones, etcétera.
En estos últimos años en la Argentina se hace lo contrario, cada vez que tenemos una situación de cierto amesetamiento en la economía invariablemente se adoptan políticas contra-cíclicas y aparecen los planes de vivienda o para comprar autos y distintas iniciativas destinadas a cubrir un doble propósito: resolver una necesidad insatisfecha, un derecho no atendido, y al mismo tiempo actuar como elementos dinamizadores para la actividad económica con un claro sentido contra-cíclico.
El proyecto de ley que estamos tratando constituye una moratoria y está muy lejos de ser una condonación de deuda, como se sostuvo en algunas intervenciones, dando a entender incluso que era una suerte de prebenda u obsequio que se hacía a quienes no habían cumplido con sus obligaciones previsionales.
Esta es una regularización de deuda que requiere que quienes accedan a ella cumplan una serie de requisitos. Además deberán pagar en planes de hasta 60 cuotas una tasa de interés, y la cuota será ajustada con la movilidad jubilatoria. Así se corrige un defecto que tal vez tuvo la moratoria anterior, que de alguna manera creaba una cierta desfinanciación del sistema. Al ajustar la cuota por el mismo coeficiente de la movilidad jubilatoria en modo alguno esta moratoria desfinancia el sistema, todo lo contrario.
Quienes están en condiciones de jubilarse al día de la fecha más aquéllos que lo pueden hacer en los próximos dos años en general son víctimas de la década de los 90, de distintas situaciones de irregularidad y etapas de alta desocupación, y este proyecto viene a actualizar las posibilidades de inclusión de estos adultos mayores. Como todas las políticas sociales, tendrá costos, pero están absolutamente justificados por la inclusión que se concreta.
Esta medida está en el marco del conjunto de las políticas que apuntan a la mejora de la distribución del ingreso y constituye una de las herramientas más potentes para el logro de ese objetivo. Pero también es esencial –y reitero‑ considerar que buena parte de estas erogaciones de la moratoria y de las nuevas prestaciones previsionales que surjan, serán compensadas con un mayor consumo de los nuevos jubilados y pensionados, mayor demanda de los productos y servicios producidos por las empresas que generan esos productos y servicios, y por ende, mayores posibilidades de trabajo y mayores ingresos previsionales y fiscales.
Es decir que es una medida que mirémosla por donde la miremos entra en el circuito virtuoso de las medidas ya que sus efectos potencian la actividad económica y generan recursos para hacerla autosustentable.
Queda absolutamente claro que con esto no alcanza, que hay que seguir trabajando –como acá se ha dicho‑ en la reducción del empleo no registrado, que dicho sea de paso no es ya del 40 por ciento, sino que está ligeramente por encima del 30, 32, 33 por ciento según las informaciones que se conocen.
Se ha avanzado aunque insuficientemente, porque es una asignatura pendiente importante. Hay que seguir dando la batalla por el trabajo registrado, pero hay que destacar que las distintas medidas que se han venido tomando están orientadas hacia ese objetivo.
Sin ir más lejos, la reciente implementación del programa ProEmplear no sólo apunta a la protección del empleo, sino que promueve la creación de empleos registrados, facilitando la inserción laboral. En este Congreso hemos aprobado muchas leyes destinadas a reducir el empleo no registrado en los sectores en los que éste se encuentra más difundido.
Podemos mencionar el régimen del trabajo agrario. A veces uno se sorprende al ver dirigentes sindicales que se opusieron a la ley de defensa del trabajo agrario para incluir a los trabajadores rurales, pero que marchan por el impuesto a las ganancias.
También la ley del régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares; la ley de prohibición del trabajo infantil; la protección del trabajo adolescente; la ley que instala en el Código Penal la prisión por utilización del trabajo infantil; o la última, la 26.940, de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral.
Todas han sido iniciativas que este Congreso ha convertido en leyes y ahora se debe trabajar para que logren los resultados que perseguían al ser planteadas.
Son todos avances hacia una política de inclusión y mejora de la dignidad ya que todas apuntan a mejorar la distribución del ingreso. Son un paso más en una tarea que sabemos ardua y compleja que este gobierno y este Parlamento han venido llevando a cabo mediante la aprobación de una legislación adecuada, y habrá que seguir mejorándola con otros proyectos que vayan en la misma dirección, para llegar a conseguir nuestra aspiración: que ningún habitante de nuestro suelo se vea afectado por el flagelo de la pobreza o de la indigencia.
Como este es uno de los objetivos que perseguimos como fuerza política desde nuestro espacio, el Frente Nuevo Encuentro, vamos a votar positivamente este proyecto de ley que extiende los beneficios de la inclusión previsional.
