Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Cuando parecía que las impopulares medidas del Gobierno nacional se habían tomado un descanso, sorprende un extenso DNU presidencial. Una vez más, bajo un título atractivo –en este caso “desburocratización y simplificación”– se esconden otras intenciones.
La mayoría de las medidas incluidas en el decreto posee un denominador común: seguir avanzando en la pérdida de derechos adquiridos por la sociedad, especialmente en algunos temas que generarían descontento social si fuesen tratados, como debería ser, en el Congreso de la Nación. El antecedente de la Reforma Previsional que recortó los haberes jubilatorios parece que hizo mella en las expectativas del Poder Ejecutivo de poder “pasar” este tipo de medidas, tratando de evitar una elevada conflictividad social. De esta forma, se da un paso más en el debilitamiento de la separación de poderes de la Nación, y un nuevo decaimiento de la noción de República.
En el decreto se incorporan algunas medidas para las MiPyMEs. Si bien se las incluye como beneficiarias del Fondo Fiduciario para el Capital Emprendedor, que hasta ahora no las contemplaba explícitamente, este beneficio se diluye pues se modifica la definición de MiPyMEs, incluyendo ahora en este grupo a aquellas empresas “que estén controladas o se encuentren vinculadas a grupos económicos nacionales o extranjeros”. Este punto ya había sido discutido en el Congreso en el marco del tratamiento de la Ley de Fomento a las Pymes y el oficialismo no obtuvo consenso para modificarlo: ahora lo hizo por decreto. Entonces, los fondos que se destinen al desarrollo de las pequeñas empresas ahora podrán llegar también a las corporaciones que tengan MiPyMEs bajo su dominio.
En el mismo sentido se modificó el Fogapyme, fondo creado para promover el desarrollo de las MiPyMEs, que se convierte en el Fogar (Fondo de Garantía Argentino) y podrá ser utilizado para mejorar el acceso al crédito de todas las empresas del país, incluso aquellas controladas por capitales multinacionales. Sabemos quién termina beneficiándose cuando compiten grandes y pequeños en aparente igualdad de condiciones.
En materia de derechos laborales, se redujeron los plazos de permanencia de las empresas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Con la nueva normativa, cuando exista una “obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo” por parte del empleador, su permanencia en el REPSAL pasa de 180 días a sólo 30. Esto implica un beneficio para muchos empresarios incumplidores, ya que mientras permanecen en este registro no pueden acceder a programas o subsidios del Estado.
En cuanto al capítulo de Acceso al crédito-Inclusión financiera, en aras de mejorar “el funcionamiento del sistema financiero”, se modifica la prohibición existente hasta ahora de trabar embargos sobre las cuentas sueldo. Si bien parece tener poco alcance, ante el incumplimiento en el pago de obligaciones crediticias, se podrá embargar sólo la parte del dinero acumulado en la cuenta de los trabajadores que supere tres de sus salarios promedio. Pero podría constituir un primer paso al convertir en embargables las cuentas sueldo.
Finalmente, se otorgan más atribuciones a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) creadas en 2017. A partir de ahora, estas empresas que pueden crearse con un capital de dos salarios mínimos ($ 19 mil), podrán hacer oferta pública de sus acciones. Bajo el lema de “simplificar y desburocratizar al sector privado” se está corriendo el riesgo de permitir la creación de sociedades en 24 horas que podrían ser utilizadas como “fachada” para la ejecución de actividades ilícitas y para la elusión de los aportes de la seguridad social.
En definitiva, un decreto que está hecho a la medida de los sectores más concentrados y poderosos de la economía.
Rol del BCRA
A partir de la comunicación de las nuevas metas de inflación de 2018, se ha creado toda una discusión sobre la “independencia” del Banco Central. Incluso aquellos que criticaban la supuesta injerencia del gobierno anterior, hoy aplauden la decisión de definir el cambio de la meta inflacionaria. La Carta Orgánica (CO) actual que debe cumplir el BCRA, sancionada en 2012, es clara. Sostiene que “el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Al definir como objetivo primordial la estabilidad monetaria, el BCRA está faltando a sus otras funciones. La política de altas tasas y restricción monetaria va en el sentido contrario al de promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Esto es lo esencial a discutir. Y no se logra sólo con bajar las tasas de interés, sino con otra función que le otorga su CO: redireccionar el crédito hacia las PyMEs, como por ejemplo con la implementación de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva, que la actual administración decidió desactivar.
“Hay que pagar las deudas”
El presidente Macri acaba de sostener que “en vez de dejar deudas, hay que pagarlas”. Un paso más a pocos días de haber dicho: “no queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla”. Es una expresión que intenta “justificar” los recortes en el gasto público. Más aún, dado que para pagar las deudas hay que tener superávit fiscal, Macri avanza con la profundidad del ajuste que propone.
Propuestas que van en línea con las “recomendaciones” del FMI en su última revisión del Artículo IV sobre Argentina. Recordemos que sus recomendaciones de 2016 se hicieron realidad en 2017: la reforma de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Una de sus sugerencias de 2017 es avanzar hacia un sistema previsional en el que “las contribuciones de la seguridad social se acumulen en cuentas de ahorro individuales, administradas por un fondo privado que elige el trabajador”. Esta reforma, considera el Fondo, permitiría darle una mayor “sustentabilidad” al sistema. Se parece mucho al sistema de AFJP, que no deberíamos repetir, ya que intrínsecamente tiende a generar negativas consecuencias.
En cuestiones comerciales, el FMI considera que existe la “necesidad de una ambiciosa agenda de reformas. Puntualmente: “remover los controles cambiarios y las restricciones al comercio” y para no dejar lugar a dudas agrega que para “impulsar la productividad y el crecimiento a largo plazo es necesaria una reducción más acelerada de los aranceles y las licencias de importación”.
La Secretaría de Comercio publicó una resolución con la eliminación del esquema de licencias no automáticas de importación para una mayoría de insumos para la actividad industrial. En consonancia con las “sugerencias” del FMI, podría pensarse que estarían en carpeta futuros listados de eliminación de licencias que afectarían a varios rubros de la industria. Mientras tanto, nada dice el FMI, o los funcionarios macristas, acerca de las consecuencias de estas políticas en materia de empleo y producción nacional, en un mundo en el que los países centrales se vuelven cada vez más proteccionistas.
