24/07/2010 Revista Debate - Nota - Información General - Pag. 30
POR CARLOS HELLER
La súbita preocupación del autodenominado Grupo A por la justicia social resulta, aparentemente, incomprensible dada su férrea oposición a todas aquellas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo tendientes a desmontar la herencia del neoliberal-conservadurismo desde 2003 a esta parte.
Para comprender esta aparente paradoja hay que ir más allá del debate alrededor del objetivo de lograr el 82 por ciento móvil de las jubilaciones.
Hay que mirar el proceso político más general, inscripto en la batalla fundamental del actual período histórico: desandar los caminos empujados a partir de la dictadura genocida desde 1976. La etapa abierta allí fundó un nuevo régimen de acumulación apoyado en el terrorismo de Estado. Como bien denunció Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar, el aniquilamiento masivo contra los cuerpos y el despojo de los bienes y los derechos de los militantes populares tuvo un sentido que trascendía esos crímenes horrendos: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Ese plan, instrumentado para la región por golpes de Estado sangrientos en los años setenta, abrió las compuertas para la instalación de los proyectos neoliberal-conservadores, y el año 2001 expresó en nuestro país un agotamiento de ese proyecto de orden social.
¿Qué región y qué país encontró ese fin de ciclo?
Una América Latina desunida, subordinada a los mandatos imperiales de Estados Unidos, que transitó irresponsablemente por las calles de las “relaciones carnales” y la imposición de las fórmulas ruinosas del Consenso de Washington.
La aplicación sistemática de esas fórmulas se expresó en procesos de concentración y extranjerización de la economía, subordinación a los vaivenes del mercado financiero internacional, elevadísimos costos sociales en términos de desigualdad, exclusión, desempleo. Cualquier indicador social revela los efectos catastróficos que ratifican los pronósticos de Rodolfo Walsh.
En términos económicos, el modelo de acumulación se fundó en políticas exportadoras en detrimento del mercado interno, desplegando una economía de servicios -a expensas de una economía productiva- con sus consecuencias en términos del nivel y calidad del empleo.
La privatización de las jubilaciones resultó no sólo un mecanismo fraudulento contra los trabajadores aportantes sino un muy eficaz dispositivo de vaciamiento del Estado, convertido en garante, en última instancia, de administradoras que estimularon irresponsablemente un capitalismo especulativo.
Todo este proceso supuso también una reconfiguración del papel del Estado, asumiendo el rol de garante de negocios del capital transnacional y sus aliados vernáculos, que se apoderaron vía privatizaciones del patrimonio público construido con el esfuerzo de generaciones de argentinos.
Las políticas sociales de vivienda, salud y educación propendieron a procesos de mercantilización y abdicación por parte del Estado nacional en materia de garantías de derechos.
Cuando se impuso la Alianza, en 1999, continuó con la misma política, y muchas de las figuras estelares del denostado (por la Alianza) gobierno menemista integraron las filas del nuevo oficialismo. La figura paradigmática de Domingo Felipe Cavallo es apenas un botón de muestra de los elencos estables de las políticas neoliberal-conservadoras.
Todavía está fresca en la memoria la reducción nominal del trece por ciento de los salarios estatales y las jubilaciones, que avalaron la entonces ministra Patricia Bullrich y el antaño secretario de Desarrollo Social y actual senador, Gerardo Morales.
Los hechos del 19 y 20 de diciembre fueron una suerte de corolario dramático de aquel ciclo.
El desempleo entonces rondaba el 25 por ciento; la pobreza, el 52 (con el agravante de que si tomamos el universo de niños, adolescentes y jóvenes el indicador se ampliaba al 74 por ciento); la desigualdad era inédita y exasperante.
Medidas que construyen
Fue Aristóteles, un gran estudioso de las sociedades de su tiempo, quien definió a la democracia como el gobierno del mayor número de personas a favor de los más débiles de la sociedad.
Las medidas implementadas desde 2003 nos permiten ver una orientación general que va en dirección a la construcción de una sociedad más democrática, en el marco de un proyecto de unidad regional y de articulación Sur-Sur.
La política exterior renunció expresamente a las “relaciones carnales” con Estados Unidos y promovió activamente la unidad de los países de nuestra América. La elección de Néstor Kirchner como secretario general de la Unasur, tal vez, expresa ese reconocimiento unánime de la región.
En el plano institucional del Estado, reconocemos especialmente el cambio de la Corte Suprema. Esta decisión constituyó una valiosa reconstrucción de un instituto que, en los noventa, fue transformado en soporte y garantía de la impunidad y el privilegio como política de Estado.
En un sentido convergente, el impulso a las políticas de memoria, verdad y justicia ha sido fundamental para la aceleración de las causas por genocidio y la tardía, pero muy valorable, aplicación de justicia.
La política económica se reorientó al estímulo de la producción, y esas definiciones generaron más de cinco millones de nuevos puestos de trabajo en los últimos siete años. Lo pendiente -aunque hay avances en esta dirección- es el mejoramiento de la calidad de los empleos, profundizando el concepto de “trabajo decente”.
La distribución del ingreso entre capital y trabajo avanzó en equidad, y la brecha de la desigualdad se redujo, pero de modo limitado. Este punto también constituye una asignatura pendiente, aunque caben reconocer pasos que van en esa dirección.
Y si en algo el Gobierno dio muestras concretas de su voluntad reparadora, fue en las políticas sociales que viene implementando, aun con las contradicciones, tensiones, disputas y dificultades de remontar un escenario devastado por un cuarto de siglo de políticas estatales para la desigualdad y la exclusión.
En el segmento de la niñez, la Asignación Universal por Hijo constituye una medida de las más progresivas y justas de los últimos sesenta años. Es curioso que quienes hoy se rasgan las vestiduras por el 82 por ciento móvil hayan expresado del modo que pudieron su oposición a esta medida.
Las nacionalizaciones promovidas por el gobierno nacional, como Aerolíneas o la recuperación por parte del Estado del sistema previsional, fueron impugnadas por la misma oposición que hoy reclama mejoras en los haberes jubilatorios.
Con relación a nuestros jubilados y pensionados, también la acción de gobierno demostró, hasta hoy, una orientación inequívocamente democratizadora: dos millones cuatrocientos mil nuevos jubilados que no estaban incluidos en el sistema por diversas causas, aumentos progresivos y la sanción de una ley de actualización de haberes.
Proyecto de País
Mientras que el Gobierno avanzó en la dirección correcta -aun con las insuficiencias que fueron señaladas arriba y otras que exceden el sentido de estas líneas, la oposición vociferante resistió cada una de las medidas progresivas sin otras razones que desgastar al Poder Ejecutivo.
El alineamiento con el monopolio mediático, la oposición a las nacionalizaciones, las críticas a la Asignación Universal por Hijo o los gritos desaforados contra la relación con Venezuela constituyen parte de un mismo proyecto restaurador neoliberal. Por este motivo, suena increíble la demanda del 82 por ciento móvil proviniendo de quienes, siendo gobierno, ajustaron, privatizaron, excluyeron; y quienes siendo oposición resisten las medidas gubernamentales que apuntan a fortalecer la justicia social.
El hecho adicional de que los proyectos de actualización del 82 por ciento móvil carezcan, en general, de la explicitación de fuentes de financiamiento sustentables en el tiempo, hacen pensar que el sentido de esta intervención sigue siendo limar al gobierno nacional.
El Bloque Nuevo Encuentro, que integro, coincide con el objetivo de restituir el 82 por ciento, pero para que esto sea posible es preciso instrumentar otras medidas. La restitución de los aportes patronales para las grandes empresas -que el Grupo A, seguramente, no apoyaría- o la continuidad de las retenciones -que, paradójicamente, la oposición derechista apuesta a derogar- son pasos que permitirían avanzar en el sentido planteado. Allí van las ideas de gravar la especulación financiera, el juego, las industrias extractivas que serían fuentes genuinas de financiamiento. En lugar de eso, con una increíble irresponsabilidad, las espadas de la derecha apuestan a desfinanciar al Estado.
Está poco difundido que los ingresos de la Anses se generan con alrededor de un sesenta por ciento de contribución de trabajadores y empleadores, y el cuarenta por ciento restante por ingresos tributarios. El problema, como se ve, es mucho más complejo que una mera consigna de barricada.
En estos años, la Argentina más que duplicó lo que destina de su presupuesto a la previsión social y es el país de América Latina que tiene mayor aporte, en términos de PBI, a la previsión social. Estos son hechos y no palabras.
La discusión en torno al 82 por ciento móvil esconde otras disputas, ocultando intenciones e intereses inconfesables. Esas banderas del privilegio son sostenidas por quienes despliegan toda su energía en un proyecto restaurador cuya aplicación nos devolvería a un pasado inviable.
No seremos cómplices de una estrategia que multiplicó la pobreza y la injusticia social. Por lo que se hizo bien y, fundamentalmente, por lo que falta, nuestras fuerzas se unirán en torno a un proyecto que otorgue dignidad y justicia a todas y todos, sin inadmisible exclusiones ni repugnantes exclusivismos.
