Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La elevada volatilidad que están teniendo los mercados estadounidenses (asociada a las fuertes caídas de las cotizaciones bursátiles) tiene varias causas, pero podríamos decir que la principal es la evolución de la propia economía estadounidense.
Un crecimiento del PBI más elevado que en los últimos años, y una reducción significativa del desempleo, son los sucesos que estarían "recalentando" la economía de acuerdo a los parámetros que utiliza la Reserva Federal (el Banco Central de EE UU). A partir de esta visión se prevén futuros aumentos en la tasa de interés de referencia.
En general, los mercados tienden a anticiparse, y es por ello que la tasa del bono del Tesoro estadounidense a diez años ha venido creciendo en las últimas semanas, y en especial en la que pasó. La suba de tasas enfría la economía y de esa forma se evita el "recalentamiento" y la inflación que viene asociada a este fenómeno, según las teorías ortodoxas.
Ese crecimiento de la economía ha llevado en el último año a un fuerte crecimiento de los valores bursátiles en Wall Street, y más aceleradamente en los últimos meses. Desde febrero de 2017 hasta el pico máximo, el 26 de enero de este año, el Dow Jones evidenció un imponente aumento del 32%. Luego de tal crecimiento, en la semana se produjo una fuerte toma de ganancias en la Bolsa neoyorkina.
También son impulsores de esta volatilidad las operaciones altamente riesgosas en los mercados financieros internacionales, que, obviando las enseñanzas de la crisis de 2007/2008, se multiplicaron por todo el mundo.
Todos estos factores configuran una situación internacional que está lejos de ser amigable, y que repercutirá principalmente sobre los mercados emergentes, por el ya conocido "vuelo a la calidad". Más aun, en la semana se ha producido una fuerte salida de las inversiones colocadas en los países emergentes, reduciendo las posibilidades de endeudamiento, y encareciendo el mismo, un dato que el gobierno argentino no puede ignorar.
De hecho, en la semana se colocó un nuevo bono del Tesoro Nacional en pesos a un año, con un rendimiento del 22,50% anual, y con una cláusula de ajuste por la cual se pagará el mayor importe entre el interés detallado y lo que arroje la aplicación del CER (ajuste inflacionario) más una tasa del 3,75%. El Bono Gatillo 2019 (así se lo llama) fue muy demandado, y se colocaron $ 70.481 millones a la par, lo cual es lógico ya que resulta en un gran beneficio para los inversores y reduce significativamente su riesgo: si la inflación es del 15%, ganan con una tasa muy superior. Si la inflación se ubica en 20%, como sostienen ya muchos analistas, se aplicaría la cláusula de ajuste y obtendrían ganancias en términos reales.
No obstante, desde el establishment se exige más ajuste. José Luis Espert (Ámbito, 9/2/18) ve "mucha liviandad en andar pensando si se nos complica el financiamiento cuando estamos descuidando el problema de insolvencia que estamos amasando. Hay una dificultad para pagar la deuda que se incrementa entre 30 y 35 mil millones de dólares por año".
Cabe considerar que se parte de un nivel de deuda todavía aceptable, gracias al bajo endeudamiento que dejó la "herencia recibida". Pero la deuda sigue creciendo, y con una total liberalización de flujos financieros con el exterior, las tensiones internacionales y el aumento de la deuda previsto por el gobierno para los próximos años, se configura una situación problemática, tanto para la deuda en dólares como para la colocada en pesos.
Resulta interesante reflexionar sobre que un país con la historia que posee Argentina no puede tener una política monetaria y cambiaria de libertad de mercado: debería administrar las divisas según las prioridades de la economía y las finanzas. Por ejemplo, a través de reintegros, reembolsos o gravámenes, generar diferentes tipos de cambio real para las distintas producciones regionales e industriales. No es lo que está sucediendo. Estamos en un modelo que deja todo librado a las fuerzas del mercado, a la oferta y demanda, a lo que le pasa al mundo, a los capitales especulativos. Esta situación es parte del resultado de la inserción pasiva que el gobierno de Cambiemos decidió para la Argentina en el contexto del mundo global, como uno de los ejes de su política.
Presionados por los aumentos
Los aumentos de precios no cesan. Sorpresivamente, en la semana que pasó YPF subió nuevamente el precio de sus naftas y gasoil en 3,5%. Rápidamente fue seguida por Shell. Desde la desregulación del precio de las naftas, la seguidilla de aumentos fue incesante: 8,7% en diciembre, 4,0% en enero, que se suman al de febrero. En total un 17% en menos de tres meses. Estos aumentos de nafta y gasoil repercuten directamente en el transporte y, por esta vía, en la mayoría de los productos. Cabe recordar, además, que la liberación total del precio de los combustibles se produjo a partir del primero de octubre del año pasado, pero el gobierno solicitó a las petroleras que no aumentaran los precios hasta después de las elecciones: así lo hicieron, obedientemente.
Otro de los dinamizadores de la inflación, el dólar, ha sufrido una fuerte suba durante la semana (en este período creció un 3,2% y desde principios de noviembre un 14%), con lo cual es muy probable que se traslade a precios. Si con la depreciación, al exportar por ejemplo trigo, se ganan más pesos por cada dólar, este nuevo precio en moneda local se trasladará al trigo que se comercia en el mercado doméstico (porque si así no fuera, se exportaría y habría desabastecimiento en el país). En el anterior gobierno existía un cupo para el mercado interno que debía respetarse, y a partir de allí se podía exportar: esta decisión colocaba un límite a los aumentos de precios domésticos. Hoy los precios los coloca el mercado.
Es importante describir cómo se componen los costos de las empresas, que están influenciados por numerosas variables, y no sólo por los impuestos que se pagan y los salarios que se abonan, como pareciera derivarse de los comentarios de los funcionarios de Cambiemos. A los costos se suma, además, el valor del dólar, los precios del transporte, los precios de los servicios públicos y la ganancia empresarial esperada.
Por ejemplo, a pesar de haberse reducido el IVA al 10,5% para las carnes de pollo y cerdo, el efecto no se vio en las góndolas. Más allá de las acusaciones que cruzan supermercados y productores sobre quién acaparó la diferencia, lo seguro es que el consumidor no recibió beneficio alguno. Sucede cuando se deja el precio al arbitrio de los mercados, sin regulación estatal alguna. Ante estas situaciones, el actual gobierno nacional no aplica las leyes sancionadas en 2014 que reformaron y complementaron la Ley de Abastecimiento. De aplicarse, estas leyes permitirían al gobierno conocer las estructura de costos de las distintas cadenas, y a partir de allí identificar las maniobras de los distintos sectores para incrementar los precios y actuar en consecuencia. Pero en la gestión macrista el mercado manda.
De esa forma, la inflación sigue creciendo y los ingresos reales de la población se achican paso a paso. En ese entorno, la aplicación en las paritarias de una cláusula de ajuste como la del Bono Gatillo 2019 que se concedió a los inversores, sería recibida con alegría por parte de los trabajadores. Pero el gobierno parece estar empeñado en no ceder más que el 15% y reducir los costos salariales, y por ende la capacidad de consumo de los trabajadores. Un aspecto más del duro ajuste al que nos quieren someter.
