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Con una actitud que revela su verdadero sesgo ideológico y que deja entrever una supuesta “indefensión” ante la pérdida de ciertos privilegios, tanto los grandes empresarios como algunos parlamentarios que no hacen más que replicar el malestar de los “hombres de negocios”, se encargaron de llenar hasta el más mínimo recoveco de medios de comunicación vernáculos con las proyecciones de un supuesto “futuro macabro” que implicaría la sanción de la “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”, usualmente denominada “Ley de Abastecimiento”.
Por Carlos Heller
Como es habitual, se hicieron oír voces desde distintos frentes, incluyendo aquéllas provenientes de países foráneos. La agencia de noticias Bloomberg, por ejemplo, señala en un artículo del 4 de septiembre que grupos empresarios de nuestro país sostienen que la nueva ley “podría arruinar a una economía que ya se encuentra en recesión, con empresas frenando su producción, despidiendo trabajadores y luchando contra la inflación que se espera llegue al 40% anual”. Cita las declaraciones de un diputado del PRO, que no escatima adjetivos al manifestar que esta ley “es parte de una ideología primitiva que dice que los funcionarios del gobierno deciden qué debería fabricarse, en qué cantidad y cuánto deben cobrar”.
Otro gurú de los grupos poderosos que no podía dejar de expresarse es la ATFA, el “grupo de tareas” norteamericano que se encarga de hacer lobby a favor de los buitres. Esta organización menciona en su página web: “En vez de lidiar con la crisis de deuda y buscar una solución con los ‘holdouts’, el gobierno argentino está implementando medidas económicas más restrictivas”. Llegan a la conclusión, citando las palabras del editor de una revista de finanzas de Wall Street, que “cualesquiera sean las diferencias entre los candidatos presidenciales, los ‘contendientes’ tienden a acordar en que los controles de capital deben ser levantados, debe recuperarse el nivel de las tasas de interés, y llegarse a un acuerdo con los acreedores”. Una deliberada intromisión en los asuntos internos de nuestro país.
Fronteras adentro, no se quedaron atrás. La nota editorial del diario La Nación del 31 de agosto titulada “Argenzuela”, que llamativamente aparece en la primera página, señala que “según el proyecto del gobierno argentino, las empresas se convertirán en concesionarias precarias de sus organizaciones productivas”. Como si esto fuera poco, se meten también con la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, señalando que la Argentina ha ido más lejos que la propia Venezuela en este caso y con la idea de que fue uno de los pocos aciertos de ese país, luego de criticar maliciosamente todas las medidas tomadas por el gobierno venezolano, señalan que “entre su propia gente y Wall Street, nuestro mentor caribeño ha optado por lo segundo, pagándoles a los tenedores de bonos de manera religiosa”.
No sin intención, lo que estas publicaciones omiten son las opiniones de los representantes de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que claramente apuntan hacia otro lado. Los representantes de los empresarios PyMEs resaltaron las dificultades que enfrentan con sus proveedores o compradores, que ejercen poder dominante en el mercado y fijan los precios a las PyMEs. De allí que las distintas organizaciones adhirieron a los proyectos en discusión, luego convertidos en ley, como el presidente de APYME, Eduardo Fernández, quien destacó la importancia de los cambios “en un mercado altísimamente concentrado, como es el argentino” y argumentó que el debate sobre el proyecto es injusto, ya que no se basa en su contenido sino en sus ideas preconcebidas acerca de la regulación del Gobierno.
Por el lado de las grandes empresas, que han salido con los botines de punta a defender sus “sacrosantas ganancias”, el denominado Grupo de los 6, conformado por la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado de prensa del 17 de septiembre expresó que la sanción de esta ley valida “mayores intervenciones discrecionales en la actividad económica con las implicancias negativas ya observadas en los últimos años”.
En este marco, los empresarios “instan al Poder Legislativo a tener en cuenta los elevados riesgos que implica esta iniciativa sobre la generación de empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento”. Cabe aclarar que gran parte de los integrantes y directivos de estas asociaciones pertenecen a empresas fijadoras de precios. En definitiva, se dedican a defender sus intereses y criticar el desempeño económico de la última década como si hubieran vivido en otro país. El caso de la SRA es paradigmático, ya que con sólo echar un vitazo a la producción de los principales granos, se observa un incremento de casi el 60% entre la cosecha 2003/2004 y la actual, luego de años de producción récord.
Adicionalmente, lo paradójico de esta situación es que el proyecto de la nueva ley, enviado por el Ejecutivo incorporó varios cambios benéficos para los empresarios en relación a la sancionada en el año 1974. Ejemplo de ello son la supresión de las disposiciones sobre expropiación e intervención de empresas, suspensión de patentes y sanciones de arresto y prisión. A estos cambios se agregaron varias modificaciones durante el tratamiento en el Senado, como la exclusión de las MIPyMES (micro, pequeñas o medianas empresas), lo que implicaría, según los datos brindados por el Jefe de Gabinete de Ministros durante su exposición en la Cámara de Diputados, que el proyecto abarcaría a sólo al 1% del total de las empresas. También se eliminó la posibilidad de realizar clausuras definitivas de empresas y se incluyó una “cláusula de confidencialidad” respecto de la información que brinden las empresas a la Autoridad de Aplicación.
En definitiva, todas las apreciaciones que se mencionaron en este artículo por parte de empresarios, sus referentes en el Congreso y los medios de comunicación hegemónicos nos llevan al mismo lugar: la defensa de sus abultadas ganancias con uñas y dientes. El presidente de la CAC, Carlos Vega, pareciera haber sido el que mejor dejó entrever el trasfondo del reclamo al señalar con respecto a la ley que “hay una cuestión filosófica porque como empresarios nos oponemos a los controles”.
