Por Carlos Heller
Diputado Nacional (Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario)
El Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social cambia el espíritu de la actual ley de entidades financieras. Se pasa de una ley para bancos , a una ley para los usuarios de los servicios financieros. Por ello, se basa en dos enfoques innovadores: la definición de la actividad financiera como servicio público y estar pensada a partir de las necesidades de los usuarios.
La actividad de los bancos impacta en la economía general de los habitantes, y es fundamental en las relaciones económicas de los individuos entre sí y con las instituciones, cuestiones que lo definen claramente como un servicio público.
Nuestro proyecto de ley implementa regulaciones más estrictas que las actuales, como por ejemplo, establecer un listado taxativo de operaciones para los bancos comerciales abandonando el criterio actual de admitir toda operatoria que no se encuentre expresamente prohibida. Para los bancos de capital extranjero se incorporan criterios más restrictivos para su actuación en el sistema financiero nacional. También se determina que ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación de mercado superior al 8 por ciento, tanto en el total de depósitos como de préstamos del sector privado, a fin de evitar una excesiva concentración que acarrea altos riesgos sistémicos.
El proyecto de ley fomenta decididamente la actividad financiera en las localidades de menor desarrollo relativo del interior del país, ya que exige tener en cuenta en las diferentes regulaciones del BCRA las características económicas y sociales de los sectores y regiones atendidos. En cuanto a los intereses de los usuarios de servicios financieros, el proyecto los aborda desde tres ejes esenciales: la “democratización de los servicios financieros”, que coloca cupos mínimos de cartera para prestarle a las micro, pequeñas y medianas empresas.
También se establece una tasa de interés máxima para préstamos a micro y pequeñas empresas en base a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento, como así también para préstamos personales inferiores a 100.000 pesos. Se encomienda al Banco Central establecer un listado de “Servicios esenciales” que las entidades deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, para los que se fijará un nivel acotado de comisiones.
El segundo eje lo constituye la “Proyección del usuario de los servicios financieros”, por el cual se obliga a las entidades a dar tratamiento y resolver los reclamos que presenten los usuarios. Se crea la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, cuya misión consiste en la defensa y protección de los intereses de los usuarios financieros.
El tercer eje es la creación un “Régimen de garantía de depósitos garantizados por el Estado nacional”, cuya idea es generar un sistema más protectivo desde el punto de vista del depositante.
Por último, este proyecto tiene el alto valor de efectivizar promesas que realicé durante la campaña electoral.
Carlos Boyadjián (Revista Caras y Caretas)
