Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Christine Lagarde expresó enfáticamente: “No estoy acá para negociar un programa y no vengo a prestar dinero”. De esta forma, la directora gerente del FMI salió al cruce de versiones que indicaban que Argentina tomaría un préstamo por varios miles de millones de dólares del organismo. No sería una sorpresa. Ya hay varios economistas del establishment que lo han recomendado, basándose en las dificultades que encontraría nuestro país para seguir financiándose en el futuro, atento al previsible aumento de tasas de interés en Estados Unidos. O porque sostienen que sería un endeudamiento más barato.
El gobierno comulga con las posturas del FMI, con lo cual no vería con malos ojos tal posibilidad. Cuando cuadre, podría acceder.
Pero cabe aclarar que sería una verdadera involución para la sociedad argentina, que tendría que volver a depender del visto bueno del FMI para cualquier operación financiera del Estado, y someter sus políticas macroeconómicas, e incluso sociales, a los condicionamientos del organismo internacional.
Resulta interesante citar las palabras recientes del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici: “Grecia debe estar fuera del programa (de rescate) en agosto y volver a ser un país miembro igual que cualquier otro. Los griegos tienen que recuperar su soberanía. Se lo han ganado”. No se intenta comparar la situación griega con la argentina, sino resaltar la pérdida de soberanía que implicaron, para Grecia, las políticas de la Troika (Comisión Europea, FMI y Banco Central Europeo).
En su disertación en la Universidad Di Tella, Lagarde sostuvo que “las autoridades argentinas están atacando los problemas con mucha decisión”. Para luego dispensar un elogio porque “no ataca al déficit fiscal de manera frontal y brutalmente, sino que lo hace con el transcurso del tiempo y la capacidad de la sociedad argentina”. Implícitamente, Lagarde está reconociendo que las políticas son nocivas para la sociedad, y por ello aprueba dosis atenuadas.
Repetidamente, sostengo en distintos medios que la gradualidad no es más que un ajuste, aunque nunca pensé que la confirmación de mi tesis vendría del FMI: Lagarde sostuvo también que “los ortodoxos podrían argumentar que sería mejor que se haga más rápido, pero en tanto haya decisión y voluntad y se reduzca en un punto el déficit fiscal primario, sería un gran logro también”. Gradualidad, sin shock, pero con decisión y voluntad de aplicar el ajuste.
Una definición que debe evaluarse con lo recientemente publicado por el FMI: en un contexto de recuperación mayormente autosustentable, “es una oportunidad para llevar a cabo las medidas de consolidación planificadas, especialmente donde los niveles de deuda soberana son altos o la situación fiscal es vulnerable (Argentina, Brasil, Italia, Rusia)”.
En verdad, hay que decir que el Fondo Monetario no cambió, sigue exaltando las mismas políticas de ajuste, sigue teniendo las mismas recetas. Es el mismo FMI que en los noventa pedía más privatizaciones, más ajuste, más desregulación, aunque a partir de la crisis internacional iniciada en 2007, haya aggiornado su discurso.
Presiones inflacionarias
La inflación del 2,4% de febrero, medida por los precios al consumidor, ya concitaba la preocupación general. Pero al conocerse que en el mismo mes los precios mayoristas aumentaron un 4,8% (después de un 4,6% en enero) el desconcierto escaló otro nivel. Los distintos medios y analistas cifran este comportamiento en varias causas, entre ellas los aumentos tarifarios (electricidad y combustibles) y los aumentos del dólar. Al desagregar el índice, y considerar la variación en el bimestre, pueden observarse estos efectos: el índice general arrojó un 9,6%; Petróleo crudo y gas un 31,4%; Energía eléctrica un 13,2% e Importados un 11,6 por ciento. El principal temor es que estos aumentos se continúen trasladando a los precios al consumidor en los próximos meses.
En este contexto, la aseveración de Marcos Peña en su informe a Diputados esta semana, acerca de que la inflación está bajando, suena destemplada. No sólo la refutan las góndolas, sino también los propios datos del Indec. En el bimestre enero/febrero de este año el IPC nacional subió un 4,2%, mientras que en igual bimestre de 2017 aumentó menos: 3,7 por ciento. Si tomamos un período más prolongado, digamos el semestre que va entre septiembre 2017 y febrero 2018, el IPC del Gran Buenos Aires (no hay datos del Nacional) subió un 12,5%, mientras que en igual período un año atrás, fue del 10,5 por ciento.
El dato de los precios de la construcción resulta interesante para analizar. Tomando la variación bimestral, el índice general aumentó el 3,0% entre enero y febrero, una variación modesta si se compara con los otros índices ya informados. Pero este nivel general tiene tres componentes: Materiales (5,3%), Gastos generales (5,7%) y Mano de obra (1,0%). Este es un gran ejemplo de lo que busca el gobierno con el límite del 15% a las paritarias, su pago en cuotas, y la eliminación de cualquier cláusula gatillo: que los salarios sean los que lleven todo el peso de la política desinflacionaria.
Pero la estrategia de limitar las paritarias va a impactar directamente en el consumo. Lo reconocen incluso economistas ortodoxos cercanos al gobierno y los datos de las consultoras especializadas. Por ejemplo, para Kantar Worldpanel, el consumo terminaría 2018 con una modesta suba de sólo el 0,7%, impactando negativamente la producción total. Si el consumo no impulsa, ¿cómo conseguir entonces los altos niveles de PBI que pronostican los funcionarios oficiales, además de tener en cuenta el impacto que tendrá la sequía? Pareciera que sólo se podría obtener con magia, o con elevadas dosis de posverdad.
Más que offshore, guarida fiscal
En su exposición ante Diputados, el Jefe de Gabinete se quejó de “esta idea estratégica de tratar de plantear que las offshore son corrupción”. “No. La corrupción son los bolsos de López, señores”, agregó.
Los bolsos de López son corrupción, un hecho horrible, deplorable y censurable y que deberá ser juzgado como corresponde. Pero las offshore que están en discusión son guaridas fiscales, territorios especialmente reglamentados para el lavado de dinero y la evasión impositiva. Es el fin último de la gran mayoría de las cuentas en las guaridas fiscales, cuyo mantenimiento resulta altamente oneroso, en comparación con las cuentas en ciudades financieras como Londres o Nueva York.
El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue contundente durante su mandato. Al informar que existe un edificio en las Islas Caimán que tiene registrado en ese mismo domicilio 12 mil empresas, reflexionó: “O es el edificio más grande del mundo o es la estafa impositiva más grande del mundo”.
Hay empresas, principalmente multinacionales, que poseen cuentas declaradas en las guaridas fiscales. Pero esa decisión implica que evitan el pago de cuantiosas sumas de dinero en los países donde desarrollan sus negocios. Es dinero que los países dejan de percibir para aplicar a salud, educación, asistencia social e inversiones en infraestructura.
Puede que, en algunas ocasiones, tener una cuenta en una guarida fiscal sea legal, pero es éticamente reprobable en todos los casos, en especial si el titular es un funcionario público. Porque, en definitiva, toda la población, cuyos destinos en parte van a administrar dichos funcionarios, deja de percibir los impuestos no pagados. La ética y la República, ausentes.
