8.12.12 l Tiempo Argentino l Panorama económico
El "fallo de colonias" que emitió Griesa constituye el verdadero foco de presión para nuestro país.
Por Carlos Heller
Un nuevo capítulo en el litigio de los fondos buitre contra Argentina se llevó a cabo esta semana, con la presentación realizada en la justicia norteamericana por el fondo NML Capital, que solicitó el depósito de una garantía por U$S 250 millones y pidió que se acelere el cronograma de audiencias para antes del 15 de diciembre, cuando el gobierno argentino pagará U$S 3500 millones en concepto de cupones del PIB. Luego de la derrota sufrida por los buitres la semana anterior, la Cámara de Apelaciones de Nueva York volvió a rechazar el recurso presentado, dejando en firme el 27 de febrero como fecha tope para el cierre de las audiencias.
Los bonistas que entraron al canje con papeles bajo legislación europea -y que temen verse perjudicados de aplicarse el fallo de Griesa- sumaron con sus acciones a la postura argentina, aunque no hay que perder de vista que pelean por sus propios intereses.
El desarrollo que tiene ese proceso y las distintas instancias que se generan son favorables a los argumentos de Argentina, algo muy positivo. No obstante, el “fallo de colonias” que emitió Griesa constituye el verdadero foco de presión para nuestro país y para los que opten por transitar un sendero diferente al que define el establishment financiero internacional; pretende desalentar a los países para que no se atrevan a reestructurar sus deudas con quitas de capital que afecten el interés de los inversores.
Todas las acciones a favor del capital financiero tienen su punto de contacto. Repsol presentó una demanda contra Chevron en una corte federal de Manhattan, que recayó en el juzgado de Thomas Griesa, para bloquear un acuerdo de la petrolera estadounidense con YPF para explorar Vaca Muerta, el yacimiento que más le dolió perder a Repsol, por quedarse sin la posibilidad de seguir expoliando nuestros recursos naturales.
Casualmente, expolio es la palabra más usada por Repsol al referirse a la expropiación del 51% de las acciones de YPF, por lo cual solicitó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI). Si bien no se solicitó una compensación específica, en reiteradas oportunidades el presidente de Repsol, Antonio Brufau, mencionó la cifra de U$S 10.500 millones.
Son las presiones del capital, usando las herramientas que les conceden todo tipo de privilegios y ninguna responsabilidad, como los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) de los que se desprende la instancia supranacional del CIADI; en esa instancia donde las empresas de capitales de los países desarrollados litigan contra los gobiernos de los países emergentes, y ganan por abrumadora mayoría. Es una lectura política sobre el CIADI que La Nación (4.12.12) resume con una frase interesante: “demasiado cerca de las empresas y lejos de los gobiernos”.
Resulta indispensable mencionar lo expresado por la presidenta Fernández de Kirchner: “entendíamos que si no hubiéramos tomado esta decisión era muy probable que YPF hubiera terminado como otra empresa también emblemática, que nos tocó recuperar, que fue Aerolíneas Argentinas y que cuando lo hicimos recibimos muchísimas críticas”. No sólo críticas sino también demandas, ya que el grupo Marsans fue al arbitraje en el CIADI en 2008 y en mayo de 2011 entabló una demanda por 1100 millones de euros al gobierno argentino. Hoy, Gerardo Díaz Ferrán está siendo procesado por la crisis y el vaciamiento del Grupo Marsans bajo los cargos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. “El juez sostiene que Díaz Ferrán y Pascual (socio ya fallecido) diseñaron ‘una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando insolvencia patrimonial’. Es decir, urdieron la venta de gran parte de su patrimonio, con trampas procesales, para que salieran a subasta judicial la menor cantidad de bienes, en detrimento de sus acreedores” (El País, 6.12.12).
Las conexiones continúan, puesto que “un ‘fondo buitre’ ayudó a Díaz Ferrán a eludir el pago de deudas” (El País, 3.12.12), fondo que se encargaba de comprar empresas quebradas a bajo precio y venderlas como nuevas, cometiendo delitos por los que ahora están siendo juzgados. Díaz Ferrán manejaba Aerolíneas Argentinas y así fueron los resultados. La pregunta es si el CIADI tendrá en cuenta para emitir el fallo los manejos irregulares de quienes dirigían la privatizada AA, o se abstrae de esta situación beneficiando “las inversiones extranjeras”, como suele hacer.
EN DEFENSA DE LOS INTERESES NACIONALES. En el ámbito internacional, el gobierno evidencia nuevas iniciativas. Esta semana, y finalizado el período de consultas por el cual las partes debían ponerse de acuerdo, se presentaron dos demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una de ellas contra Estados Unidos, por las restricciones al ingreso de limones y carne bovina fresca, y otra contra la Unión Europea, por las barreras españolas a las exportaciones argentinas de Biodiesel. Esos países tenían pedidos de consultas por otros temas. No es extraño que hayan respondido al día siguiente, iniciando un arbitraje forzoso porque “las restricciones de la Argentina a la importación violan las reglas del comercio internacional y dañan las exportaciones”, según postularon la UE y Estados Unidos.
Los países desarrollados hablan siempre de liberalizar el comercio cuando son ellos los que más trabas imponen, y se quitan la etiqueta de “proteccionistas” para colocársela a los países emergentes. Resulta claro el reciente comunicado de Cancillería sobre las denuncias contra nuestro país: “Son la mejor evidencia de que ante demandas específicas realizadas por la Argentina, responden con una acción generalista.”
Continuando con las iniciativas gubernamentales, debe citarse el discurso de bienvenida de la presidenta a su par de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a la necesidad y la urgencia de formular mecanismos alternativos a los multilaterales, dado que esos organismos multilaterales “no solamente han sido injustos e inequitativos hacia los países emergentes o en desarrollo sino que se están demostrando ineficientes e ineficaces fronteras adentro de sus propios países para resolver sus propios problemas”.
Cristina Fernández comentó que “ha llegado la hora de generar espacios, instrumentos diferentes en nuestra propia región, que dentro de las leyes y dentro de una normativa propia le aseguren a la región, a nuestra América del Sur, que toda esa década ganada en inclusión, en progreso, en mejoras, no sea echada a perder porque quieran transferirle la crisis”. Ésa es una salida hacia adelante, reforzando instrumentos y explorando las potencialidades que permite el nuevo estilo de integración latinoamericana, con países cuyos gobernantes se parecen a sus pueblos.
Una mención de Correa servirá para cerrar esta nota, pues indica cómo están vinculados todos los temas tratados. El presidente ecuatoriano identificó dos situaciones, el fallo de Griesa que “busca un efecto de disuasión para que nadie reestructure sus deudas”, y un fallo del CIADI a favor de la petrolera Chevron, que “son ejemplos de cómo en todas estas instancias tiene primacía el capital financiero sobre los Estados y los seres humanos”.
