Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
A las tensiones cambiarias de los últimos quince días, el gobierno decidió enfrentarlas desde la pura ortodoxia: adelantó para agosto de este año parte del ajuste prometido al FMI para 2019. Una mejora en las cuentas del Tesoro Nacional a costa de las provincias y las economías regionales. La muestra más evidente es el DNU que elimina el Fondo Federal Solidario, creado en 2009. Ese Fondo estaba compuesto con el 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones del complejo sojero y se destinaba principalmente a las municipalidades, para realizar obras de infraestructura.
En función de otra medida reciente, el Estado nacional dejará de hacerse cargo de los subsidios al transporte automotor, que deberán ser afrontados por las provincias (unos 44 mil millones de pesos en total), si sus finanzas lo permiten. Para dar una idea de montos e impactos de esta medida, en la provincia de Buenos Aires significan unos 23.500 millones de pesos, la mitad del presupuesto que dispone para la obra pública.
Junto a otras medidas fiscales, desde el gobierno nacional se sostuvo que la pérdida de ingresos para las provincias sería de 100 mil millones de pesos, un tercio del ajuste requerido por el FMI para el 2019. El Tesoro Nacional no se mantiene al margen de esta dinámica y ya ha estado realizando un fuerte recorte de la inversión directa del 9,7 por ciento nominal en el acumulado del primer semestre, que significa una reducción real del 29,9 por ciento si se considera el efecto de la inflación.
Para intentar evitar el frenazo en la construcción pública, y además avanzar en la “privatización” de las obras, los Contratos de Participación Público Privada (PPP) fueron planteados como una de las alternativas para cubrir el monto que ahora dejará de aportar el Estado. En España, este sistema de contratación estuvo lejos de ser un éxito: el Estado tuvo que desembolsar en concepto de “Responsabilidad Patrimonial de Administraciones Públicas” unos 4500 millones de euros. A la sociedad inglesa no le fue mejor: la Oficina Nacional de Auditoría Británica detectó que estos contratos “tuvieron un costo financiero más de dos veces superior al de un proyecto desarrollado por la obra pública tradicional”.
El Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de un exhaustivo análisis de los PPP en ese bloque de países, fue más contundente aún al señalar que estos proyectos “no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas” y agregar que “la distribución de los riesgos entre los socios públicos y privados fue a menudo inadecuada”.
En el plano local, a partir de las denuncias sobre la cartelización de la obra pública y las derivaciones judiciales que pudiera tener, el gobierno intenta buscar vías de financiamiento para que no se interrumpan los proyectos PPP. Una nota de El Cronista (22.08.18) afirma que se estaría barajando “la intención de crear un fideicomiso en el BICE para que sea el banco estatal quien obtenga los fondos de las entidades financieras privadas reacias a aportar en un sector que está siendo investigado por la justicia”. Se replicaría ahora, pero con otro banco público, la estructura del fideicomiso creado en julio para el mismo fin: éste le otorgaba la administración al Banco Nación y aportaba la certeza de que el repago contaría con los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles.
Podemos concluir, entonces, que los PPP se asemejan a una socialización de riesgos con privatización de las ganancias, nada demasiado alejado de la malograda experiencia internacional.
Con estas políticas, los negativos impactos en el empleo y la actividad en cada zona serán mayores aún. Es en parte la lógica descentralizadora que ya fracasó en los noventa cuando se trasladaron a las provincias los servicios de educación y de salud: el ajuste noventista se encargó de la merma de los recursos indispensables para cumplir con las responsabilidades asignadas. La contracción económica actual y un buscado Presupuesto 2019 para reforzar el ajuste agudizarían aún más todos estos problemas.
Nota publicada en Página/12 el 26/08/2018
