Página/12 - Suplemento Cash | Opinión
Por Carlos Heller
La iniciativa de establecer un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea es de larga data. Los objetivos establecidos en 1995, cuando se firmó el primer “Acuerdo Interregional de Cooperación”, parecen más lejanos aún de lo que esa fecha indica. Uno de ellos señala que “las partes determinarán de común acuerdo los ámbitos de cooperación comercial sin excluir ningún sector”. No obstante, la propuesta arancelaria que el bloque europeo presentó el año pasado para las exportaciones de carne, granos y otros productos del sector a Argentina y Brasil fue “decepcionante”, según los propios representantes de los países sudamericanos.
La iniciativa de establecer un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea es de larga data. Los objetivos establecidos en 1995, cuando se firmó el primer “Acuerdo Interregional de Cooperación”, parecen más lejanos aún de lo que esa fecha indica. Uno de ellos señala que “las partes determinarán de común acuerdo los ámbitos de cooperación comercial sin excluir ningún sector”. No obstante, la propuesta arancelaria que el bloque europeo presentó el año pasado para las exportaciones de carne, granos y otros productos del sector a Argentina y Brasil fue “decepcionante”, según los propios representantes de los países sudamericanos.
Lejos de ser una excepción a la regla, el ejemplo del sector agropecuario es parte de una práctica usual de los países desarrollados como forma de proteger sus niveles de empleo y actividad: se presumen promotores del libre comercio a la hora de vender sus productos pero son proteccionistas cuando se trata de los flujos que siguen la dirección contraria.
No es casual que el propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en su reciente visita a la Argentina haya dejado en claro que podría firmarse un acuerdo político de entendimiento hacia fines de 2018, pero que la liberalización de los diferentes sectores económicos será tratada a posteriori y de acuerdo a un “cronograma”.
Resulta interesante un informe publicado por la London School of Economics (LSE), en enero del corriente año, que señala que el progreso en las negociaciones UE-Mercosur se vio obstaculizado en años anteriores porque los gobiernos sudamericanos adoptaron una actitud pro industrialista y proteccionista. La actual coyuntura política de las dos principales economías del Mercosur, Argentina y Brasil, da cuenta de una mayor predisposición a cerrar acuerdos comerciales de este tipo, sin importar los costos que conlleven.
La composición del comercio bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea muestra un importante desequilibrio en cuanto al valor agregado de los productos negociados.
Según el informe de la LSE, un 70 por ciento de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea se componen de alimentos, animales vivos y materias primas: sólo el 25 por ciento de lo que se envía son productos manufacturados. Este patrón se invierte al analizar los productos que llegan al bloque sudamericano desde el europeo: un 90 por ciento de lo que la Unión Europea le vende al Mercosur son productos manufacturados.
El informe también advierte sobre los efectos que el tratado podría tener sobre las PyMEs sudamericanas, afectando su rol en la provisión doméstica de insumos, ante la imposibilidad para competir con los productos importados. Impactaría negativamente en el empleo y, por la vía de la balanza comercial, en la posición externa de la economía, de por sí muy vulnerable en la actualidad.
Desde que asumió el actual gobierno argentino las medidas adoptadas no parecen reflejar voluntad para proteger a las industrias y trabajadores locales. Casi en paralelo a la visita de Rajoy a la Argentina, el Poder Ejecutivo modificó, a través de un decreto, aspectos impositivos de la Ley de Participación Público Privada (PPP), para “abaratar los costos” de las empresas participantes. También por decreto, se incorporó la posibilidad de establecer jurisdicciones extranjeras “como mecanismo de solución de controversias”. Una cláusula que conlleva una pérdida de soberanía en los posibles litigios con empresas que inviertan en la Argentina, una rémora de los acuerdos bilaterales de inversión firmados en los noventa.
Salvando las distancias y teniendo en cuenta la coyuntura política de la región, el ALCA, que recibió su sentencia de muerte en las memorables jornadas marplatenses de 2005, parecería estar reviviendo con otros actores y formatos, pero con los mismos objetivos. Resistir el modelo, además de rechazar el ajuste, es hacer lo propio con las reformas estructurales y con los acuerdos que van en beneficio de los mercados y que implican un perdurable daño estructural.
