Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La situación económica y social se deteriora cada vez más. Los aumentos de precios y los tarifazos continúan enflaqueciendo el poder de compra de la población, el desempleo está aumentando y la utilización de la capacidad instalada en la industria es la más baja de los últimos años. No obstante, estamos muy lejos de una situación como la que se vivió en 2001.
Esta última cuestión no fue tomada en cuenta por el presidente Macri, al afirmar temerariamente que "sin Cambiemos en el gobierno, esta tormenta hubiese terminado como el 2001". Fue un ejercicio de posverdad elevada a la enésima potencia.
Si bien las políticas de este gobierno son de igual tenor que las aplicadas en los noventa, no estamos por enfrentar una crisis como la del 2001, en gran parte porque la famosa herencia recibida les dio un margen que aún están aprovechando: el bajo nivel de endeudamiento externo del cual arrancaron, el alto poder de compra de los salarios, el elevado nivel de actividad económica, la ausencia de conflictividad social, una inflación y un tipo de cambio contenidos, entre otros tantos logros.
Además, la dolarización del sistema financiero es muchísimo más baja que en 2001: hoy los depósitos en dólares son el 38% del total de depósitos, cuando en 2001 eran virtualmente la totalidad. La mora del sistema es en la actualidad del 2,1%, cuando en 2001 llegaba al 16% para el total de bancos y del 29% para los bancos públicos.
Resulta evidente que el gobierno ha decidido poner al país bajo la órbita del FMI a partir del significativo endeudamiento que acordó con el organismo y que estaría buscando ampliar. Y con este compromiso, facilitar la ejecución del plan que tenían por objetivo ya desde los inicios del PRO. Pero el control ejercido por el FMI es implacable. Lo confirman las palabras de la titular del Fondo, Christine Lagarde: "Si el presidente Macri incluye reformas serias en su plan, lo miraremos, registraremos el impacto en la situación macroeconómica argentina, determinaremos la sustentabilidad de la deuda y trabajaremos con ellos". Estas duras palabras, y el silencio por parte del gobierno macrista, indican la naturalización de la toma de decisiones sobre la economía argentina por parte del FMI: actitud de una notable gravedad política y soberana.
El ajuste continúa
Decreto 1605/18 de ampliación de gastos del gobierno nacional: "Que el incremento citado en el considerando precedente se financia con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social". El "considerando precedente" es la ampliación del presupuesto para la Policía Federal Argentina. Esta es la verdadera cara del ajuste que está implementando Cambiemos junto con el FMI.
El citado decreto aumenta el gasto en $ 40 mil millones, de los cuales $ 30.700 se destinan a ampliar los subsidios a la energía y el transporte, y el resto a objetivos varios. Subsidios que en un futuro cercano serán trasladados a tarifas, como se viene haciendo desde 2016, proceder que, con el FMI auditando, resultará más apremiante que nunca.
Siguiendo con el ajuste, preocupan las palabras del ministro del Interior, Rogelio Frigerio: "El sistema previsional nacional, como el de las provincias, tiene un problema de sustentabilidad en el largo plazo, que la política tiene que abordar" (Cronista, 13/7/18). Más que preocupante, puesto que está planteando la posibilidad de un fuerte ajuste en las prestaciones, o la futura privatización del sistema previsional, o ambos. En un todo de acuerdo con las políticas del FMI.
Entre las medidas para continuar con la cancelación de Lebac (también acordada con el FMI) el BCRA decidió aumentar los encajes bancarios nuevamente en 5 puntos, con el objetivo de achicar la masa monetaria para combatir la inflación, según explica en un comunicado reciente. Cabe señalar que cuanto mayores son los encajes, menos dinero se puede prestar a empresas y personas humanas, actividad ya difícil dadas las altas tasas de interés que el sistema carga sobre los préstamos, partiendo de la tasa de referencia del BCRA establecida en el 60%. Es otra más de las consecuencias del ajuste.
Dolarizar
Durante la semana volvió a discutirse el tema de la dolarización, tras la declaración de Larry Kudlow, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "El Tesoro está profundamente involucrado en este tema, lo cual es muy importante. Como todos hemos aprendido, la única salida para el dilema argentino es un sistema de convertibilidad".
En Argentina la idea de la dolarización no es nueva. Circuló con fuerza a fines de los 2000 cuando se discutía el devenir de la convertibilidad, un esquema que estalló en diciembre de 2001. Si la convertibilidad ataba de pies y manos al BCRA para emitir, a no ser que contara con los dólares en las reservas, la dolarización iría un paso más allá: con ella se erradicaría formalmente la existencia de una moneda propia.
¿Qué significa esto? En primer lugar, que con la dolarización desaparecería la posibilidad de utilizar las herramientas de política monetaria y cambiaria para estimular el empleo y el nivel de actividad. El Banco Central prácticamente perdería su razón de ser, pasando a cumplir sólo el rol de supervisión de la actividad bancaria y cambiaria.
Con la dolarización, la liquidez que toda economía necesita para funcionar dependería del ingreso de dólares. Así, la dependencia externa se vería reforzada tanto por la vía comercial como financiera. En lo comercial, la búsqueda de competitividad llevaría indefectiblemente a la deflación salarial, alterando la distribución del ingreso (la flexibilización laboral será un componente indispensable).
Además de la dependencia comercial, se acrecentaría la vía de la deuda externa. Si se requiere más circulante, y no ingresan dólares comerciales, entonces habría que endeudarse. De allí que la dolarización no despejaría de por sí las dudas sobre la solvencia externa, dado que la restricción de divisas seguiría estando presente.
Para Argentina, la dolarización implicaría cristalizar de un plumazo el ajuste y la deuda que encara actualmente el gobierno de Macri. Y condicionaría seriamente a futuros gobiernos, tanto para volver a disponer de una moneda nacional, como para implementar políticas de tinte progresivo.
Si en Argentina las políticas de desregulación que se encararon desde la dictadura fueron en gran medida responsables del deseo de ahorrar en la moneda estadounidense, la dolarización formal terminaría de sellar el círculo. La vuelta atrás es muy difícil. Vale recordar lo ocurrido en Ecuador, que desde 2000 tiene un esquema dolarizado, que no ha podido ser erradicado incluso en la presidencia de Rafael Correa.
Una última consecuencia: desaparecería la típica función de prestamista de última instancia del Banco Central, es decir, la emisión de dinero para frenar eventuales crisis. ¿Quedaría en manos de la Reserva Federal cumplir con este propósito? ¿A cambio de qué? Preguntas que vale la pena formular.
La idea de dolarizar la economía despertó un rechazo casi unánime de economistas locales de las más diversas vertientes y de partidos políticos y organizaciones sociales.
Resulta difícil pensar que un país con la magnitud de Argentina pudiera dolarizar su economía. Es un proceso en gran medida inviable, no sólo por razones técnicas, sino también por el agudo impacto negativo sobre la economía y la situación social.
