Nuestras Voces | Opinión
Por Carlos Heller
En tiempos de posverdad, las señales y los guiños, los anuncios y las declaraciones, adquieren un valor cercano a lo concreto. La sola enunciación de una medida puede desencadenar acciones y reacciones en los mercados, que suelen ser juzgados como racionales y siempre atentos a la información disponible, de forma tal que pueden anticiparse a los hechos. Por ello, habiendo pasado ya un trimestre del anuncio de la vuelta al FMI, cabe evaluar cuáles han sido las principales repercusiones e impactos en los que se ha traducido el acuerdo.
A mediados de julio, el FMI publicó un documento técnico sobre la situación argentina, donde explica el plan y hace algunas recomendaciones de política. Allí aconseja acelerar el ajuste a través de una docena de medidas. Entre ellas, habla de frenar la reciente reforma impositiva, suspender la reducción de retenciones a la soja, profundizar la quita de subsidios a la energía y transportes (aumentarán tarifas de luz, gas, trenes, colectivos y subtes en CABA) y achicar el gasto público en bienes y servicios un 15% en términos reales. En cuanto al empleo estatal, pide congelar el ingreso de trabajadores y paritarias del 8% entre junio de 2018 y de 2019. Se incluyen recortes a las transferencias a las provincias, la privatización de tierras públicas (se anunció la venta de inmuebles de las Fuerzas Armadas), la venta de las acciones de grandes empresas que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ya hubo cambios en la cartera), y la discusión en el parlamento sobre el régimen jubilatorio. El texto es así de duro.
En este marco, interesa ver hacia dónde cree el Fondo que se dirige la economía argentina; qué es lo qué podría esperarse. La lógica del FMI, que suscribe y gestiona el actual gobierno, parte de la base de que lo fundamental es recuperar la confianza de los mercados. Pero ya pasó un trimestre y los capitales no han venido. Y seguramente no lo hagan si intuyen que se avecina una recesión con inflación.
El documento del FMI afirma: “la deuda se mantiene sustentable, pero no con una alta probabilidad”. Analistas privados estiman que en 2019 se necesitarán al menos U$S 19.000 millones extra de financiamiento para saldar las cuentas externas, un monto significativo.
En caso de no conseguir los fondos de los mercados externos, harán falta mayores ajustes. Ajustes que a su vez seguirán afectando la actividad económica y, a su turno, la recaudación fiscal. En materia de actividad económica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ya proyecta una caída del 0,3% del PIB para el 2018.
En julio ya se vio que los ingresos fiscales crecieron interanualmente casi 6 puntos menos que la inflación. Es un dato a seguir de cerca. De mantenerse un sendero de caída de la recaudación en términos reales, el esfuerzo por el lado del gasto deberá ser aún mayor para cumplir con las metas fiscales. Es la lógica del ajuste interminable.
Los técnicos del Fondo advierten que de no cumplirse las políticas de ajuste que ellos propician, entonces los números de las proyecciones y estimaciones del programa pierden toda validez. Significa que por un lado presionan, pero al mismo tiempo se cubren: si los valores de las variables dan muy mal, dirán que el problema es que no se ingirió la dosis recetada. Lo han afirmado en gran cantidad de países.
Lo que no es sustentable es el programa económico del Fondo. En junio la inflación minorista dio muy mal, 3,7%, y la núcleo (sin precios regulados ni estacionales) dio 4,1%. En el acumulado de 12 meses el nivel general de precios minoristas se ubicó en el 29,5%. Las consultoras esperan que para fin de año se encuentre entre el 32 y el 34%. Esa sola variable ya caería por fuera de los parámetros aceptables según el acuerdo. Desvíos que por motivos políticos el organismo seguramente terminaría tolerando.
Todos los meses hay inflación, pero esta vez fue mayor, mostrando que está impactando la devaluación, sobre todo en alimentos, que fue de 5,2% en junio. El dólar pegó fuerte en el precio de un insumo fundamental como la harina, que aumentó 25,8% en el mes. El presidente Macri dijo en conferencia de prensa que la inflación del año que viene va a bajar “más de 10 puntos”, y mandó a caminar para encontrar los precios más bajos.
Otra señal preocupante es que la fuga de dólares sigue a nivel récord. En el primer semestre se duplicó. Aumentó 117% respecto a igual período del año anterior. Alcanzó los U$S 16.676 millones. Casualmente, un monto similar al primer desembolso que nos dio el FMI. Y desde que asumió Macri, aumentó U$S 50.000 millones, una cifra parecida a la deuda total que pactó el gobierno con el FMI.
El Fondo está tomando nota de todos estos desvíos de las variables. La semana pasada el organismo señaló que Argentina crecerá menos y habló de “dudas” de inversores. Alejandro Werner, el responsable para América Latina, instaló cierta desazón. Sostuvo que “hay dudas en la implementación plena del programa por parte de inversores y empresas”, según publicó La Nación.
En este panorama complicado, hay que tener claro que el plan para este año sería aprovechar la inflación alta para poder bajar los salarios en términos reales y seducir a los capitales externos, porque con los dólares del Fondo no alcanzaría. El punto es que la recesión e inflación van a terminar de estancar la economía nacional, haciendo más inverosímil la entrada de inversiones del exterior.
La única certeza del acuerdo con el FMI es la recesión y el ajuste, que no afectará a todos por igual. Mientras tanto, el Presidente anunció recortes al INVAP, todo un símbolo en materia de ciencia y tecnología. Le pagó la deuda a los fondos buitre pero no le paga la deuda al INVAP. Según Macri, proyectos como el de los satélites argentinos eran de la “época de la magia y la plata no está”. Pero “no fue magia” y “la plata” está, sólo que ahora se usa en beneficio de otros intereses.
Las últimas medidas hablan por sí solas y desarticulan el discurso de la posverdad. Entre ellas aparecen la suba de la tarifa del subte, la electricidad y los combustibles. También la reducción por decreto de los recursos destinados a las asignaciones familiares, aunque, por la resistencia de los ajustados, su aplicación esta momentáneamente suspendida.
Si el gobierno había dicho que el acuerdo con el Fondo tenía la novedad de cuidar a los más débiles, la realidad va por otro carril y no para de mostrar su verdadero rostro.
