Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El futuro, para el gobierno y el FMI, es siempre venturoso. El problema es que nunca llega. En abril pasado, el informe semestral del Fondo decía que el año que viene íbamos a crecer 3,2 por ciento. Ahora afirma que vamos a decrecer 1,6. Es decir: entre abril y octubre se produjo una diferencia de 4,8 puntos en los pronósticos de evolución del PBI. Entonces, el futuro esperado se trasladó a 2020: aseguran que ese año la economía se expandirá el 2,1 por ciento. El optimismo para Cambiemos es prometer lo que nunca se produce. Las buenas noticias duran hasta que nos acercamos a ellas.
Ahora, en un país donde la capacidad instalada ociosa de la industria es del 37 por ciento –la más alta desde el 2002– dicen que en el 2030 vamos a triplicar las exportaciones. El futuro, mientras más lejano, más exitoso. El gobierno instala sus buenos resultados en un tiempo al que nunca llega. En la eternidad nos espera una gran Argentina.
El oficialismo, además, tiene un problema con la velocidad de los números: cambian más rápido que su capacidad de registrarlos. En el Presupuesto que se está tratando en el Parlamento se proyecta una caída del producto bruto para este año de 2,4 por ciento. Y de 0,5 para 2019. Pero el FMI, en su informe de octubre, adelanta que la contracción en 2018 va a ser de 2,6 y, como ya dijimos, en 2019 de 1,6. Es decir: el Presupuesto que están tratando los legisladores ya tiene sus números atrasados. El FMI asegura que la caída del PBI el año que viene va a ser mucho más grande que la presupuestada. Ello supone una fuerte reducción de los ingresos fiscales. Y, como trabajan con la hipótesis de déficit cero, tendrían que profundizar el ajuste para compensar la caída de los ingresos por impuestos.
En síntesis: los números que proyecta el Fondo difieren de los que el gobierno está utilizando para diseñar el Presupuesto. Por eso, el jefe del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, le ha pedido al oficialismo que mande otro Presupuesto, que lo hagan de nuevo, porque éste ya está lleno de imprecisiones y de “certezas” que lo hacen imposible de cumplir. No es ya sólo el Presupuesto del ajuste. Además, es un Presupuesto desactualizado e impreciso.
El Presidente asegura que el rumbo elegido es el único posible. Dice: “pienso todo el tiempo y no encuentro otra alternativa”. Por eso, su supuesta virtud no es tanto el camino elegido –porque, en su perspectiva, no hay otro– sino su capacidad de transitarlo con firmeza. Lo ha dicho en el Centro Cultural Kirchner: “nos aferramos firmes al timón y no cambiamos el rumbo”. En simultáneo, la directora del FMI, Christine Lagarde, ha elogiado la disciplina del primer mandatario argentino para hacer cumplir el ajuste fiscal con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas. También el secretario del Tesoro de los EE.UU. respaldó el acuerdo firmado entre nuestro país y el organismo multilateral de crédito, y los ajustes de política monetaria y fiscal que lleva adelante el gobierno argentino. Desde esa perspectiva, hay un único proyecto y un único camino. Pero no es cierto que sea el único.
Los caminos están siempre vinculados a la definición de para quién se gobierna y qué intereses se priorizan. El Presupuesto es un reflejo de los sectores a los que se favorece y a los que se perjudica.
Un ejemplo: en el marco de la negociación del Presupuesto en España se produjo un acuerdo entre el PSOE y Podemos para impulsar una rebaja de las tarifas en el contexto de un pacto de mayor alcance entre ambas fuerzas políticas. Según una nota publicada en el diario Ámbito Financiero, ambos partidos “cerraron un acuerdo para incorporar una fuerte reducción de las tarifas energéticas en el Presupuesto 2019 de España. La medida se enmarca en un pacto de mayor alcance, que incluye una destacada suba del salario mínimo; más fondos para viviendas y protección de inquilinos; actualización de pensiones; nuevos impuestos al patrimonio y las transacciones financieras; más inversión en ciencia e investigación”, entre otras iniciativas. Agrega la nota: “se prevé achicar el costo «variable» de la electricidad, de modo que los primeros kilovatios consumidos sean más baratos. Pero la propuesta más ambiciosa incluye un fondo de 50 millones de euros para la lucha contra la pobreza energética (…) y una «reforma profunda» del bono social. Los dirigentes plantearon que el bono social se extienda al servicio de gas, convirtiendo su solicitud en «automática», aunque con un nuevo criterio de adjudicación: el ingreso per cápita del hogar vulnerable.”
La posición del Partido Popular es que se trata de un Presupuesto imposible, irresponsable y suicida para el futuro de España.
Por eso decimos que no hay un único camino ni un único presupuesto. A diferencia de lo que está ocurriendo en España, en nuestro país el gobierno, en lugar de pensar en los usuarios, ha tomado medidas en beneficio de las compañías prestadoras de servicios públicos.
En ese contexto, la discusión generada por un abusivo cargo a los usuarios de gas a abonarse en 24 cuotas con intereses y su posterior retiro, intentó instalarse como un beneficio. Y buscó esconder el debate sobre los elevados aumentos de tarifas anunciados unos días antes que, además, castigan principalmente a los sectores más vulnerables, para quienes esos incrementos alcanzan al 60%. Mientras para los sectores de más alto consumo el aumento fue solo del 21%. Como se ve, los promedios suelen esconder injusticias aún mayores.
A mi juicio, el tema pasa por la discusión sobre la necesidad de retrotraer todos los aumentos a diciembre de 2017, como establecía la ley sancionada por el Congreso y que el presidente Macri finalmente vetó. También, se corre el riesgo de que quede fuera del debate la necesidad de diferenciar el cuadro tarifario según la capacidad de pago de los usuarios de los servicios.
Pero, además, en este pago retroactivo a las empresas se consagra la desaparición del riesgo empresario: allí donde éste aparece está el Estado cubriéndolo. Por otro lado, se trata de compañías que tienen ventajas notables con relación a otras. Por ejemplo, cuentan con mercados cautivos y, por lo tanto, los usuarios no pueden elegir otros proveedores. Tampoco necesitan invertir en publicidad para instalar las supuestas bondades de sus productos. El Estado les dice: “Miren, todos estos ciudadanos, todas estas familias y todas estas empresas que viven en estas direcciones, tienen que comprarles a ustedes”.
La pregunta es lógica: ¿Esa situación no le da derecho al Estado a intervenir en la cadena de valor y establecer costos y rentabilidades razonables, entre otros aspectos? ¿No será el momento de comenzar a preguntarse si las empresas cuyo objetivo es la maximización de la ganancia constituyen la mejor opción para prestar servicios públicos de alcance universal?
Por eso, insistimos en que no hay un único proyecto ni un único Presupuesto. Están los que concentran recursos en los poderosos y los que buscan distribuirlos entre la gente. Los que favorecen a las empresas prestadoras de servicios públicos y los que priorizan a los usuarios de esos servicios. Este mismo concepto es aplicable a múltiples sectores y actividades.
El gobierno presenta un Presupuesto cuyos aspectos centrales han sido diseñados junto al FMI y que representa los intereses de minorías. Habrá quienes lo apoyen directa o indirectamente. Y también, estarán los legisladores dispuestos a oponerse defendiendo los intereses de las mayorías, dejando en claro que hay otro proyecto, otro Presupuesto, otra idea de país.
