Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La andanada liberalizadora abarca casi todos los ámbitos de la economía. Es parte de la lógica del Estado "canchero", que sigue abonando el terreno para la obtención de una mayor ganancia empresarial.
La conferencia que esta semana brindó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no dejó dudas. Al referirse a la suba de las naftas, señaló: "los costos son los costos y tenemos que convivir con eso (...). Estamos trabajando para que se afecte de la menor manera posible el bolsillo de los argentinos". La frase grafica por sí sola el sesgo de la desregulación total del mercado de comercialización de combustibles.
Otra línea liberalizadora que impulsa esta gestión desde su inicio es la financiera y cambiaria. El lunes se anunció, por ejemplo, que se volverán a permitir las denominadas "ventas en corto". Es un mecanismo que permite vender un título que el inversor no tiene en su poder, solicitando un préstamo a tal efecto, una alternativa más para incentivar la especulación.
Pero la regla planteada por Peña encuentra su más cruda excepción en el plano salarial. Tras señalar que las negociaciones paritarias son "libres" dijo: "lo que sí consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con esta meta (de inflación) del 15%". El gobierno también intenta evitar la inclusión de cláusulas "gatillo", como las que acordaron algunos gremios en 2017, que les permitieron igualar la evolución de la inflación.
Fijar los salarios con un aumento del 15%, sin cláusula de ajuste, es una medida regresiva, más cuando casi todas las proyecciones del sector privado están más cerca del 20 por ciento. De esta forma queda claro que la intención del gobierno es presionar a los trabajadores para que asimilen una nueva baja del salario real.
Completa este panorama el reciente decreto que cambia el formato de negociación con los sindicatos docentes, una de las primeras paritarias del año, y un precedente para el resto de los gremios. "Lo que hicimos con el decreto es poner en claro que acá nunca hubo una paritaria nacional, por lo cual es algo que no nos pueden exigir", explicó el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro (Clarín, 18 de enero de 2018). Estas declaraciones contradicen lo normado por la Ley de Educación, que en su artículo 10° establece que el Ministerio de Educación juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas referidas, entre otras, al salario mínimo.
Si bien en el nuevo decreto se garantiza que este salario sea como mínimo un 20% superior al salario mínimo, vital y móvil, se quita la facultad que tenía el gobierno de negociarlo a nivel nacional. Esta instancia queda a cargo de las autoridades provinciales. Una tarea que no va a ser fácil considerando las limitaciones impuestas en el gasto público de las provincias, fijadas en la ley de responsabilidad fiscal. Tirando por la borda toda su retórica en torno a la "institucionalidad", a sólo una semana del anterior DNU, el Poder Ejecutivo vuelve a utilizar esta herramienta, esta vez contra los docentes.
La economía en datos
Se conocieron más datos de la evolución económica en 2017, que muestran los impactos del actual plan económico, así como su falta de sostenibilidad. Estos son los principales ejes:
Fiscal. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció con bombos y platillos el sobrecumplimiento de la meta fiscal de déficit primario para 2017 (-3,9 puntos porcentuales del PIB contra los -4,2 proyectados). Con relación al déficit de 2016 la mejora es de 0,4 puntos. No obstante, se trata de una meta engañosa ya que el déficit primario no incluye el pago de intereses de la deuda pública, que aumentaron en el año un 71 por ciento. Esto indica que el esfuerzo al que se somete a la población, para conseguir el ahorro fiscal primario, fue destinado íntegramente a afrontar el pago de los servicios de la deuda. Analizando el déficit financiero (que sí incluye intereses) se observa un empeoramiento de la situación fiscal, ya que el coeficiente pasó del -5,9% en 2016 al -6,1% del PIB en 2017. El ministro clarificó la estrategia al decir que las metas fiscales se fijan sobre el déficit primario "porque es el que podemos controlar". Este tipo de declaraciones no hacen más que avizorar el fuerte ajuste de los salarios y de las prestaciones del sector público que se avecina. Un ajuste que será directamente proporcional al engrosamiento de la cuenta por intereses de la deuda, una variable que no cesa de aumentar.
Sector externo. Esta semana se difundió el Balance Cambiario del Banco Central. Los datos más importantes muestran que en 2017 la fuga por compras de divisas del sector privado para tenencia alcanzaron los U$S 22.148 millones, el monto más elevado desde 2008. En tanto la salida de divisas para pagar servicios de turismo en el exterior llegó a los U$S 10.577 millones, un 29% más que en 2016. A ello hay que sumarle la continuidad del alza indiscriminada del pago por importaciones, que contribuyó a aumentar el resultado negativo del comercio exterior.
También siguió creciendo el endeudamiento externo del sector público (U$S 26.676 millones), mientras que se disparó la inversión extranjera especulativa, pasando a explicar 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país en 2017 en concepto de inversiones. Como era de esperar, el saldo de la inversión productiva externa fue aun peor que el ya magro registro de 2016. Al informar sobre estos números, el título de la nota de La Nación (viernes 19 de enero) resultó elocuente: "La economía acentuó en 2017 su dependencia del financiamiento externo". Es decir, una economía cada vez más frágil.
Actividad interna. El Indec informó que las ventas en supermercados y shoppings crecieron apenas el 1% interanual en noviembre en términos constantes, es decir, descontada la inflación. Diciembre no apunta a salir del estancamiento. Según un relevamiento de la consultora Kantar Worldpanel, el volumen de las ventas de los productos de la canasta básica estuvo 1% por debajo de diciembre de 2016, un número particularmente negativo dada, además, la floja base de comparación. La pérdida de poder adquisitivo de la población es una consecuencia de las medidas de política económica del gobierno, como los importantes aumentos de tarifas de servicios públicos, así como de otros bienes regulados como la nafta y las cuotas de medicina privada, que llevaron a altos incrementos en el mes de diciembre.
Situación laboral. Según el Indec, en los primeros nueve meses de 2017 se registró un incremento del 1,9% en los puestos de trabajo respecto del mismo lapso de 2016. No obstante el empleo registrado sólo creció un 0,9 por ciento. En contraposición, los más dinámicos fueron los cuentapropistas (4,1%) y los informales (2,2 por ciento). En este marco, se conoció el nombramiento de Abel Guerrieri al frente del Registro de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), un directivo de la Sociedad Rural Argentina que en su momento se opuso a la eliminación de las jornadas de "sol a sol" y al régimen de ocho horas diarias de trabajo.
La ofensiva contra los sindicatos y los datos de una mayor informalidad, que paradójicamente fueron acompañados de ciertos sucesos alrededor de la vida privada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, constituyen evidencias concretas de cuál es la dinámica laboral que impulsa el gobierno nacional.
