Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
Nodal | OpiniónPor Carlos HellerSi hay algo en lo que el gobierno del presidente Mauricio Macri muestra determinación es en su convicción para dejar los principales aspectos económicos de Argentina librados al mercado. Las palabras del Presidente en un discurso brindado el 29 de junio pasado dan cuenta de ello: “El mercado quiere saber si vamos a cumplir, y vamos a cumplir” (El Cronista).
En este marco, la reducción del déficit fiscal primario, una de las principales condiciones del FMI para el desembolso de los distintos tramos del préstamo de 50.000 millones de dólares, aparece como el objetivo excluyente de su gestión de gobierno.
Por ahora hay pocas dudas de que se alcanzará el 2,7% del PIB de déficit primario para 2018. El Ministerio de Hacienda ya se comprometió a presentar un Presupuesto 2019 al Congreso elaborado en torno al 1,3% para ese año.
Este recorte al 1,3% del PIB, que implica un ajuste de aproximadamente un 11% del gasto primario total, fue mencionado reiteradas veces por las autoridades del gobierno nacional y hasta el propio Macri señaló que “ya se ha hecho famoso” en una conferencia de prensa brindada en julio pasado. Una expresión poco feliz para referirse a un resultado fiscal que implica necesariamente un fenomenal recorte de servicios públicos en materia de salud, educación y asignaciones sociales, por citar solo algunos ejemplos. Tan es así que hasta se le dio un marco institucional a este ajuste al haber creado, a principios de agosto, la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Articulación Fiscal y Financiera” bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne. Más allá de la denominación formal, lo que se intenta es controlar de forma centralizada y rigurosa el cumplimiento del profundo ajuste fiscal que se viene.
Volviendo a la idea inicial de esta nota, la firme decisión del gobierno de la coalición Cambiemos de otorgarle al Estado el rol de “canchero”, tiene graves consecuencias sobre un importante sector de la sociedad argentina. Sin un Estado que se encargue de controlar y redistribuir la riqueza, los recursos son asignados por el mercado. De esa forma, la mayoría de la población, salvo una minoría privilegiada, se ve inmersa en un contexto socioeconómico adverso a sus necesidades y derechos.
En línea con la idea de minimizar la injerencia del Estado en la economía, un reciente papel de trabajo del FMI autorizado por Roberto Cardarelli, el auditor de las cuentas argentinas, sostiene que existe una “significativa intervención del Estado en la economía” argentina y sugiere “eliminar los controles de precios (algo que en la práctica ya se materializó a partir del Estado «canchero»), racionalizar los subsidios, y remover las regulaciones sobre el sector privado”.
En materia laboral, el documento señala que “las estrictas regulaciones” en ese sector, “como altos costos de despido y restricciones para la implementación de contratos temporarios, dificultan la asignación de recursos en la economía y desincentivan las inversiones”.
En definitiva, al igual que lo establecido en la Carta de Intención al FMI que elaboró el gobierno argentino, las recomendaciones del documento del Fondo mencionado instan a profundizar las políticas que ya se vienen implementando desde diciembre de 2015.
Lamentablemente, como ya lo hemos vivido en Argentina, estas medidas no tienen un final feliz para gran parte de la sociedad. Todo lo contrario, las desregulaciones y la retirada del Estado como garante del bienestar social, dejando al mercado como distribuidor de recursos, generan una dinámica de concentración de la riqueza que lleva indefectiblemente a la inequidad social.
Los principales indicadores macroeconómicos de nuestro país nos ayudan a comprender las consecuencias de estas medidas. Las variaciones de los salarios registran desde hace varios meses valores menores a los niveles de inflación. En efecto, el poder de compra de los salarios sufrió una caída acumulada durante el primer semestre de 2018 del 3,2%.
A su vez, los valores de las canastas que determinan los niveles de pobreza e indigencia muestran incrementos mayores al nivel general de precios. Algo esperable dado que son los alimentos los que registran mayores alzas durante los períodos de aceleración inflacionaria, afectando fuertemente a los ingresos más bajos.
La restricción externa (escasez de divisas) se acentúa cada vez más por la fuga de capitales en ascenso y por el saldo deficitario de la Balanza Comercial (exportaciones menos importaciones de mercancías). Si bien el impacto de la sequía en la última cosecha gruesa tuvo mucho que ver en la caída de las exportaciones de 2018, durante 2017 se registró un saldo negativo de la Balanza Comercial de más de 8.500 millones de dólares, un triste récord histórico.
Por otro lado, la actividad industrial registró en junio de 2018 una caída del 8,1% interanual, afectando a la mayoría de los sectores.
En el mismo mes también cambió una tendencia que se venía observando en la recaudación tributaria: creció un 23,8% interanual, por debajo de la inflación estimada que ronda el 31%.
En definitiva, los datos expuestos son muestras de un sendero cuyos efectos se harán sentir cada vez con mayor fuerza, de no revertirse drásticamente los ejes de la política económica actual. Una realidad que los discursos oficiales intentan disfrazar constantemente con la expectativa de un futuro venturoso que, de seguir así, nunca llegará.
