Por Carlos Heller
La cuestión de los recursos naturales y el caso YPF reactualizan la discusión sobre el rol del Estado y la profundización del modelo.
Temas como los hidrocarburos, los minerales, los recursos naturales en general, merecen una discusión amplia en la que se contemplen los diferentes aspectos en juego. En este sentido, el país tiene una asignatura pendiente como parte de las discusiones de fondo sobre cuestiones estratégicas.
Por supuesto, todo está vinculado con la preservación del medio ambiente pero, además, su explotación y utilización debe ser en beneficio de toda la población y no para que optimicen su rentabilidad las grandes corporaciones. Los recursos naturales son de la Nación; su utilización y explotación deben ser concebidas en el marco de una estrategia global de desarrollo sustentable del país y en sintonía con los procesos de integración de la región en clave emancipatoria. Claro está que el tema es de gran complejidad y merece un debate amplio y participativo de toda la sociedad, no sólo a través de las instituciones propias de la democracia, sino también a través de mecanismos complementarios que enriquezcan las visiones y logren los acuerdos de los distintos actores sociales locales, nacionales y regionales. En nuestro país, el tema de la minería y de los hidrocarburos aparece como presionando esta agenda y desde una perspectiva política introduce nuevamente el rol del Estado como protagonista frente a las conocidas lógicas de mercado.
Por ejemplo, la cuestión del petróleo y la renacionalización de YPF emerge como una alternativa necesaria. En una situación en la que surge la denuncia sobre cartelización de precios en la venta del gasoil a las empresas transportistas, si tuviéramos una compañía estatal trabajando en el sector podría haber actuado como referencia de precios y permitiría contar con elementos adicionales para evitar o castigar los abusos. La Argentina está dando una enorme ventaja al no tener una compañía estatal en el sector petrolero, como sí la tienen Brasil, Uruguay o México. La renacionalización de la empresa petrolera y el replanteo sobre el uso del subsuelo son parte de esta discusión pendiente y necesaria. La reforma constitucional de 1994, al provincializar la potestad sobre los recursos naturales, fragmentó la capacidad del Estado nacional y dificulta la puesta en práctica de un gran plan estratégico nacional con una cosmovisión avanzada del país, de la región y del mundo.
La tensión entre progreso y desarrollo versus medio ambiente no es exclusiva de la Argentina ni nace de las necesidades coyunturales. Hace ya bastante tiempo que asistimos a denuncias provenientes de un amplio espectro de organizaciones sociales acerca de los riesgos que entraña el desarrollo de un modelo capitalista que, fundado en la búsqueda incesante de lucro, no tuvo escrúpulos en promover acciones predadoras que multiplicaron los riesgos que ponen en un signo de interrogación la continuidad del género humano y de las distintas formas de vida existentes en nuestro planeta. Si el neoliberalismo fue responsable de las catástrofes sociales productivas, militares y políticas, también corresponde adjudicarle los daños en la dimensión ecológica, es decir los diversos impactos en los ecosistemas del planeta todo.
La Cepal advierte que “los principales problemas ambientales en América del Norte son la contaminación del aire y el agua, el crecimiento descontrolado de áreas urbanas y la alta intensidad en el consumo de energía basada en combustibles fósiles. A su vez, se asevera que en América Latina y el Caribe se hacen cada vez más evidentes la pérdida de biodiversidad y de bosques, y la sobreexplotación de los recursos naturales por encima de su capacidad de reposición, lo cual ha provocado la degradación de suelos y el agotamiento de pesquerías, y se señala que la urbanización acelerada y desarticulada y la persistencia de patrones insostenibles de producción y consumo están agravando problemas como la creciente generación de basura y el aumento en la contaminación del aire en las ciudades. Para todo el continente, el panorama descripto se ha visto agudizado por los impactos del cambio climático y el aumento de la intensidad y frecuencia de huracanes, inundaciones y deslizamientos”. (Cepal, Quinta Cumbre de las Américas 1994-2009 Indicadores seleccionados).
Con esta mención, queda claro que la naturaleza fue y está siendo una de las principales víctimas del modus operandi neoliberal. Desde aquí cabe recuperar la voz de quienes nos antecedieron y plantearon preocupaciones que demostraron su vigencia.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
El cuidado de nuestro hábitat exige salirse de los cánones empresariales que convierten a un río en un objeto de lucro o a una montaña en un recurso extractivo de fatales consecuencias ambientales. Ya hay claridad de los límites a los que nos acercamos, pero nadie puede afirmar que no hubo advertencias hace ya muchos años. En la región, los gobiernos que se plantean avanzar en las rupturas con el paradigma neoliberal reconocen las tensiones que se generan entre las necesidades y oportunidades de la explotación de los recursos naturales en beneficio de los pueblos, y el cuidado y la preservación de la naturaleza con responsabilidades de futuro. Recientemente, en una entrevista realizada a Marco Aurelio García, en ocasión de su participación en los debates del Foro Social Temático “Crisis capitalista, justicia social y ambiental”, en Porto Alegre, y ante la pregunta ¿en qué consistiría hoy la unidad de Sudamérica?, respondió: “Hoy es básicamente un proyecto de integración que da fuerza a las grandes potencialidades. Estamos hablando de grandes ofertas al mundo en materia de energía, de alimentos, de minería, de un gran mercado de trabajo, de biodiversidad, de más de un tercio de las reservas de agua del mundo, de gran diversidad climática y geográfica y de valores a primera vista inmateriales: la democracia, con gobiernos elegidos por el pueblo, y la paz”. En estos conceptos aparecen claros los desafíos y oportunidades para nuestros pueblos y la necesidad de encontrar dentro de la democracia el equilibrio entre las exigencias de los recursos para el desarrollo con inclusión y satisfacción de necesidades secularmente postergadas con el impacto que ello provoca no sólo en la naturaleza sino en particularidades sociales y comunitarias tanto locales, como nacionales.
Para el caso de Bolivia, también en un reciente reportaje, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó como “tensiones creativas” a las diferencias de visiones e intereses comunitarios, locales y nacionales.
En Ecuador, la nueva Constitución dejó expresado que la naturaleza también es sujeto de derechos reconocidos por la Carta Magna. Y además, declaró de interés público todas las dimensiones de lo que se define como medio ambiente, tales como la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de la nación. También define el rol del Estado en la materia, promoviendo el uso de tecnologías no contaminantes y de energías alternativas. No cabe duda de que la nueva Constitución ecuatoriana marca un rumbo tal vez inédito. Prohíbe taxativamente “el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”. No obstante, se abrió un gran debate, pues el presidente Rafael Correa declaró que Ecuador no puede ser un país mendigo sentado sobre un arcón de oro, refiriéndose a la voluntad de acordar con empresas canadienses la explotación de la minería en el país.
En la Argentina, la Presidenta les recordó a las empresas que explotan y comercializan el petróleo que los dueños de los hidrocarburos son los argentinos y que ellos son portadores de concesiones otorgadas por el Estado. En la provincia de La Rioja, el gobernador Luis Beder Herrera anunció la suspensión de la negociación por los tratados de explotación de la minería hasta que se logren los consensos necesarios por parte del conjunto de la sociedad.
Desde nuestra perspectiva enfatizamos la necesidad de que el Estado asuma responsabilidades concretas en el cuidado del ambiente y que genere modelos de crecimiento sustentables, tanto desde lo social como desde lo productivo y lo ambiental.
En tal sentido, debemos converger con múltiples fuerzas políticas y sociales, acordando con instancias del Estado (en todos sus niveles) y entre los Estados, promoviendo relaciones fraternales que impulsen un modelo productivo más humano, que estimule un desarrollo social y económico sustentable, que asegure el derecho de todas y todos a una vida digna, poniendo coto a aquellos estilos y modos de producción económica que dañan de manera irreparable a la naturaleza y, por eso mismo, deterioran los niveles de vida para todos los sectores sociales.
