Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El oficialismo ha regulado la velocidad de implementación de su proyecto político económico pero nunca puso en duda su dirección. El proyecto siempre fue el mismo. La diferencia reside en las distintas velocidades de ejecución. Por eso, hoy el gobierno no convoca a las fuerzas políticas a discutir alternativas. Las llama a que integren los consensos amplios que ese proyecto único necesita, en una etapa en la que las mayorías sociales aceleran su toma de distancia.
El gobierno llama a un Gran Acuerdo Nacional pero sin que sea posible discutir su proyecto de país porque lo considera el único posible. A lo sumo, se habilita la deliberación alrededor de algunos matices para ir instalando una alternativa que garantice la continuidad de estas políticas. El sistema tiene su proyecto en ejecución y busca construir una segunda opción electoral para el caso de que la actual alianza política no pueda sostenerse más allá de diciembre del próximo año.
Pero, mientras convoca a ese Gran Acuerdo Nacional, una multitud se reúne en el Obelisco para rechazar el acuerdo de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y el proceso sostenido de endeudamiento externo, aumento descontrolado de tarifas de los servicios públicos y deterioro de los salarios y las jubilaciones, entre otras medidas.
Es decir: por un lado quedan el gobierno, algunos opositores “razonables” y el FMI en el marco del Gran Acuerdo; por el otro, una multitud de organizaciones políticas, sociales, gremiales y culturales oponiéndose al proyecto único y demandando “la unidad necesaria para construir la Patria que soñamos”.
El ministro Luis Caputo estuvo recientemente en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, que es la cámara de las empresas norteamericanas que operan en nuestro país, y dijo allí dos cosas, entre otras. Primero, que ratificaba el rumbo y que había que convencer a todos que las decisiones tomadas no iban a ser modificadas. Es decir: que las protestas sociales, por más intensas que fueran, no les iban a doblar el brazo. Segundo, que había que trabajar para que, gane quien gane en las próximas elecciones, el rumbo fuera mantenido.
Lo dijo textualmente: “Nosotros tenemos que dar certezas de que independientemente del gobierno que esté los argentinos no vamos a cambiar el camino, nuestras políticas. En este sentido la oposición juega un rol importante, por eso lo mal que cayó la propuesta de retrotraer las tarifas. Por suerte hace dos semanas se votaron leyes muy importantes donde se mostró mayor racionalidad” (los proyectos del mercado de capitales y defensa de la competencia).
Para las corporaciones hay un proyecto único y gobiernos que deben sucederse en su ejecución.
Es la idea del “Gran Acuerdo Nacional”.
Están los titulares y están los suplentes. Está el oficialismo y está la oposición complaciente que se mantiene dispuesta a acompañar, aún con matices, todas las grandes decisiones que este gobierno ha implementado e intenta implementar.
Es decir: Cambiemos pasó de administrar la gradualidad del proyecto a intentar garantizarle al poder económico concentrado su sostenimiento en el tiempo. Representa, en simultáneo, al gobierno y a la promesa de su continuidad más allá de él mismo. Podrían decir: nuestros candidatos son el proyecto, los propios o los que, bajo una apariencia opositora, garanticen su continuidad.
La vuelta al FMI es parte de la estrategia de profundización de las políticas neoliberales que la actual administración está implementando desde que asumió. La historia ya la conocemos. Las condicionalidades del Fondo caerán sobre las espaldas de los sectores del trabajo y la producción, en especial las pequeñas y medianas empresas.
En este marco, el gobierno necesita ese Gran Acuerdo para afrontar las protestas, movilizaciones y resistencias de los afectados por sus políticas. Es un Gran Acuerdo para implementar el ajuste y sostenerlo ante la reacción de los ajustados.
Por eso, la convocatoria es a concertar los recortes presupuestarios que el gobierno necesita para cumplir con las metas que le fija el Fondo Monetario Internacional, soslayando el indispensable tratamiento parlamentario.
Luis Caputo ha dicho: “lo que pedirá el Fondo es lo mismo que implementaríamos desde el gobierno nacional”. Es decir: reconoce que cuando Christine Lagarde o Mauricio Macri afirman que éste es un programa del gobierno y no un programa del Fondo, lo que están diciendo es que este gobierno sin el Fondo haría exactamente lo mismo.
No hay conflicto, no hay un gobierno en problemas y un FMI presionando. Hay un oficialismo que voluntariamente acepta la tutela del Fondo. Y un FMI que fijará el ajuste que la actual administración tendrá que llevar adelante para acceder al stand by de amplio acceso, que es la línea que Argentina está tramitando.
Estos créditos están integrados por cupos que se van liberando en la medida que se cumpla con las metas establecidas. El gobierno, a partir de este acuerdo con el FMI, estaría sujeto a un estricto control trimestral. Paradójicamente, es libre de hacer lo que pactó: es decir, es libre de hacer lo que el Fondo le dice y de lo cual no puede ni quiere desviarse.
Se sabe: el FMI puede aparentar alguna comprensión política, pero tiene objetivos que están por encima de esa compresión política.
Desde que asumió el actual gobierno, el Fondo retomó las revisiones anuales sobre la Argentina, y hay dos memorandos que dejó en el país, uno a fines de 2016 y otro durante 2017. En ambos plantea recomendaciones nada novedosas. Dice, entre otras cosas, que hay que ajustar el déficit fiscal, que hay que achicar el costo del sistema jubilatorio, que hay que desregular la legislación laboral, es decir, dice las cosas que siempre ha dicho.
Sin embargo, se insiste con que tiene un discurso más cuidado y que propone destinar algún presupuesto a los sectores más vulnerables, los más afectados por las políticas de ajuste. Es decir: hay que ajustar por todos lados pero para el último escalón social, allí donde están los pobres estructurales, hay que disponer de algún recurso para que no se mueran de hambre. A eso le llaman la humanización de las políticas del Fondo. Pero no hay tal humanización. Miremos el ejemplo de Grecia: llevan allí ocho años de ajuste y lo único que han logrado es reducir la calidad de vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
La historia nos enseña que los planes de ajuste suelen venir acompañados de mano dura y represión. Algunos comentarios recientes, acerca del uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la “seguridad interior”, nos traen a nuestra memoria postales de una Argentina desgarrada que no queremos volver a vivir.
Mientras el oficialismo llama al Gran Acuerdo Nacional para implementar y sostener el ajuste, una multitud de ajustados se manifiesta en el Obelisco. Son los que no quieren participar de este Gran Acuerdo. Son los que exigen la unidad de las fuerzas opositoras detrás de un programa inclusivo, soberano y democrático.
Un proyecto que defienda y exprese a los ajustados frente al Gran Acuerdo Nacional para el Ajuste.
